La Administracion, salvacion y amenaza de la cultura

Resulta en la Europa continental que lo correcto es ir a favor de la libre empresa en todos los ámbitos menos en la cuItura. Ahí se impone la idea francesa del proteccionismo, que se presentó bajo el nombre de la excepción cultural. La cultura sería, y es, un bien de primera necesidad, como la sanidad la enseñanza o las obras públicas (pero no como el pan o los automóviles), a cuyo frente deben estar los responsables políticos de turno. A lo sumo, siguiendo el modelo sueco o, de otro modo, el alemán, en los que se inspiró de lejos el llorado Fabià Puig server, la cultura debe ser un bien públi...

Resulta en la Europa continental que lo correcto es ir a favor de la libre empresa en todos los ámbitos menos en la cuItura. Ahí se impone la idea francesa del proteccionismo, que se presentó bajo el nombre de la excepción cultural. La cultura sería, y es, un bien de primera necesidad, como la sanidad la enseñanza o las obras públicas (pero no como el pan o los automóviles), a cuyo frente deben estar los responsables políticos de turno. A lo sumo, siguiendo el modelo sueco o, de otro modo, el alemán, en los que se inspiró de lejos el llorado Fabià Puig server, la cultura debe ser un bien público controlado por los propios agentes culturales y no por los responsables políticos, que se deberían limitar a la aprobación de los presupuestos correspondientes sin meterse en cuestiones sobre las que no tienen ni deben tener opinión formada. Si no ando mal documentado, el productor de los grandes filmes de Bergman, o de las películas danesas nominadas al Oscar en tiempos más cercanos, es el Estado (lo reporto como argumento cedido a los que discrepen de mis tesis). Estamos, pues, a punto de consagrar un modelo europeo de producción cultural que se caracteriza, frente al anglosajón, por una dependencia mucho mayor del sector público. Incluso el poderoso sector del libro germano dejaría de lucir su asombrosa fuerza si el 30% de la producción editorial -el 30%- no fuera adquirido con cargo a partidas incluidas en los presupuestos de las distintas administraciones. ¿Es o no conveniente este modelo para la vida cultural? ¿Qué beneficios y qué riesgos entraña?No es nada difícil esbozar una clasificación de los sectores de la cultura atendiendo a su mayor o menor dependencia del erario público. Creo que, a los propósitos de estas líneas, basta con una división a grandes rasgos en cuatro grupos: 1) En un extremo, el patrimonio histórico, gestionado en su totalidad por funcionarios: museos, yacimientos arqueológicos, fondos bibliográficos y documentales (aunque no todos los alcaldes parecen haberse enterado, la vigente Ley de Bases de Régimen Local especifica incluso, y no sin acierto, que el servicio público bibliotecario es una responsabilidad municipal). 2) Vienen después los sectores del patrimonio renovable, sometidos a completa financiación pública, pero en cuya vida intervienen los artistas -funcionarios o no- como elementos primordiales: grandes formaciones orquestales, los coros profesionales, los ballets y los teatros nacionales, la ópera. 3) A continuación, los sectores privados con fuerte dependencia pública: teatro y danza de iniciativa privada, cine. 4) Por último, o por el principio, según de qué lado se mire, las galerías de arte, las editoras de libros y las empresas fonográficas, únicos sectores en Europa con ciertas garantías de supervivencia si de pronto fueran borradas de los presupuestos públicos -lacordura no lo quiera- todas as partidas destinadas a la cultura.

Demos por sentado que, por el momento, 1 y 4 no van a variar en lo sustancial. El debate se centra pues en 2 (público con intervención de artistas creadores) y 3 (privado, pero con fuerte dependencia pública) o, mejor dicho, en los límites entre 2 y 3. Pocos serían capaces de proponer la necesidad de privatización de la ópera de La Bastilla y menos imaginarían la nacionalización de las empresas editoriales. La cuestión no es esa. La cuestión es si los responsables políticos deben trabajar en dirección 2, 3, 4, o, por el contrario, el refugio para el mantenimiento de la cultura como componente esencial de nuestras sociedades exige seguir con la disponibilidad actual a reducir el grupo 3 en beneficio del 2. En el primer caso, la excepción cultural debería ser permanente; en el segundo, transitoria. En el segundo caso se impone revisar, a escala continental, los fundamentos de unas políticas culturales que, a cambio de mantener en la nómina pública, directa o indirecta, a legiones de profesionales de la cultura, disminuyen año tras año la competitividad de la cultura europea frente a la norteamericana. ¿Cómo, por poner de una vez el dedo en la llaga, se va a incrementar la competitividad de las industrias culturales continentales si las producciones del teatro y el cine están pagadas sólo con interesar a cantidades irrisorias de público cuando no -es el caso de mucho teatro público- pierden más cuanta más audiencia congregan?

Mi tesis es la siguiente: la confusión -fomentada por los que de ella se benefician- sobre la dependencia de los distintos sectores de la cultura en relación a las administraciones públicas corre el riesgo de acabar con la iniciativa privada en sectores estratégicos para las distintas identidades culturales europeas, a beneficio de la invasión americana de la que pretenden defenderse. Ello no significa que sea prudente abrazar, sin más, el librecambismo cultural. Al contrario, mientras haya sectores en los que las industrias culturales europeas sean incapaces de competir, los esfuerzos de las políticas públicas deben ir encaminados a incrementar su competitividad, no su dependencia de las ayudas públicas.

El sector público debe, pues, poner, en toda Europa, coto inmediato a su presencia en las actividades del grupo 2 cuando ésta es susceptible de pauperizar al grupo 3. Por el contrario, ésta debe mantenerse cuando redunda en beneficio del grupo 3. Al mismo tiempo, deben de revisarse las políticas activas de fomento de las industrias culturales, premiar la exportación derivada de la competitividad y fomentar la inversión y el riesgo económico. Algunas sencillas normas, como las que, a título indicativo, se relacionan, incidirían en este cambio de orientación: 1) En ningún caso, los profesionales y los artistas de los grupos 2 y 3 deben resultar mejor pagados cuando trabajan para el sector público. 2) En ningún caso la ausencia de riesgo económico debe de resultar más atractiva que su presencia. 3) Los responsables de los equipamientos y formaciones públicas -museos, orquestas, teatros, etcétera- deben contar con un grado mucho mayor de autonomía respecto de los dirigentes políticos, al tiempo que asumen una proporción creciente de recursos no públicos para cubrir sus presupuestos. Sus propias retribuciones deberían de estar ligadas a la consecución de estos objetivos. 4) El mecenazgo cuyo beneficiario sea el sector público debería de estar menos compensado fiscalmente que el destinado a las iniciativas privadas. 5) Deben aprobarse de inmediato medidas desgravatorias para inversiones de riesgo en producciones culturales de los sectores con un tejido débil.

Sin una fuerte presencia de la Administración en los grupos 2 y 3 la cultura se vendría abajo. Sin un cambio radical de orientación en beneficio de la competitividad y la iniciativa privada, sectores enteros de la cultura se funcionarizarán y dejarán de ser competitivos. La libertad puede pasar por las catedrales, pero nunca se queda a vivir en ellas.

Xavier Bru de Sala es escritor y periodista.