Una funcionaria de la Audiencia Nacional dejó libres a diez 'narcos' tras falsificar la firma de la juez

Una funcionaria interina de la Audiencia Nacional, Susana G. M., ingresó el pasado miércoles en la prisión de Soto del Real (Madrid) acusada de haber puesto en libertad a diez presuntos narcotraficantes a lo largo de 1998 por el procedimiento de falsificar las firmas de la juez Teresa Palacios y del secretario judicial. El caso fue descubierto por la Fiscalía Antidroga y, tras unas primeras pesquisas de la magistrada, ha pasado al Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid."Tuve una macabra idea de hacerlo, una locura que me dio por haber recibido amenazas y presiones de narcotraficantes", di...

Una funcionaria interina de la Audiencia Nacional, Susana G. M., ingresó el pasado miércoles en la prisión de Soto del Real (Madrid) acusada de haber puesto en libertad a diez presuntos narcotraficantes a lo largo de 1998 por el procedimiento de falsificar las firmas de la juez Teresa Palacios y del secretario judicial. El caso fue descubierto por la Fiscalía Antidroga y, tras unas primeras pesquisas de la magistrada, ha pasado al Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid."Tuve una macabra idea de hacerlo, una locura que me dio por haber recibido amenazas y presiones de narcotraficantes", dijo la funcionaria ante la juez Palacios y agregó que ya lo había hecho alguna otra vez.

La juez Teresa Palacios remitió el caso al juzgado de guardia de los de Madrid y ante su titular, Pedro Antonio Domínguez, la funcionaria, Susana G. M., ratificó su confesión. La funcionaria interina, de 24 años, reconoció que había hecho lo mismo en alguna ocasión anterior.Aunque todavía no se ha determinado con exactitud, la funcionaria ha podido poner en libertad a diez narcos, uno británico y los restantes españoles y turcos, todos ellos presos preventivos implicados en dos o tres causas que tramita el Juzgado Central de Instrucción número 3. Todos los afectados por estos hechos continúan en libertad, aunque tanto la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como el juzgado han decretado su búsqueda y captura.

Además, la juez Palacios ha ordenado que se investiguen todos los sumarios en los que haya podido intervenir la citada funcionaria.

El juez Pedro Antonio Domínguez, que ha iniciado un proceso por delitos de falsificación de documento público y cohecho, tomó ayer declaración como testigo a la abogada Pilar de Tomás, defensora de José Luis Rodríguez, uno de los narcotraficantes puestos fraudulentamente en libertad y cuya captura ha sido ordenada nuevamente.

La letrada manifestó a este periódico: "No voy a comentar nada hasta que pase el día 5 de febrero por delicadeza con el juez que está instruyendo el asunto".

Quejas

En los próximos días se producirán nuevos testimonios. Al mismo tiempo, y ante la posibilidad de que la funcionaria pueda estar trastornada por problemas que padecía últimamente, se ha solicitado una prueba pericial psiquiátrica para ella.El caso fue descubierto cuando, tras la conclusión de uno de los sumarios, el 4/98 del Central número 3, y ser elevado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, uno de los abogados personados se quejó ante el fiscal antidroga Daniel Campos de que sus clientes seguían presos mientras que Rodríguez, detenido en febrero de 1998 y al que se habían incautado 9,5 kilos de heroína en su domicilio, había sido puesto en libertad. El fiscal replicó que no era posible, que Rodríguez estaba en prisión, concretamente en la de Valdemoro (Madrid), pues así lo había solicitado él y acordado la juez.

El fiscal consultó el rollo de Sala, pero el sumario estaba traspapelado entre el juzgado y la Sala, por lo que preguntó a Instituciones Penitenciarias por el paradero del narco. Prisiones contestó que Rodríguez había sido puesto en libertad como consecuencia de una orden del juzgado y el fiscal decidió denunciar los hechos.

La juez Palacios inició entonces una investigación interna en el juzgado que culminó con la confesión de la funcionaria en cuestión.

La mujer había sacado del ordenador un modelo tipo de las órdenes de libertad que la magistrada había dictado en otros procesos y había falsificado su firma y la del secretario judicial. En otro caso se limitó a cambiar el nombre del imputado. Después había remitido por fax las correspondientes órdenes de libertad a las prisiones en las que estaban los narcotraficantes.

En el caso de Rodríguez, incluso le había fijado una fianza que el presunto narco había llegado a constituir.

Por el momento, en la causa no consta que la funcionaria haya percibido alguna retribución de los narcotraficantes afectados o de sus letrados por conseguirles la puesta en libertad, aunque el juez Domínguez investiga también esa posibilidad.