La ausencia de un testigo aplaza el juicio a 5 guardias vinculados a un prostíbulo
El principal testigo de cargo del denominado caso Pipo's, por el que están procesados cinco guardias civiles por favorecer las actividades de un club de alterne de Orihuela, está en paradero desconocido. Ello llevó ayer al tribunal, la sección segunda de la Audiencia de Alicante, a suspender la vista oral. Las defensas pidieron la nulidad del proceso por entender que la prueba de la acusación -una cinta de vídeo- viola los derechos fundamentales de los procesados.
Los procesados por este caso de presunta corrupción son los guardias civiles Fernando Leiva, José Martínez, José Parra, Andr...
El principal testigo de cargo del denominado caso Pipo's, por el que están procesados cinco guardias civiles por favorecer las actividades de un club de alterne de Orihuela, está en paradero desconocido. Ello llevó ayer al tribunal, la sección segunda de la Audiencia de Alicante, a suspender la vista oral. Las defensas pidieron la nulidad del proceso por entender que la prueba de la acusación -una cinta de vídeo- viola los derechos fundamentales de los procesados.
Los procesados por este caso de presunta corrupción son los guardias civiles Fernando Leiva, José Martínez, José Parra, Andrés Guillén y Antonio Román, para quienes el fiscal pide 2 años y cuatro meses de prisión por un delito de cohecho. A ellos se suman dos acusados más, Francisco de Asis Parra (hijo de José Parra) y el dueño del establecimiento, José Vera, a los que el fiscal imputa el mismo delito y solicita idéntica pena de cárcel.Según el relato del ministerio público, los hechos se desarrollaron entre los años 1994 y 1995. Durante esas fechas, los guardias civiles supuestamente recibieron varios regalos del propietario del club, e incluso favores sexuales de las mujeres que trabajaban en local, a cambio de permitir o silenciar las actividades ilicíticas que se producían en el establecimento ( prostitución y proxenetismo, tipificadas como delito en el antiguo Código Penal).
Entre las dádivas que según el fiscal recibieron los procesados, se encuentra una finca rústica valorada en 19 millones de pesetas. La finca era propiedad del dueño del club, que la donó a José Parra, quien, a su vez, la registró a nombre de su hijo Francisco de Asis Parra, según el fiscal.
La trama fue denunciada por Gregorio Roncero, un camarero que trabajaba en el local. El empleado remitió al juzgado de Orihuela, como principal prueba de su acusación, una cinta de vídeo grabada en el local, donde aparecían los guardias civiles procesados en actitudes cariñosas con las mujeres del club de alterne.
Sin embargo, ayer, Roncero no compareció ante el tribunal que tenía que juzgar los hechos. La secretaria de la sala aseguró que se encuentra en paradero desconocido. Dado que su testimonio es de vital importancia para el desenlace del proceso, tanto las defensas como el fiscal solicitaron la suspensión de la vista oral. La petición fue aceptada por el tribunal "hasta que se localice al testigo", puntualizó el presidente de la sala.
Antes de la suspensión del juicio, las defensas de los acusados solicitaron al tribunal la nulidad de todo el proceso, "porque en la obtención de la prueba principal [la cinta de vídeo] se han violado los derechos fundamentales de los acusados, como el de la intimidad, el honor y la imagen", explicó el letrado Antonio Martínez Camacho. "Además, la grabación ha carecido del mínimo control judicial, y se realizó sin autorización de juez alguno", añadió.
Este letrado aseguró, además, que el denunciante actuó "por resentimiento" contra el dueño del club. "Primero intentó extorsionarle pidiéndole 400.000 pesetas por la grabación, y ante su negativa, vendió la cinta por 300.000 pesetas a la revista Interviú", aseguró el abogado.
Sobre la petición de nulidad del proceso, el presidente del tribunal comentó que ese extremo se dilucidará en la sentencia, una vez se celebre el juicio.
Durante la fase de instrucción del sumario, el juzgado encargado llegó a imputar a 42 guardias civiles de las comandancias de Callosa de Segura, Orihuela y Alicante.