La Asamblea aprueba que el Gobierno intervenga en Lavapiés para atajar sus problemas sociales

El Gobierno regional recibió ayer un encargo de la Asamblea: debe "adoptar las medidas necesarias" para "fortalecer la cohesión y la convivencia de Lavapiés", ya que sus vecinos sienten como una "amenaza" la "afluencia de un grupo de inmigrantes que se sitúa en ámbitos de marginalidad y que presenta conductas delictivas". Por ello, la Asamblea, con los únicos votos del PP, aprobó una proposición que exige la creación de una comisión que haga un "diagnóstico social" del "deterioro" del barrio, un programa de intervención social y un proyecto de captación de los "jóvenes que vienen protagonizand...

El Gobierno regional recibió ayer un encargo de la Asamblea: debe "adoptar las medidas necesarias" para "fortalecer la cohesión y la convivencia de Lavapiés", ya que sus vecinos sienten como una "amenaza" la "afluencia de un grupo de inmigrantes que se sitúa en ámbitos de marginalidad y que presenta conductas delictivas". Por ello, la Asamblea, con los únicos votos del PP, aprobó una proposición que exige la creación de una comisión que haga un "diagnóstico social" del "deterioro" del barrio, un programa de intervención social y un proyecto de captación de los "jóvenes que vienen protagonizando actos delictivos".

PSOE e IU tacharon la propuesta del PP de "plan vacío de contenidos" y abogaron por un Plan Global de Integración de Lavapiés que incluyese vigilancia policial "las 24 horas del día", juicios rápidos, rehabilitación de viviendas y programas sociales y educativos especiales para el distrito. "Los vecinos no quieren más palabras", explicó el socialista Francisco Contreras, "quieren realidades, medidas reales que integren a los inmigrantes que han venido a vivir en nuestra ciudad y a perseguir con la ley a los que no están dispuestos a ello".El PSOE defendió, además, que se expulsase de España a los inmigrantes que delinquiesen mediante la aplicación de la nueva Ley de Extranjería. Pero IU se opuso a esta idea, y en la proposición conjunta que ambos grupos consensuaron como respuesta al plan del PP para Lavapiés, este punto fue finalmente eliminado.

La diputada del PP, Silvia Enseñat, rechazó la proposición de la izquierda porque planteaba una serie de medidas en materia de Justicia y Seguridad que "no son competencia de la Comunidad". Enseñat recordó que existe ya un plan plurianual de rehabilitación de viviendas, con 9.500 millones de presupuesto y en el que participan las tres administraciones (central, autonómica y municipal) y un plan social, "aunque es necesario completarlo con otras medidas". Para la diputada de IU, Caridad García, el PP defendió ayer "un plan que es pura imagen y que no cuenta con dotación presupuestaria específica".

Ayuda al sureste

El grupo popular rechazó también una propuesta del PSOE que abogaba por la creación de un plan de choque especial para la comarca del sureste (130.000 habitantes de 28 municipios con una renta inferior a la media regional), informa Ángel Zafra. El diputado socialista Pedro Díez Olazábal recriminó al Gobierno que haya permitido que esta comarca "se haya ido quedando día a día atrás" y que esté "muy por debajo" de los índices de desarrollo de la Comunidad. Díez aseguró que la media de universitarios en el sureste "es muy baja", que existen importantes municipios donde no hay institutos y donde el problema de las comunicaciones es "insufrible".

El consejero de Justicia, Carlos Mayor Oreja, le respondió que los índices de paro en el sureste se han reducido en un 40% en los últimos años, que "se está haciendo un esfuerzo importante en carreteras, sanidad y educación" y que ejecutarán importantes inversiones en la comarca, como el aeropuerto de Campo Real o el futuro parque temático de San Martín de la Vega.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó ayer la adjudicación a las empresas FCC y Dragados de las obras de ampliación de la línea 10 de Metro, desde la futura estación de Puerta de Batán (situada entre Lago y Batán) hasta Alcorcón, para enlazar con el metrosur. Los 8,3 kilómetros del nuevo tramo se han dividido en dos, cada uno adjudicado a una empresa: Ute Necso FCC se encargará, por 11.348 millones y en un plazo de 20 meses, de enlazar Puerta de Batán con Cuatro Vientos; Dragados hará lo propio con el tramo comprendido entre Cuatro Vientos y Alcorcón, en un máximo de 19 meses y a cambio de 13.882 millones.

El presidente, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó que con estas obras culmina la ampliación de Metro para esta legislatura. "En el primer trimestre de 2003 finalizará la unión entre Nuevos Ministerios y Barajas, la ampliación de la línea 10 y la construcción del metrosur", aseguró.