La policía detiene en Madrid a otro de los presos fugados de Alcalá-Meco
La policía consiguió ayer echarle el guante tras casi un mes de búsqueda a Raúl G.S., de 17 años, uno de los tres presos que el pasado 12 de diciembre consiguieron fugarse de la prisión madrileña de Alcalá-Meco. La huida de Raúl y de sus compinches se produjo entre un escándalo de alarmas que saltaban y eran apagadas sin hacerles caso por los guardias civiles de servicio. Raúl G.S. fue localizado a las seis de la mañana de ayer en el interior de la casa de sus padres en el poblado de La Rosilla, en Madrid.
Raúl fue sorprendido y esposado mientras dormía, sin que le diera tiempo a ofrece...
La policía consiguió ayer echarle el guante tras casi un mes de búsqueda a Raúl G.S., de 17 años, uno de los tres presos que el pasado 12 de diciembre consiguieron fugarse de la prisión madrileña de Alcalá-Meco. La huida de Raúl y de sus compinches se produjo entre un escándalo de alarmas que saltaban y eran apagadas sin hacerles caso por los guardias civiles de servicio. Raúl G.S. fue localizado a las seis de la mañana de ayer en el interior de la casa de sus padres en el poblado de La Rosilla, en Madrid.
Raúl fue sorprendido y esposado mientras dormía, sin que le diera tiempo a ofrecer resistencia. Los agentes que practicaron la detención, adscritos a la comisaría de La Latina, en el centro de la capital, consiguieron localizar también el automóvil con el que presuntamente el detenido cometió varios tirones durante el tiempo que permaneció fugado. Según fuentes policiales, el coche fue localizado cerca del domicilio paterno de Raúl G. S., en el poblado de La Rosilla, rebautizado popularmente como el supermercado de la droga. La policía trata ahora de establecer una relación entre el detenido y varios de los tirones cometidos en los últimos días en los distritos de Latina, Carabanchel y Usera.
Junto a Raúl se fugaron Sebastián Utrera Fernández, de 20 años y capturado el 22 de diciembre, y un tercer preso, José María Muñoz Jiménez, no localizado hasta el momento. La hazaña dio mucho que hablar, más por demérito de los funcionarios que por la habilidad de los reclusos para esquivar los mecanismos de seguridad de la prisión, que funcionaron en todo momento. Los tres presos fugados, todos ellos con antecedentes por delitos contra la salud pública y la propiedad, residían antes de ingresar en la cárcel en los poblados marginales de La Celsa y La Rosilla, donde precisamente fueron vistos horas después de su huida, para la que utilizaron el vehículo de un guardia civil que robaron en el aparcamiento de la cárcel.
Durante las horas anteriores a la fuga de los presos, las alarmas de la prisión de Alcalá-Meco saltaron más de 90 veces, motivo por el que los guardias civiles encargados de la vigilancia del recinto penitenciario no dieron especial importancia cuando volvió a activarse hacia las 18.30 horas, momento en el que los tres reclusos iniciaron su fuga.
La huida de los presos supuso la suspensión inmediata de sus funciones de dos guardias civiles y cuatro funcionarios de la prisión por su presunta responsabilidad en ella.
Ayer se supo que el inspector designado por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para realizar el informe sobre la fuga de los tres reclusos tomará declaración a Raul G.S. De hecho, el otro fugado que ya fue detenido, Sebastián Utrera, también fue interrogado por el citado inspector, informaron a Europa Press en fuentes penitenciarias.
Según estas fuentes, el objetivo de tomar declaración a los reclusos que ahora han vuelto a ser detenidos es completar toda la información sobre la fuga y contrastar las distintas versiones.
En cualquier caso, Instituciones Penitenciarias ya ha concluido la primera fase de la información que había encargado para aclarar todas las circunstancias de la fuga, concluyendo que existe una presunta "responsabilidad disciplinaria" de los funcionarios.
El objetivo de esa investigación era establecer las causas por las que los presos pudieron huir, con independiencia de la responsabilidad de la Guardia Civil, que es la encargada del control de la alambrada y de la vigilancia perimetral. El director de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, también ordenó suspender a los guardias de servicio e iniciar un expediente.