Chicago contra las fábricas de armas

Los caminos de la ley son misteriosos en Estados Unidos. Al Capone, recuérdese, no fue encarcelado como jefe de la Mafia en Chicago y responsable de decenas de asesinatos, sino como evasor de impuestos. Ahora, en la misma ciudad, el alcalde demócrata Richard Daley ha emprendido una curiosa vía para poner coto a la delincuencia local: ha presentado una querella contra 38 fabricantes, distribuidores y minoristas de pistolas, revólveres, rifles y metralletas. Les pide 433 millones de dólares (unos 60.000 millones de pesetas) en concepto de responsabilidad civil por los gastos que ocasiona la ...

Los caminos de la ley son misteriosos en Estados Unidos. Al Capone, recuérdese, no fue encarcelado como jefe de la Mafia en Chicago y responsable de decenas de asesinatos, sino como evasor de impuestos. Ahora, en la misma ciudad, el alcalde demócrata Richard Daley ha emprendido una curiosa vía para poner coto a la delincuencia local: ha presentado una querella contra 38 fabricantes, distribuidores y minoristas de pistolas, revólveres, rifles y metralletas. Les pide 433 millones de dólares (unos 60.000 millones de pesetas) en concepto de responsabilidad civil por los gastos que ocasiona la tenencia ilícita de armas a la policía, los bomberos y los hospitales públicos. "Si el único lenguaje que entiende esa industria es el del dinero, vamos a emplearlo para hacerle comprender que no tiene mercado en Chicago", dice Daley.Esta acción contra la industria armamentística no es la primera. Nueva Orleans sentó precedente hace dos semanas, pero esgrimiendo distintos motivos. La ciudad de Luisiana se querelló contra los fabricantes de armas de fuego por ofrecer productos peligrosos para la salud pública al no incorporarles suficientes mecanismos de seguridad que impidan su disparo accidental. En los próximos meses, Filadelfia, Los Ángeles y San Francisco emprenderán acciones judiciales inspiradas en uno u otro modelo. Esta novedad en materia de lucha contra la violencia en las ciudades norteamericanas es gemela del ya veterano movimiento que decenas de Estados han emprendido contra la compañías tabacaleras.

El Ayuntamiento de Chicago acusa a los fabricantes y distribuidores de armas de fuego de hacer la vista gorda ante la venta ilegal de sus productos en la ciudad, especialmente en sus suburbios. Es una acusación bien cimentada. En los últimos tres meses, decenas de agentes de la policía de Chicago recorrieron los comercios del ramo presentándose como compradores. Y en general no tuvieron el menor problema para adquirir lo que quisieran pese a no presentar ningún tipo de documento legal ni permiso de armas; sólo dinero. En muchos casos, los policías se hicieron pasar abiertamente por pandilleros de barrio, miembros de bandas de motoristas, esbirros de la mafia o mercenarios internacionales.

El jueves, Daley anunció la presentación de la querella contra 22 fabricantes, 4 distribuidores y 12 tiendas mientras se exhibían 171 fusiles y metralletas compradas en los últimos tres meses por los agentes. El arsenal es suficiente para poner en fuga a la mejor fuerza policial del mundo y forzar toda una intervención del Ejército. Chicago lleva décadas luchando contra la leyenda de ciudad violenta. De hecho, tiene las ordenanzas municipales más estrictas de EE UU en lo relativo a tenencia de armas por particulares. Pero la mercancía sigue fluyendo, como lo demuestra el que en los últimos 10 años la policía local haya confiscado y destruido 178.000 armas de fuego.

"Los fabricantes y vendedores de armas", dijo Daley, "saben que están haciéndoles llegar sus productos más mortíferos a los delincuentes de Chicago, pero optan por hacer la vista gorda para proseguir con el negocio". La industria se defiende recordando que la segunda enmienda de la Constitución norteamericana garantiza el derecho de los particulares a tener armas y usarlas para su legítima defensa. "Estamos vendiendo un producto legal y no vemos ninguna razón para que Chicago u otras ciudades se querellen contra nosotros", dice Georgia Nichols, presidente del American Shooting Sports Council, una de las grandes cadenas de venta de armas de fuego.

Los particulares ya se habían anticipado al movimiento emprendido ahora por los ayuntamientos. En enero se celebrará en el tribunal federal de Brooklyn (Nueva York) la vista oral de un juicio que sentará en el banquillo a medio centenar de fabricantes de armas denunciados por una asociación de víctimas de la violencia. El argumento es semejante al planteado por el Ayuntamiento de Chicago: los fabricantes son culpables de irresponsabilidad criminal por despreocuparse del modo en que sus productos son distribuidos y vendidos.

Capone tuvo que responder de la falta de pago de sus impuestos. Ahora, el cigarrillo y la pistola también se enfrentan en EE UU a un desafío legal muy amenazador para sus intereses. A falta de poder para prohibir su producción y venta, particulares y autoridades quieren que los fabricantes paguen sumas millonarias por los daños sociales que causan.