Sintel deja un 'agujero' de 2.900 millones de pesetas a Telefónica
Telefónica, con una deuda de 2.900 millones de pesetas, es el primer acreedor de la empresa de telecomunicaciones Sintel, que suspendió pagos la semana pasada con un pasivo de 24.000 millones de pesetas. El activo presentado es de 32.800 millones. El Juzgado de Primera Instancia número 42 de Madrid ha admitido a trámite el expediente de suspensión de pagos y ha nombrado interventores a Alejandro Latorre y a Gregorio Mingot, y como interventor de los acreedores se ha nombrado a la empresa Fujitsu.
Después de Telefónica, es la Seguridad Social, con 1.300 millones, el segundo acreedor, y e...
Telefónica, con una deuda de 2.900 millones de pesetas, es el primer acreedor de la empresa de telecomunicaciones Sintel, que suspendió pagos la semana pasada con un pasivo de 24.000 millones de pesetas. El activo presentado es de 32.800 millones. El Juzgado de Primera Instancia número 42 de Madrid ha admitido a trámite el expediente de suspensión de pagos y ha nombrado interventores a Alejandro Latorre y a Gregorio Mingot, y como interventor de los acreedores se ha nombrado a la empresa Fujitsu.
Después de Telefónica, es la Seguridad Social, con 1.300 millones, el segundo acreedor, y el Ministerio de Hacienda, con una deuda de 1.200 millones de pesetas, el tercero. En la lista de acredores también figura Sintelar, empresa participada en Argentina, con una deuda de 1.000 millones de pesetas; la italiana Siae, con 908 millones; Inversiones de Telecomunicaciones canarias, con 800 millones, y Mastec Internacional, controlada por la familia cubana de Mas Canosa, con 795 millones de pesetas. Entre las entidades bancarias más afectadas se encuentran el Fortis Bank, con 684 millones de pesetas, y el Banco de Vasconia, con 655 millones. Con Fujitsu tiene contraída una deuda de 600 millones. Asimismo, a los trabajadores de la empresa se les adeuda en concepto de nóminas 430 millones de pesetas. Sintel, un clásico de las telecomunicaciones, presentó la semana pasada suspensión de pagos tras varios meses de dificultades económicas. Sintel, que era propiedad de Telefónica hasta marzo de 1996, fue vendida al empresario cubano Jorge Mas Canosa. Este acuerdo, que generó muchos interrogantes por la forma en la que se cerró y que puso en pie de guerra a los sindicatos, fue el germen de la actual situación, según fuentes sindicales.
Telefónica ha restringido de forma paulatina los pedidos, lo que hizo que Sintel entrara en una profunda crisis que ha dado con sus cuentas en el juzgado. Además, la estrategia de diversificación que adoptó la empresa cuando quedó fuera del manto de Telefónica provocó que los márgenes de beneficios cayeran, y a ello se unieron los problemas de financiación.
Complicar la crisis
Los problemas surgidos en el accionariado han terminado por complicar la crisis. En los últimos meses, el accionariado de Sintel ha vivido cambios importantes que han incidido en la gestión y han provocado una profunda inestabilidad.
El pasado mes de diciembre algunos accionistas intentaron sustituir al consejero delegado, Juan Antonio Casanova, que había comprado el 87% de las acciones a MasTec junto con otros directivos de la empresa y que anteriormente eran propiedad de Mas Canosa. Casanova respondió a este ataque con la búsqueda de nuevos inversores que le apoyaran en su gestión. Fue entonces cuando Dositeo Barreiros, que compró el 13,5% del capital, asumió el cargo de consejero delegado, pero no restableció la paz.
Los sindicatos han iniciado una campaña de movilizaciones con protestas frente a diferentes edificios donde tiene su sede Telefónica. Los sindicatos han anunciado que van a endurecer sus protestas en las próximas semanas. El pasado jueves, tres policías nacionales y tres manifestantes resultaron heridos leves en una concentración -desautorizada por la Delegación del Gobierno en Madrid- de unos trescientos trabajadores de Sintel celebrada frente a la sede del PP, en la calle de Génova. El sábado pasado los trabajadores de Sintel volvieron a concentrarse frente la sede del PP para reivindicar el pago de sus salarios.