Los peritos dicen que es imposible saber si los contratos del 'caso Atlético' son falsos
Los peritos grafistas de la Guardia Civil que han analizado los contratos entre el Ayuntamiento de Marbella y el Atlético de Madrid, de julio de 1991 y julio de 1992, afirman que no se puede saber a ciencia cierta si son auténticos o inventados en 1993 como sostiene el fiscal y la acusación popular. El teniente coronel José de la Uz declaró ayer en el juicio del caso Atlético, en la Audiencia de Málaga, que no existen técnicas analíticas que puedan determinar "la antigüedad del papel o de la tinta". En su opinión, ningún examen en este terreno puede ser concluyente. La Guardia Civil realizó su...
Los peritos grafistas de la Guardia Civil que han analizado los contratos entre el Ayuntamiento de Marbella y el Atlético de Madrid, de julio de 1991 y julio de 1992, afirman que no se puede saber a ciencia cierta si son auténticos o inventados en 1993 como sostiene el fiscal y la acusación popular. El teniente coronel José de la Uz declaró ayer en el juicio del caso Atlético, en la Audiencia de Málaga, que no existen técnicas analíticas que puedan determinar "la antigüedad del papel o de la tinta". En su opinión, ningún examen en este terreno puede ser concluyente. La Guardia Civil realizó su informe a petición del juez Santiago Torres, que instruyó este caso desde octubre de 1998. El teniente coronel explicó que los membretes del papel utilizado sí se corresponden con los de 1991 y 1992 y aventuró su opinión personal de que "es más fácil que los contratos sean de las fechas en que están datados". No obstante, a preguntas del fiscal anticorrupción, Carlos Castresana, admitió que "se pudieron falsear" en 1993 con papel de 1991 y 1992.
El presidente del tribunal, José María Muñoz Caparrós, cortó en numerosas ocasiones las intervenciones de los abogados defensores. Esta actitud del magistrado es nueva en las tres semanas que lleva celebrándose el juicio. Durante la pasada, el fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, envió al servicio de inspección del CGPJ una queja por el comportamiento permisivo que, en su opinión, estaba teniendo el juez con los acusados.