30 años para ganar al Estado

Gardel se quedaba corto cuando cantaba aquello de que "Veinte años no es nada". Treinta años y tres meses han tenido que esperar a que se haga justicia los comerciantes españoles a los que el Gobierno del general Franco dejó en la bancarrota en junio del 1969, cuando el Consejo de Ministros, reunido el día 6, ordenó el cierre de la frontera de La Línea (Cádiz) con el peñón de Gibraltar. Ahora, el Tribunal Supremo ha resuelto que aquellos comerciantes -en su mayoría relojeros, sastres o vendedores de artículos de regalo- deben ser indemnizados por el efecto "dañoso, individual y efectivo" de la...

Gardel se quedaba corto cuando cantaba aquello de que "Veinte años no es nada". Treinta años y tres meses han tenido que esperar a que se haga justicia los comerciantes españoles a los que el Gobierno del general Franco dejó en la bancarrota en junio del 1969, cuando el Consejo de Ministros, reunido el día 6, ordenó el cierre de la frontera de La Línea (Cádiz) con el peñón de Gibraltar. Ahora, el Tribunal Supremo ha resuelto que aquellos comerciantes -en su mayoría relojeros, sastres o vendedores de artículos de regalo- deben ser indemnizados por el efecto "dañoso, individual y efectivo" de la medida gubernamental, que supuso "la brusca interrupción de sus actividades empresariales". El abogado de La Línea de la Concepción Álvaro Marín García es el artífice de que la justicia restablezca ahora lo que en su día supuso una ruina "por decreto" para muchos pequeños empresarios de La Línea, autorizados mediante salvoconducto a cruzar la verja y atender sus negocios en Gibraltar y regresar cada noche a su domicilio al otro lado.

Marín García, hijo del entonces propietario de una pequeña tienda de comestibles en el Peñón, inició lo que ahora se va convirtiendo en un auténtico rosario de sentencias favorables. Su padre, Antonio Marín Morales, ya fallecido, había reclamado en su día una indemnización por la pérdida de su establecimiento. Aunque no vivió para verlo, el 19 de diciembre de 1997, y actuando como ponente el magistrado-juez Pedro Antonio Mateos García, la justicia española dictaminó que el Estado debía indemnizarle.

A partir de ese día, el abogado emprendió un camino que aún continúa para intentar localizar a todos y cada uno de los comerciantes que aquel 6 de junio de 1969 tuvieron que abandonar sus negocios. El Gobierno les dio sólo 48 horas para cerrar las tiendas, tras cancelar los pases de trabajo para entrar en el Peñón.

Hasta el momento se tiene conocimiento de que fueron unas 40 personas las que presentaron en el año 1970 sus respectivas reclamaciones. Pero tan sólo son 10 las sentencias emitidas por el Supremo al respecto.

"Existen, que sepamos, otros 12 recursos que se están tratando por la vía administrativa, y esperamos que también se fallen de forma favorable en un futuro", señaló ayer el abogado linense, que asegura que cada uno de los recursos presentados se han apoyado en los mismos argumentos en los que se basó el de su padre y que sirvió para sentar jurisprudencia.

"La situación que se produjo en 1969 fue traumática, no sólo para los españoles que tuvieron que abandonar sus negocios o malvenderlos en el Peñón, sino también para los propios ciudadanos gibraltareños, que veían cómo la economía del Peñón se encontraba entonces muy relacionada con la de La Línea", comenta Marín.

El único futuro para muchas de aquellas tiendas de relojes, de regalos, de alimentación o sastrerías, principalmente, fue la desaparición, tal y como apuntó el abogado que ahora lucha contra el Estado a través de estos recursos. "Hubo a quien no le dio tiempo a malvender sus negocios y quedó simplemente en la ruina", afirma.

Marín intenta por todos los medios que los nombres de sus defendidos no salgan a la luz, si ellos no los hacen públicos, debido a las distintas historias que cada una de estas familias tiene tras de sí desde el cierre de la frontera.

El letrado espera ahora que en un plazo no superior a siete meses se ejecuten las últimas sentencias relacionadas con este asunto, que tienen fecha del pasado julio y que han tomado como base indemnizatoria el tamaño del comercio, el número de empleados y el tipo de artículos que vendían.

Las sentencias admiten que el Gobierno, en desarrollo legítimo de las funciones que tiene encomendadas, adoptó una medida de carácter discrecional "que no resulta fiscalizable jurisdiccionalmente", pero ello no es obstáculo para que se pueda determinar una responsabilidad patrimonial del Estado.

En las cinco últimas sentencias del Supremo se condena al Estado a pagar indemnizaciones (ya actualizadas con el IPC) de más de 13 millones de pesetas para el titular de cinco establecimientos en Gibraltar y de 12,6 millones para el titular de otro negocio de comestibles. Además, a otros tres propietarios el Estado deberá pagarles las cantidades de 1.290.075 pesetas, 626.250 y 663.825 pesetas, que, según señalan las respectivas sentencias, deben actualizarse conforme al IPC desde el 1 de junio de 1970.