Decisión obligada
La insatisfacción con la programación en general y con la política informativa en particular practicada por las radios y televisiones públicas en España, tanto si se trata de las de titularidad autonómica como de las de titularidad estatal, está bastante generalizada. No creo que nadie mínimamente imparcial, es decir, nadie que no sea un forofo del partido en el gobierno, pueda considerar que las radios y televisiones públicas desempeñan su tarea en consonancia con los principios enunciados por el artículo 20 de la Constitución. Obviamente, la responsabilidad de que así sea corresponde a los d...
La insatisfacción con la programación en general y con la política informativa en particular practicada por las radios y televisiones públicas en España, tanto si se trata de las de titularidad autonómica como de las de titularidad estatal, está bastante generalizada. No creo que nadie mínimamente imparcial, es decir, nadie que no sea un forofo del partido en el gobierno, pueda considerar que las radios y televisiones públicas desempeñan su tarea en consonancia con los principios enunciados por el artículo 20 de la Constitución. Obviamente, la responsabilidad de que así sea corresponde a los diferentes partidos que dirigen el Gobierno del que depende la correspondiente radio y televisión. Es decir, al PP y al PSOE en el Estado y en las comunidades autónomas, con la excepción de Cataluña y el País Vasco.
Tengo la impresión de que la situación actual no va a poder mantenerse durante mucho tiempo. En Cataluña, tras los resultados de las últimas elecciones autonómicas, no parece que el Gobierno de CiU vaya a poder mantener el control que ha tenido de la radio y televisión públicas desde su constitución. Además de la propuesta avanzada por el partido socialista en la campaña electoral, está el compromiso adquirido por CiU con Esquerra en el debate de investidura, que debe conducir a cambiar el modelo de gestión de la radio y televisión en Cataluña.
En todo caso, lo que resulta cada vez más claro es la insostenibilidad de la posición de los dos grandes partidos españoles, el PP y el PSOE, que reclaman que el director de la radio y televisión públicas no sea designado por el Gobierno sino por el Parlamento, pero únicamente allí donde ellos no ocupan el Gobierno.
Es verdad que el Gobierno andaluz propone que la decisión se adopte simultáneamente tanto en el Estado como en todas las comunidades autónomas y que el PP propone que la decisión se adopte únicamente en Andalucía y no en el Estado o en las demás comunidades gobernadas por el PP.
Pero el que así sea no justifica la posición del Gobierno andaluz. Si el secretario general del PSOE se ha comprometido en el Congreso de los Diputados a independizar RTVE del Gobierno, en el caso de obtener mayoría parlamentaria, no tiene sentido que una medida de este tipo no se ponga en práctica allí donde el PSOE gobierna.
Andalucía es la única comunidad autónoma gobernada por el PSOE con radio y televisión propias y, en consecuencia, es la única instancia en la que el PSOE puede predicar con el ejemplo.
Creo, en consecuencia, que el Gobierno debería tomar muy en serio la proposición no de ley aprobada por el Parlamento el pasado jueves, a fin de que se modifique la Ley de Creación de la RTVA para que el director de la misma sea nombrado por el Parlamento. Debería haberlo hecho ya, sin necesidad de que se le instara. Lo va a tener que acabar haciendo en cualquier caso.
JAVIER PÉREZ ROYO