Los investigadores del Atlético afirman que el club no está en quiebra y es solvente
"El Atlético no está en situación de quiebra, ni de suspensión de pagos, ni hay peligro de desaparición del club, ni de descenso a Segunda B", aseguraron ayer fuentes de la investigación, en un intento de calmar la intranquilidad de la masa social surgida a causa de la administración judicial. Ayer comparecieron ante el juez los dos auditores de las cuentas del Atlético contra los que se ha querellado la Fiscalía Anticorrupción, y el teniente de alcalde de Marbella, Pedro Román. Los auditores dijeron que hicieron las cuentas "correctamente", según la documentación de que dispusieron.
Fu...
"El Atlético no está en situación de quiebra, ni de suspensión de pagos, ni hay peligro de desaparición del club, ni de descenso a Segunda B", aseguraron ayer fuentes de la investigación, en un intento de calmar la intranquilidad de la masa social surgida a causa de la administración judicial. Ayer comparecieron ante el juez los dos auditores de las cuentas del Atlético contra los que se ha querellado la Fiscalía Anticorrupción, y el teniente de alcalde de Marbella, Pedro Román. Los auditores dijeron que hicieron las cuentas "correctamente", según la documentación de que dispusieron.
Fuentes jurídicas de la investigación del caso Atlético aseguraron ayer que el club tiene liquidez para hacer frente a todos sus compromisos, se encuentra saneado económicamente y los pagos que no se han atendido por instrucciones del administrador judicial se debe a su carácter dudoso y no a la falta de liquidez.Estas fuentes reconocieron que aunque el club estuvo en situación de quiebra técnica en 1992, tal como ayer reconoció en el juzgado su director general, Miguel Ángel Gil Marín, la situación está saneada desde 1997, fecha en la que el club empezó a ingresar los derechos de televisión de los canales de pago.
En su vertiente judicial, ayer comparecieron ante el juez Manuel García-Castellón los auditores de la firma C.G.N. Auditores Pedro de Castro Lapuente y Luis Gonzalo Pérez, acusados por la Fiscalía Anticorrupción de haber colaborado para maquillar la contabilidad del club.
La comparecencia propició el reencuentro de dos viejos conocidos, ya que el abogado que asistió a los auditores, Florentino Ortí, fue hasta hace un par de años el fiscal que acusó a Mario Conde en el caso Banesto, cuya instrucción recayó también sobre el juez García-Castellón. Después de Banesto, Ortí fue fichado por el bufete Garrigues, y ayer actuó como abogado frente al mismo juez ante el que antes acusó como fiscal.
Según fuentes de los asistentes a la declaración, los auditores sostuvieron que sus informes sobre las cuentas del Atlético los realizaron "correctamente" y en los mismos hicieron constar las salvedades que les parecieron oportunas.
El fiscal Carlos Castresana les interrogó sobre las acusaciones contenidas en la querella: A Pablo de Castro se le acusa de no haber puesto de manifiesto que los Gil supuestamente aumentaron el activo del club en 450 millones de pesetas con un contrato antedatado de esponsorización con el Ayuntamiento de Marbella -la publicidad en las camisetas-, con el fin de alcanzar los 1.031 millones del capital social fijado por el Consejo Superior de Deportes. Este auditor, según el fiscal, no habría hecho salvedad alguna en su informe, excepto consignar que el contrato no se lo enseñaron el año anterior.
La querella imputa a Luis Gonzalo, quien se hizo cargo desde 1996 de la auditoría del club, de haber aceptado la revalorización ficticia del estadio Vicente Calderón en 987 millones de pesetas, después de haber advertido la insolvencia al término de esa temporada, con una "situación patrimonial desastrosa" que se reducía a 183 millones de pesetas.
Los auditores aseguraron ante el juez que lo que hicieron constar en las cuentas se basó estrictamente en los contratos y las escrituras que se les mostraron. De Castro explicó que en la auditoría cerrada a 30 de junio de 1992 no se reflejaron las escrituras de prenda suscritas, ni el reconocimiento de deuda del club con Jesús Gil en septiembre de 1991; ni la cesión de derechos que Gil acordó con el vicepresidente Enrique Cerezo en enero de 1992; ni la cesión de capital hecha por Gil y su hijo en junio de 1992 "porque no me entregaron esos documentos hasta pasada esa fecha". De Castro dijo que esos docuementos se incluyeron en la auditoría del ejercicio siguiente e insistió en que hizo constar que algunos contratos, como el celebrado entre el Atlético y el Ayuntamiento de Marbella, se habían suscrito entre partes interrelacionadas.
Respecto a la revalorización del estadio en 987 millones, explicaron, según Efe, que se hizo de acuerdo con un real decreto que establecía los coeficientes de actualización y que, si no estaba aún en vigor en la fecha de la auditoría, "ya se sabía que iba a estarlo en pocos meses".
El teniente de alcalde de Marbella, Pedro Román, pidió al juez que levantase su imputación como supuesto cooperador necesario en un delito de falsedad, que según el fiscal, se habría cometido en la contabilidad del Atlético de Madrid al hacer figurar el contrato de esponsorización de Marbella con el Atlético un año después.
Román subrayó que no tiene nada que ver con el Atlético de Madrid, del que no es gestor ni accionista, y afirmó que los contratos con el Atlético se firmaron en 1991 y 1992 en la fecha que figura en los mismos y que desconoce la razón por la que se contabilizaron un año más tarde, en 1993. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción admitieron que la responsabilidad de Román es "marginal" en este asunto, en comparación con las de otros imputados.
Por otra parte, el Registro Mercantil inscribió ayer a Luis Manuel Rubí como administrador judicial del Atlético de Madrid, una vez subsanadas las deficiencias formales que habían impedido la inscripción, entre ellas algunas omisiones en los datos personales de Luis Manuel Rubí.