En defensa de la escuela popular

La escuela popular La Prospe corre peligro. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada el 28 de septiembre, ha ordenado a sus moradores, el colectivo vecinal del barrio de Prosperidad (Chamartín), que devuelva el local a su propietario, el arzobispado de Madrid. Ahora, las 400 personas que aprenden a leer o que están estudiando el graduado escolar tendrán que buscar un nuevo espacio de formación para concluir sus estudios. Los afectados, que ayer se manifestaron por las calles del barrio, aseguran que repetirán las protestas hasta tener local propio.La escuela popular a...

La escuela popular La Prospe corre peligro. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada el 28 de septiembre, ha ordenado a sus moradores, el colectivo vecinal del barrio de Prosperidad (Chamartín), que devuelva el local a su propietario, el arzobispado de Madrid. Ahora, las 400 personas que aprenden a leer o que están estudiando el graduado escolar tendrán que buscar un nuevo espacio de formación para concluir sus estudios. Los afectados, que ayer se manifestaron por las calles del barrio, aseguran que repetirán las protestas hasta tener local propio.La escuela popular abrió sus aulas hace 26 años en los locales de una iglesia en la calle de Rodríguez Marín. De ahí pasó al antiguo centro de formación de mandos de la Falange Española, en la calle de Mantuano. Tuvo que esperar hasta la llegada de Enrique Tierno al poder municipal para gozar de un local fijo, según recuerdan los vecinos. El regidor socialista les cedió un edificio de unos 1.000 metros cuadrados y con dos plantas en la calle del General Zabala, número 10. El arzobispado lo había arrendado en 1943 al Ayuntamiento capitalino por un alquiler simbólico y por un plazo de 100 años. Con la llegada del PP al consistorio madrileño, se iniciaron los procesos judiciales que ahora han desembocado en la orden de desalojo de la escuela. Ésta sólo se ejecutará si el arzobispado pide al tribunal que se cumpla la sentencia.

Desde su creación, miles de vecinos de Prosperidad han aprendido a leer y escribir en sus aulas. Entre sus actuales 400 alumnos hay inmigrantes que aprenden castellano, minusválidos que reciben cursos de integración o drogodependientes que intentan reinsertarse en la sociedad. Tanto profesores como estudiantes pagan una cuota simbólica mensual de 500 pesetas para sufragar los gastos.

"Lo que no logramos entender es que un sitio que funciona y que es el motor cultural del barrio, con una gestión de los vecinos, se quiera cerrar. Nos sorprende ese rasgo de deshumanización que tienen los políticos", señaló José Ramón, un vecino de Prosperidad que aprendió a leer en la escuela popular. "Lo único que podemos pensar es que hay una intención inmobiliaria para vender el edificio y construir en el solar", explicó Carmen, una alumna que lleva 11 años en la escuela.

La manifestación de ayer contó, además, con otra reivindicación paralela. Los okupas del centro social La Galia, situado en la calle de Malcampo, protestaron, junto con los alumnos y profesores de la escuela, hasta sumar un grupo de 500 personas. Los afectados se quejaban de que les desalojaron el pasado 14 de octubre sin que la policía tuviera orden judicial y que los agentes actuaron "sin contemplaciones".