El fiscal pide 4 años de cárcel para un notario, por falsificar un poder
Un notario de Madrid, Manuel R. G., tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial, junto con otras 11 personas deI sector inmobiliario, por falsificar un poder con el que se cometió un fraude fiscal superior a los 300 millones de pesetas. El fiscal pide cuatro años de cárcel para este fedatario público, que tiene antecedentes por delitos de apropiación indebida (seis años de cárcel) e imprudencia (cuatro meses). El juicio se celebrará en la Sección H de la Audiencia.
La presunta trama financiera ideada por los acusados para defraudar al fisco y enriquece...
Un notario de Madrid, Manuel R. G., tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial, junto con otras 11 personas deI sector inmobiliario, por falsificar un poder con el que se cometió un fraude fiscal superior a los 300 millones de pesetas. El fiscal pide cuatro años de cárcel para este fedatario público, que tiene antecedentes por delitos de apropiación indebida (seis años de cárcel) e imprudencia (cuatro meses). El juicio se celebrará en la Sección H de la Audiencia.
La presunta trama financiera ideada por los acusados para defraudar al fisco y enriquecerse ilícitamente es compleja, según la describe el fiscal en su escrito de acusación. A grandes rasgos, consistió en la compraventa de terrenos a través de empresas interpuestas con la finalidad de eludir el pago de las plusvalías generadas por los terrenos y el impuesto de sociedades. El notario Manuel R., quien, según el fiscal, mantiene abierto su despacho en la calle de Diego de León, redactó un falso poder mediante el que una persona, Tomás de la Presa, autorizaba a otras tres a efectuar en su nombre compraventas de terrenos. De la Presa (que nada tiene que ver con esta causa, aunque era amigo de algunos acusados) ignoraba la utilización de su nombre en esas operaciones. El falso poder notarial fue emitido a favor de los acusados Mariano R., Rafael M. y Antonio C.Con este falso poder, redactado y validado por el notario, los acusados citados contactaron con responsables de empresas inmobiliarias radicadas en Madrid (Pryconsa, Mundocis, Yucatres, Daganzo ... ) y ejecutaron seis fraudulentas operaciones de compraventa de terrenos que implicaron un fraude superior a los 300 millones de pesetas.
El fiscal describe así una de las operaciones que se atribuyen a estas personas: "El 30 de mayo de 1989, Mundocis (perteneciente al grupo Pryconsa) vendió a De la Presa, sin que éste supiese nada, un solar situado en el barrio de Fuencarral por el precio de 180 millones de pesetas. Ese mismo día, los acusados, utilizando el falso poder notarial, vendieron la misma parcela a la empresa Cogeín (también del grupo Pryconsa) por 713 millones. Esto permitió a Mundocis ahorrarse 64 millones de pesetas en concepto de IVA y otros 11 millones del impuesto de sociedades, según el escrito del fiscal.
"Irregularidades"
Otra de las operaciones presuntamente irregulares que describe el fiscal sucedió así: el 19 de mayo de 1989, la inmobiliaria Zafiro vendió a Tomás de la Presa -falsamente representado por el acusado Rafael M.- una parcela de terreno situada en la localidad de Aldea del Fresno. En la escritura pública se hizo constar un precio de 56 millones de pesetas. Ese mismo día, Rafael M. compró por 28 millones a la inmobiliaria Olimpo un terreno en Fuencarral. Y también ese mismo día, Rafael M. -el falso apoderado de De la Presa- vendió las dos fincas antes citadas a la sociedad Manoteras, pero por un precio de 718 millones de pesetas.
Las dos sociedades citadas, Manoteras y Olimpo, pertenecían al grupo Pryconsa. Es decir, empresas dirigidas por una misma persona efectúan operaciones entre ellas, de tal forma que las obligaciones tributarias que surgen de esas operaciones se cargan sobre la empresa menos solvente. Al ser una empresa poco o nada solvente, para Hacienda resulta muy difícil conseguir que le abone los preceptivos impuestos. No fue éste el caso de Mundocis, que al ver que Hacienda le seguía los pasos y que había denunciado el caso ante los tribunales, regularizó, fuera de plazo, su situación fiscal. Otras empresas de esta trama también hicieron lo mismo.
Los otros acusados en esta causa son José Luis C. (presidente de Pryconsa), Ángel H. (consejero de Mundocis), Patricio C. (gerente de Daganzo) y los directivos de Yucatres Francisco P., José Ignacio O., Juan Pedro M. y Manuel R.