Tribuna:

Un acuerdo oportuno

El pasado día 3 de marzo subscribíamos, en el marco de la comisión de seguimiento del Acuerdo Valenciano por el Empleo y la Formación de julio de 1996, un nuevo compromiso para revitalizar éste incorporando, en un contexto sin duda diferente al original, nuevas materias que no pueden sustraerse de un diálogo cada vez más necesario entre los agentes sociales, cuyo objetivo final sea más y mejor empleo. La realidad del empleo en nuestra comunidad autónoma muestra, junto a una leve mejoría coyuntural, la permanencia de importantes problemas de fondo que no pueden ser superados ni por cifras posi...

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El pasado día 3 de marzo subscribíamos, en el marco de la comisión de seguimiento del Acuerdo Valenciano por el Empleo y la Formación de julio de 1996, un nuevo compromiso para revitalizar éste incorporando, en un contexto sin duda diferente al original, nuevas materias que no pueden sustraerse de un diálogo cada vez más necesario entre los agentes sociales, cuyo objetivo final sea más y mejor empleo. La realidad del empleo en nuestra comunidad autónoma muestra, junto a una leve mejoría coyuntural, la permanencia de importantes problemas de fondo que no pueden ser superados ni por cifras positivas de crecimiento, ni por la dinámica natural de los mercados. Hace falta debate, consensos, compromisos, responsabilidades, especialmente porque existen colectivos que padecen endémicamente un déficit de derechos, la desesperanza sobre sus posibilidades de mejora o participación en la distribución social. Este acuerdo arranca de un compromiso anterior -el AVEF original- que consideramos plenamente vigente, de la frustración por sus incumplimientos reiterados -por una lectura descomprometida e instrumental de las expresiones de diálogo social- y de la voluntad positiva de ir cubriendo un espacio de negociación necesaria para que los hechos no se nos impongan fatalmente y siguiendo dinámicas de las que nadie es y se sienta responsable. Ante los síntomas de un cambio de ciclo previsible en no muy largo plazo (caída de la tasa de cobertura en la balanza comercial, el impacto de crisis monetarias que sin duda nos afectarán) o la constatación de que la apuesta por el euro no es tampoco un camino fácil, y los países centrales de la Unión siguen manifestando ópticas egocéntricas, gubernamentalistas y no federales), el compromiso público y social es fundamental a todos los niveles. A nuestro juicio, si logramos estabilizar un marco de diálogo comprometedor y de futuro a tres bandas, evitando instrumentalizaciones de muy cortas miras, habremos inaugurado una dimensión tan importante como inexplorada de las relaciones sociales. Diálogo que reclama también que en lo que afecta al País Valenciano seamos capaces de desbrozar criterios de interés común entre empresariado y sindicatos en materia social y laboral. Porque es importante que en este acuerdo se establezca una comisión a nivel confederal para que empresarios y sindicatos debatamos sobre los cambios organizativos, procesos de innovación y condiciones laborales (notablemente la jornada) para ver cómo también en ello situamos el empleo como objetivo central. Acordar un modelo de instrumento público para la gestión de las políticas activas de empleo transferidas, comprometer un desarrollo consensuado de la convergencia de los sistemas de Formación Profesional y un tratamiento técnico adecuado de las cualificaciones en nuestro ámbito, o acciones a corto y medio plazo de orientación preventiva en salud y seguridad laboral, nos parecen pasos importantes en esta línea. Como lo es que, a la vista de los buenos resultados del Tribunal Arbitral, nos comprometamos a darle continuidad y a estudiar la posible ampliación de sus funciones a nuevos tipos de conflictos. Hoy, que son noticia preocupante los resultados de las negociaciones de la Agenda 2000, la reordenación de la PAC o la aplicación de los fondos estructurales comunitarios, queremos que ésta cuente con la participación de los sindicatos no sólo en la diagnosis de los problemas (PDR Plan de Desarrollo Regional), sino y sobre todo a la hora de definir los objetivos, evaluar los proyectos y acciones a aplicar (Programa Operativo). Esto responde al espíritu y la letra de las últimas reformas de los reglamentos de estos fondos y queda también recogido, porque debe ser un interés compartido, en el acuerdo de 3 de marzo. Las acciones directas de incentivación del empleo para determinados colectivos y en mejores condiciones; o afrontar la problemática de precariedad real en el sector público, con compromisos concretos y evaluables, son igualmente medidas positivas. Este acuerdo no es un elemento aislado de otros que le son complementarios. De alcance general o derivado de compromisos anteriores a nivel autonómico. Creemos que es oportuno, tiene contenido y avanza participación de agentes sociales responsables, no de pequeñas parcelas, sino de la dinámica general que nos afecta a todos. Por ello también hay que ser consciente de que siendo importante desde el punto de vista del empleo y del diálogo social, pero teniendo una proyección mayor, hay que cuidarlo: se puede quebrar si las diferencias que mantenemos sobre estas materias, especialmente sobre el grueso de políticas sociales, sobre contribución, provisión y desarrollo de unos servicios públicos de calidad se van haciendo más y más abismales, en las propuestas, los modelos o las actitudes que sobre ellos mantenga cada parte. Creo que todo ello corresponde decirlo después de haber apurado el esfuerzo de la negociación y de haber asumido la responsabilidad del acuerdo. Desde la actitud constructiva de quien formula propuestas, las defiende y es capaz de arriesgarse a pactarlas, porque las valora positivamente. Lo contrario es el simplismo cómodo de quien se establece en posiciones sin matices.

Joan Sifre es secretario general de CS-CCOO del País Valenciano.

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