El Consejo del Poder Judicial aprecia en el "caso Alcàsser" un funcionamiento anormal de la justicia

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha apreciado en el caso Alcàsser, seguido por el asesinato de tres niñas en 1992, un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, debido al cual la madre de una de las víctimas reclama 100 millones de pesetas, por la desaparición del presunto autor, Antonio Anglés. El pleno del CGPJ aprobó ayer un informe, que remitirá al Ministerio de Justicia, en el que señala que la madre de una de las niñas, Desiré, solicita una indemnización. La reclamante recuerda que la Audiencia Provincial de Valencia condenó en 1997 a Miguel Ricart como autor de...

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha apreciado en el caso Alcàsser, seguido por el asesinato de tres niñas en 1992, un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, debido al cual la madre de una de las víctimas reclama 100 millones de pesetas, por la desaparición del presunto autor, Antonio Anglés. El pleno del CGPJ aprobó ayer un informe, que remitirá al Ministerio de Justicia, en el que señala que la madre de una de las niñas, Desiré, solicita una indemnización. La reclamante recuerda que la Audiencia Provincial de Valencia condenó en 1997 a Miguel Ricart como autor del asesinato y violación de las niñas en una sentencia en la que afirmaba que también intervino como autor otro varón, que la madre de Desiré señala que es Antonio Anglés, aunque no figure como tal en la resolución "por razones de rigor procedimental", indica. Añade la madre de la víctima que éste se encontraba en prisión en 1991 y entre ese año y el siguiente obtuvo dos permisos sin que a la conclusión del último volviera a prisión. Agrega que la orden de búsqueda y captura fue dictada cuando ya habían transcurrido cinco meses y 29 días. Para la madre de Desiré tampoco se desarrollaron las suficientes actuaciones para la detención del preso, puesto que por esas fechas pernoctó en su domicilio y el 13 de noviembre de ese año tuvo lugar el rapto, violación y tortura de su hija. La reclamante estima que el permiso carcelario nunca se le debió conceder a Anglés, dado su perfil delictivo. Por ello, pide como indemnización el importe que señaló la Audiencia en concepto de daños y perjuicios. El CGPJ fundamenta que "existen determinados elementos de anormalidad en la tramitación seguida respecto de la orden de busca y captura de uno de los coautores". El CGPJ aprecia también una demora excesiva en emitir la orden de búsqueda, ya que se libró transcurridos tres meses. Sin embargo, el CGPJ cree que la tramitación del procedimiento fue similar al de otros casos y "no se acredita que existiera una actuación descuidada de la policía en la búsqueda".