Condena de 13 años para tres policías que dieron una brutal paliza a un detenido
La brutal paliza que recibió el 10 de junio de 1995 un inmigrante dominicano en los calabozos de la comisaría de policía de Fuenlabrada (fue pateado y azotado con una correa hasta la saciedad) ya tiene veredicto judicial. Los autores del maltrato -el inspector de policía Andrés Sanz Merino y los agentes Rigoberto Pérez Vega y Miguel García Gordo- han sido condenados por la Audiencia Provincial de Madrid a un total de 13 años y seis meses de cárcel por las "graves lesiones" que infligieron al inmigrante dominicano Antonio Florentino Ayala, de 25 años.Las penas impuestas -cinco años de prisión p...
La brutal paliza que recibió el 10 de junio de 1995 un inmigrante dominicano en los calabozos de la comisaría de policía de Fuenlabrada (fue pateado y azotado con una correa hasta la saciedad) ya tiene veredicto judicial. Los autores del maltrato -el inspector de policía Andrés Sanz Merino y los agentes Rigoberto Pérez Vega y Miguel García Gordo- han sido condenados por la Audiencia Provincial de Madrid a un total de 13 años y seis meses de cárcel por las "graves lesiones" que infligieron al inmigrante dominicano Antonio Florentino Ayala, de 25 años.Las penas impuestas -cinco años de prisión para Rigoberto Pérez, otros cinco para Miguel García y tres años y seis meses para el inspector Pedro Sanz- suponen el inmediato ingreso en prisión de los tres condenados, salvo que recurran la sentencia.
El relato de los hechos que el tribunal, la Sección Segunda de la Audiencia madrileña, declara probados es estremecedor. El inmigrante, tras la descomunal paliza, pasó 18 días hospitalizado, y hubo que operarle con urgencia de una perforación que sufrió en su intestino como consecuencia de los golpes que le propinaron los agentes en el calabozo.
En la tarde del 10 de junio de 1995, el vecino de Fuenlabrada Antonio Ayala mantuvo, delante de algunos vecinos de su barrio, "una fuerte discusión con su novia". Varios agentes de la policía local, alertados por los vecinos, acudieron al lugar y redujeron a Ayala, que mostró resistencia. Le subieron en un vehículo patrulla y le llevaron a la comisaría, donde quedó detenido y sin que nadie le quitase las esposas.
En la comisaría se hallaban en ese momento (eran las 18.30) el inspector Sanz, de 58 años, y los guardias Miguel García, de 41, y Rigoberto Pérez, de 49. Minutos después de quedar detenido, los dos últimos agentes citados entraron en el calabozo y dijeron a la víctima que se quitase los pantalones, que le iban a cachear. Al negarse la víctima, Rigoberto Pérez le mostró la mano y le preguntó: "¿Te acuerdas de un hombre al que mordiste en un dedo?". A continuación, y sin más, los dos guardias "comenzaron a darle bofetadas y puñetazos", y "le golpearon la cabeza contra la pared". La víctima, aturdida, cayó al suelo, lo que aprovecharon para quitarle las esposas, los pantalones y el citurón, con el que le azotaron mientras le daban patadas en el estómago.
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Agravantes
Un inspector vio la paliza y "se fue sin hacer nada", dice la sentencia
En el juicio, celebrado hace tres semanas en la Audiencia, los agentes encausados alegaron que tuvieron que agredirle para evitar "que se autolesionase". "Fue peor", ironiza el tribunal, "el remedio que la enfermedad". Pues "recibió una fuerte paliza a base de puñetazos, patadas y golpes de cinturón que le provocaron la perforación de su intestino delgado".Un policía local de los que le llevaron detenido a la comisaría confesó en el juicio que vio cómo dos compañeros del Cuerpo Nacional reducían "a base de golpes" a la víctima una vez en el calabozo. El inspector no agredió directamente al inmigrante, aunque, como jefe en ese momento de la comisaría de Fuenlabrada, tenía la obligación "de velar por la integridad física del detenido", y, lógicamente, debió evitar que le agrediesen. Al no hacerlo, actuó "como cooperador necesario" en las lesiones, le recuerda el tribunal, que preside la magistrada Carmen Compaired.
Los tres policías, a los que el tribunal ha aplicado el agravantes de abuso de superidad, deberán indemnizar al inmigrante dominicano, de forma solidaria, con un millón y medio de pesetas. Si se declaran insolventes, deberá hacerlo por ellos el Estado como responsable civil subsidiario.