"El Gobierno privatiza las empresas públicas para que se apropien de ellas sus amigos"

Joaquín Almunia, bilbaino 49 años, fue elegido secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) el 22 de junio pasado. Fue, con 34 años, el ministro más joven del PSOE. Tras encargarse de Trabajo, asumió la cartera de Administraciones Públicas. Ahora lleva todo el pesó del partido y parece aceptar la carga con una tranquilidad que sorprende.Pregunta. El último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la situación política contiene datos interesantes. Por ejemplo, que usted, un recién llegado, ha sido valorado igual que Felipe González y cuatro décimas...

Joaquín Almunia, bilbaino 49 años, fue elegido secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) el 22 de junio pasado. Fue, con 34 años, el ministro más joven del PSOE. Tras encargarse de Trabajo, asumió la cartera de Administraciones Públicas. Ahora lleva todo el pesó del partido y parece aceptar la carga con una tranquilidad que sorprende.Pregunta. El último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la situación política contiene datos interesantes. Por ejemplo, que usted, un recién llegado, ha sido valorado igual que Felipe González y cuatro décimas mejor que el propio presidente Aznar.

Respuesta. Lo de igualar a Felipe me llena de orgullo y satisfacción. Lo de superar a Aznar me alegra.

P. De la misma encuesta se desprende que la valoración general de los españoles sobre la situación política es buena. Ante esa opinión mayoritaria, ¿qué va a ofrecer el PSOE para ganar al PP?

R. En esa tranquilidad de la gente, en esa serenidad con que se contempla la marcha de la vida pública, en ese grado de entendimiento de que las cuestiones económicas van bien, nosotros también hemos colaborado; nos sentimos parte activa en el logro de esa serenidad en la vida pública, que ha superado la crispación y la tensión introducidas por el Partido Popular en los últimos años en los que no soportaba seguir en la oposición y quería llegar al Gobierno por los medios que fuera. Nosotros, ni entonces alentamos esa situación -fuimos víctimas de ella- ni ahora estamos dispuestos a colaborar a que se produzca.

P. Y ante los buenos datos económicos, ¿tiene el PSOE algo distinto que ofrecer?

R. Una cosa muy importante: repartir bien los beneficios de esa buena situación económica, cosa que no está sucediendo. El Gobierno está desaprovechando, despilfarrando una buena situación económica, ayudando y beneficiando a unos pocos y dejando sin parte de los beneficios a una mayoría. El presidente Aznar utiliza la tijera con una mano y da regalos con la otra. Tenemos el ejemplo de las pensiones. En el momento en que se nos insiste en la maravillosa situación económica que atravesamos, en el momento en el que se nos anuncia que la privatización parcial de una empresa pública como Endesa ya a reportar a las arcas públicas antes de fin de año unos 800.000 millones de pesetas, en ese momento se está negando a los pensionistas una mejora de su situación en 300 o 400 pesetas al mes, o se ha negado a los maestros en este año de 1997 un aumento de 2.500 o 3.000 pesetas en su salario. Se está repartiendo mal una buena situación económica. Ésa es la diferencia entre. la derecha y la izquierda Con la derecha, la economía está creciendo, pero las desigualdades también. Con el PSOE, crecía la economía al mismo tiempo que la igualdad.

P. Estamos en puertas de discutir los Presupuestos para 1998 ¿Qué va a hacer el Partido Socialista?

R. Primero hay que conocer el proyecto de Presupuestos que el Gobierno envíe al Parlamento. No vamos a tener ningún empacho en reconocer que hay puntos de coincidencia entre las líneas que seguiría el PSOE y las que marque el PP; aunque sería mejor decirlo al revés: es el PP el que sigue ahora las líneas marcadas por el PSOE, muy especialmente en las decisiones a adoptar para sumarnos a la moneda única. El déficit público se puede y se debe reducir. Pero sin aumentar las desigualdades sociales. Las medidas en materia de impuestos que ha adoptado el Gobierno en 1996 y en el Presupuesto de 1997 han sido medidas injustas con las rentas más bajas y favorables a las rentas más altas, y me temo que esto puede suceder de nuevo en 1998.

P. Parece que ustedes hacen mucho hincapié este otoño en el tema educativo.

R. Hasta ahora la educación ha sido la gran olvidada de las políticas del Gobierno, que se ha desentendido de aportar voluntad política, imaginación, esfuerzo para garantizar en España una educación, una enseñanza de calidad. Está siendo incapaz de desarrollar una reforma de las enseñanzas medias, de acabar una reforma que nosotros habíamos iniciado, sin tampoco proponer una alternativa con un modelo educativo distinto pero que persiga una enseñanza de calidad. Ese olvido, ese desprecio por la educación, se demuestra en muchas cosas, pero también en la incapacidad de aportar recursos suficientes para garantizar esa enseñanza de calidad, y se lo están diciendo no sólo los socialistas, las Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE, sino que se lo están diciendo sus propias Comunidades Autónomas y sus propios aliados parlamentarios.

