El PP de Cádiz traslada a Madrid las críticas a la libertad comercial
El secretario general del Partido Popular de Cádiz y diputado a Cortes, Aurelio Sánchez, se comprometió ayer a trasladar al Gobierno de su partido las quejas recibidas desde la federación provincial de comerciantes de Cádiz (Fedeco) por la reciente aprobación de la ley liberalizadora del comercio, que los minoristas interpretan como un paso hacia el cierre de muchos pequeños establecimientos, como consecuencia de la asfixia económica que sufrirán ante la competencia de las grandes superficies.En el curso de una reciente reunión entre las partes, el presidente de la Fedeco, Antonio Grimaldi, ex...
El secretario general del Partido Popular de Cádiz y diputado a Cortes, Aurelio Sánchez, se comprometió ayer a trasladar al Gobierno de su partido las quejas recibidas desde la federación provincial de comerciantes de Cádiz (Fedeco) por la reciente aprobación de la ley liberalizadora del comercio, que los minoristas interpretan como un paso hacia el cierre de muchos pequeños establecimientos, como consecuencia de la asfixia económica que sufrirán ante la competencia de las grandes superficies.En el curso de una reciente reunión entre las partes, el presidente de la Fedeco, Antonio Grimaldi, expuso al representante del PP "el rechazo del sector a la ley", en una provincia donde se da un alto grado de concentración de grandes superficies.
Por su parte Sánchez explicó que "este pequeño comercio, que está en precaria situación, no podrá modernizarse o renovarse en el plazo dado por la ley". El diputado rechazó las quejas asegurando que "preferimos un mercado libre al actual modelo de mercado cautivo, en el que a cada cual se le impone un horario, que perjudica el negocio" e hizo un llamamiento al pequeño comercio de Cádiz para que "se renueve y modifique su estructura comercial".
El representante del PP -que reconoció haber encontrado "miedo en el sector" y pidió "confianza en el equipo económico del gobierno"-, negó que la nueva ley usurpe competencias de la Junta de Andalucía, como el sábado había denunciado en Cádiz el consejero de gobernación del gobierno autónomo, Alfonso Perales. Sánchez aseguró que el nuevo marco legal será "de obligado cumplimiento para todo el estado español".