El fiscal pide cárcel para los amos de la azufrera de Tarragona por contaminar
Los tres hermanos propietarios de la Azufrera Pallarès de Tarragona y el encargado de ésta se sentaron ayer en el banquillo acusados de un delito continuado contra el medio ambiente y otro de riesgos. El fiscal pide para ellos un total de 15 años de prisión y una multa de 37 millones de pesetas. La acusación particular, que representa a varias asociaciones de vecinos, pide penas de 24 años de cárcel y 39 millones de multa. El fiscal considera que la Azufrera Pallarès, situada en la parte baja de Tarragona, en medio de varios núcleos habitados, vertió a la atmósfera elevados índices de dióxido...
Los tres hermanos propietarios de la Azufrera Pallarès de Tarragona y el encargado de ésta se sentaron ayer en el banquillo acusados de un delito continuado contra el medio ambiente y otro de riesgos. El fiscal pide para ellos un total de 15 años de prisión y una multa de 37 millones de pesetas. La acusación particular, que representa a varias asociaciones de vecinos, pide penas de 24 años de cárcel y 39 millones de multa. El fiscal considera que la Azufrera Pallarès, situada en la parte baja de Tarragona, en medio de varios núcleos habitados, vertió a la atmósfera elevados índices de dióxido de azufre, compuesto altamente contaminante, que provocaron molestias respiratorias a los vecinos de la zona durante años. Además, la empresa almacenó 3.000 toneladas de azufre en polvo sin ninguna medida de protección medioambiental. En la sesión de ayer de la vista oral, sólo pudieron declarar los propietarios de la factoría, Juan, Ramón y Pedro Pallarès, quienes negaron los hechos. Los tres señalaron que el proceso judicial es un montaje del Ayuntamiento de Tarragona para evitar el pago de una cuantiosa indemnización económica por el traslado de la azufrera a otra ciudad y para mantener la hegemonía política de CiU. La Azufrera Pallarès y el consistorio tarraconense están inmersos en un proceso judicial para cuantificar el coste del traslado de estas instalaciones fuera de Tarragona. Los propietarios lo cifran en 600 millones y el Ayuntamiento en 214. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, contra la cual se ha recurrido ante el Supremo, reconoce a los hermanos Pallarès el derecho a cobrar de indemnizaciones sólo en el caso de que la fábrica no sea contaminante, de ahí que los dueños argumenten que son víctimas de una maquinación política. A su juicio, y según sus declaraciones ante el tribunal, el Ayuntamiento manipuló a los vecinos de los barrios de El Serrallo y Torres Jordi (unas 7.500 personas) para que denunciasen a la azufrera ante el juez. El tono usado por los hermanos en sus respuestas les valió reprimendas y llamadas al orden del presidente del tribunal.