Belloch asegura que Aznar y Arzalluz pactaron traspasar a Euskadi la política penitenciaria

El dirigente socialista Juan Alberto Belloch aseguró ayer que José María Aznar y Xabier Arzalluz han pactado secretamente la cesión de la competencia penitenciaria al Gobierno vasco. Esta cesión supondría que el Ejecutivo autónomo, que presumiblemente encabezará el PNV tras las elecciones del 25-O, sería el responsable de gestionar la política penitenciaria, una pieza clave en la negociación con ETA si la tregua indefinida cristaliza en un cese definitivo de las armas. El Gobierno del PP negó ayer que tenga intención de ceder esta competencia al Ejecutivo vasco.

El pasado martes, el...

El dirigente socialista Juan Alberto Belloch aseguró ayer que José María Aznar y Xabier Arzalluz han pactado secretamente la cesión de la competencia penitenciaria al Gobierno vasco. Esta cesión supondría que el Ejecutivo autónomo, que presumiblemente encabezará el PNV tras las elecciones del 25-O, sería el responsable de gestionar la política penitenciaria, una pieza clave en la negociación con ETA si la tregua indefinida cristaliza en un cese definitivo de las armas. El Gobierno del PP negó ayer que tenga intención de ceder esta competencia al Ejecutivo vasco.

El pasado martes, el secretario de Comunicación del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, manifestó al ministro del Interior, Jaime Mayor, su temor a la existencia de un pacto secreto entre Aznar y Arzalluz para ceder la competencia penitenciaria al Gobierno vasco que, con el previo traslado de los 535 presos etarras a cárceles de Euskadi, supondrá dejar en manos de los nacionalistas vascos la principal carta negociadora del Gobierno central con ETA. El ministro negó tajantemente a Pérez Rubalcaba que el Gobierno tuviera esa pretensión.Sin embargo, el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, reiteró ayer los temores socialistas sobre la existencia de ese pacto. Belloch adelantó también que el PSOE se opondrá a la cesión de la competencia penitenciaria a un Gobierno vasco encabezado por los nacionalistas, porque supondría dejar inerme al Ejecutivo central en la negociación con ETA, cuya pieza básica son los 535 presos de la banda. Con un traslado paulatino de los presos etarras a las prisiones vascas y con una política penitenciaria transferida al Gobierno vasco, éste podría decidir sobre los pases a tercer grado de los reclusos y otras medidas de reinserción social, y dejaría al Ejecutivo central sin capacidad de maniobra.

Actualmente, sólo Cataluña, entre las 17 comunidades autónomas, dispone de la competencia penitenciaria. El Gobierno vasco había rechazado hasta ahora reiteradamente esta "patata caliente" que recoge el punto 14 del artículo 10 del Estatuto de Gernika. Dicho artículo otorga competencia exclusiva al Gobierno autónomo en "organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria".

El actual consejero de Justicia, Sabin Intxaurraga, de Eusko Alkartasuna (EA), ha expresado que si continúa al frente de esta cartera, su primera reclamación será precisamente la política penitenciaria. Intxaurraga cree prioritaria "la modernización de las cárceles y la gestión de la política penitenciaria por parte del Gobierno vasco". Fuentes de la Consejería de Justicia ratificaron ayer estas declaraciones y aseguraron que las tres prisiones vascas -Nanclares de Oca, Basauri y Martutene-, con sus reformas correspondientes, pueden ser suficientes para dar cabida a los 535 reclusos etarras dispersos por las prisiones españolas. Las mismas fuentes añadieron que las prisiones vascas acogen a numerosos presos de la Unión Europea en cumplimiento de los Acuerdos de Schengen.

El PSOE se opone a la transferencia de esta competencia, pese a su justificación estatutaria, porque la principal baza de negociación del Gobierno central con la banda terrorista, ante un alto el fuego definitivo, son sus presos, ya que no está dispuesto a realizar concesiones políticas a ETA, según recoge el Documento de Mérida, aprobado el martes por los tres presidentes autonómicos socialistas -Manuel Chaves, de Andalucía; José Bono, de Castilla-La Mancha, y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, de Extrema-dura- y avalado al día siguiente por la ejecutiva del partido.

Actualmente hay 1.110 internos en las cárceles vascas: 273 en Basauri (Vizcaya); 248 en Martutene (Guipúzcoa) y 589 en Nanclares de Oca (Álava), según fuentes penitenciarias. Del total de 1.110 reclusos que hay en Euskadi, 84 están condenados por su pertenencia o relación con ETA.

El Parlamento de Vitoria anunció en octubre de 1996 un plan de acercamiento de los presos de origen vasco, condenados por todo tipo de delitos, en función de las plazas libres que pudiera haber en 19 prisiones situadas en un radio de 300 kilómetros de Euskadi. Los parlamentarios acordaron entonces solicitar un listado con las plazas ocupadas por reclusos extranjeros.