El Ayuntamiento de Marbella se querella contra la directora general de Urbanismo por prevaricación

El Ayuntamiento de Marbella presentará mañana martes una querella por prevaricación contra la directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta, Josefina Cruz. Será un paso más en la encarnizada pugna que mantienen Jesús Gil y la Junta sobre la peculiar forma de urbanizar del alcalde marbelli. El resultado hasta ahora es que todos los juzgados de Marbella se reparten denuncias contra Gil y sus concejales por conceder licencias de obras en zonas públicas o autorizar excesos de edificabilidad contrarios al vigente PGOU. Para los abogados de Gil todas ellas son "puro humo". E...

El Ayuntamiento de Marbella presentará mañana martes una querella por prevaricación contra la directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta, Josefina Cruz. Será un paso más en la encarnizada pugna que mantienen Jesús Gil y la Junta sobre la peculiar forma de urbanizar del alcalde marbelli. El resultado hasta ahora es que todos los juzgados de Marbella se reparten denuncias contra Gil y sus concejales por conceder licencias de obras en zonas públicas o autorizar excesos de edificabilidad contrarios al vigente PGOU. Para los abogados de Gil todas ellas son "puro humo". El balance de denuncia hasta ahora se resume en el cuadro que encabeza esta información.

La Junta solicitó la impugnación de 40 licencias de obras concedidas por Gil por vulnerar el vigente PGOU ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y prepara en estos días otras 15 de impugnaciones por la vía de lo Contencioso-administrativo. La actuación de la Delegación de Obras Públicas, que se produjo por la presión de colectivos sociales, fue denunciada por no emprender el camino por la vía penal. Un juzgado ya tramita una querella por omisión del deber de la denuncia contra el delegado de Obras Públicas en Málaga, Carlos Morales, promovida por los ecologistas de Aedenat. El delegado de la Junta reconoce que las sentencias de las denuncias presentadas por su departamento no se producirán hasta dentro de dos o tres años y teme que "lleguen demasiado tarde". En tanto, el Ayuntamiento sigue concediendo licencias de obras y los particulares y colectivos denunciándolas. "Cada día llegan más", dice Morales. Sierra admitió que el paso del tiempo favorece al Ayuntamiento ante la imposibilidad de que dentro de 10 años -con las sentencias definitivas- se pueda ejecutar una hipotética orden de demolición de las obras ilegales. Su tesis es que el municipio no tiene plan vigente porque no fue publicada su aprobación y su texto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Las denuncias y querellas se basan en la vigencia de ese plan que para el Ayuntamiento no existe. Esta tesitura llevará al GIL a presentar hoy una querella por prevaricación contra Josefina Cruz por "ocultar maliciosamente al juez esta situación", cuando el juzgado le requirió la documentación sobre Marbella. Mientras tanto, los primeros autos que dictan los jueces tienen interpretaciones opuestas. Así, el auto sobre la autoaprobación de la revisión del PGOU por parte de Gil, en el que el juez reconoce la competencia del Ayuntamiento para conceder licencias de obras, sin entrar en su legalidad o no, es entendido por el gobierno local como la ratificación de todos los permisos. O la negativa del TSJA a la suspensión cautelar de 15 obras, solicitadas por la Junta, es presentada por el Ayuntamiento como el reconocimiento de la legalidad de la revisión del PGOU. "No somos unos facinerosos, como nos presentan los medios de comunicación, y los juzgados nos dan la razón", afirma Sierra. Para Morales, sin embargo, estas decisiones del TSJA responden a la doctrina del Tribunal Constitucional de no acordar la paralización "hasta tener certeza de la ilegalidad". El delegado de Obras Públicas entiende que el Contencioso es el único camino que puede emprender su administración y que la vía penal queda para colectivos y partidos políticos. Edificio de 13 plantas Y es por esta vía, la penal, que se consiguió la única paralización de una obra. La acusación popular, una comunidad de vecinos y el PSOE, denunció un presunto delito contra la ordenación del territorio por levantar un edificio de 13 plantas, donde el PGOU sólo permite tres, y ocupar una zona verde. El juez Santiago Torres, que dictó la suspensión, investiga también la publicidad del Ayuntamiento en las camisetas del Atlético de Madrid de Jesús Gil, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. El alcalde ha recusado al magistrado por enemistad manifiesta y pidió protección al fiscal general del Estado en lo que considera un linchamiento personal con denuncias falsas. Gil, que no interviene en las comisiones de gobierno que autorizan las licencias denunciadas, está imputado en cuatro querellas contra la ordenación del territorio, que afectan a una treintena de obras, cantidad que superaría las 50 de admitirse su responsabilidad en otras denuncias que hasta ahora sólo afecta a sus ediles. A estas causas se suman otras cuatro que tienen orígenes diferentes. La Fiscalía Anticorrupción investiga, además, la venta de locales comerciales en la avenida Ricardo Soriano, que compró el Ayuntamiento por 500 millones y que el PSOE sostiene que dos meses antes fueron adquiridos por una sociedad de Gil por 292 millones. El contrato de instalación de una estatua rusa en Puerto Banús es también tema de los juzgados, así como el derribo de la sede de UGT. Para Sierra las imputaciones a Gil no tienen "ninguna posibilidad" de prosperar, "sería como pedir la extradición de Isabel II".