P. ¿La sanidad será otro punto de conflicto presupuestario?

R. José María Aznar se presentó en el debate de investidura hace más de un año, en mayo del 96, anunciando una preocupación prioritaria por las reformas de la sanidad, que todavía no han llegado. Ahora el Gobierno se ve pillado, José María Aznar le tiene que ofrecer a Jordi Pujol un acuerdo en materia de financiación sanitaria para que apoye los Presupuestos del próximo año. Pero en esa reforma de la financiación sanitaria, que implica más recursos financieros, tienen que estar presentes no sólo Aznar y sus aliados parlamentarios, sino todas las Comunidades Autónomas, entre otras la Junta de Andalucía, que es la comunidad que gestiona el mayor presupuesto sanitario después del Insalud. Por tanto, yo estoy convencido de que de aquí al debate presupuestario de este otoño vamos a tener un acuerdo sobre financiación sanitaria y que el Gobierno hará lo que tenga que hacer para buscar recursos que permitan financiar ese nuevo mecanismo de financiación sanitaria.

P. ¿Y de dónde va a sacar el Gobierno ese dinero para cubrir esas necesidades?

R. He leído -no sé si al final será un nuevo globo sonda- que Hacienda está pensando en no compensar el aumento de los precios a la hora de decidir la tarifa del IRPF. Efectivamente, puede conseguir más ingresos, básicamente de los asalariados, pero con eso incumplirán de manera flagrante dos compromisos electorales del PP. Primero, la promesa de bajar el IRPF, que siempre lo anuncian para el año siguiente pero nunca lo hacen, y segundo, que nunca dejarían de compensar en la tarifa del impuesto del IRPF la devolución de la inflación, para que en la práctica no se produjera una mayor presión fiscal.

P. Una de las preocupaciones del PSOE durante este año es el nuevo sistema de financiación autonómica.

R. A estas alturas, un año después de su diseño, de su envío al Parlamento, es difíil creer que exista un modelo de financiación autonómica. Existe un acuerdo del PP con sus aliados parlamentarios, pero un año después nadie ha hecho uso de la capacidad normativa. Por tanto, el Gobierno actuó de manera irreflexiva, de manera improvisada, rompiendo la unidad tributaría del impuesto de la renta sin que nadie realmente le estuviese pidiendo tal actuación. Un año después, no sabemos cuánto cuesta el modelo ni cómo distribuye sus recursos ese modelo. Para colmo, el principal artífice del pacto con el PP para construir un nuevo sistema de financiación, que fue CiU, le está idiendo al Gobierno un cambio radical en la financiación autonómica. Se lo ha anunciado ya en los últimos meses y lo han reiterado en estas últimas semanas, como aperitivo para el debate presupuestario, Aquí, el único elemento de la financiación autonómica que ha quedado fijado para los próximos cinco años es el cupo vasco. En todo lo demás nos movemos en una absoluta confusión, en una absoluta desorientación del Gobierno y en un clima extraordinariamente más negativo que hace un año, porque ahora no sólo no tenemos un modelo que sí tuvimos hasta el 31 de diciembre de 1996, sino que el grado de recelos y de agravios comparativos que se han creado entre unas comunidades y otras es extraordinariamente preocupante. En política autonómica, el Gobierno ha iniciado un meteórico viaje a lo desconocido.

P. Otro de sus puntos claros de fricción con el PP se produce en el ámbito de la justicia.

R. Por un lado, hay problemas de funcionamiento en la justicia que debemos resolver, que deberíamos ser capaces de resolver, con un acuerdo. Pero hay algunos requisitos que, a mi modo de ver, son indispensables para poder buscar ese común acuerdo, y uno de ellos, sin duda, es que desde todas las fuerzas políticas debemos demostrar un riguroso respeto a las decisiones de las funciones judiciales. A mí me ha escandalizado ver en estos días al portavoz del Partido Popular en materia de justicia, e incluso al portavoz parlamentario del Partido Popular, ponerse al lado de Julio Anguita cuando éste insultaba y calumniaba nada menos que a un presidente de Sala del Tribunal Supremo. Me parece que es impensable que el partido del Gobierno se sitúe al lado de quienes no estén respetando las reglas del juego de un Estado democrático de Derecho. Hay, además, otro elemento imprescindible para cualquier acuerdo: debe haber una renuncia expresa de todo partido político a politizar la justicia de una forma u otra, y eso incluye la renuncia a personarse en sumarios de instrucción de causas penales para tratar -desde un partido político- de condicionar la marcha de la justicia.

P. ¿Qué siente el secretario general del PSOE al comenzar el juicio del caso Filesa?

R. Mucho respeto por el Tribunal Supremo, que está juzgando el caso Filesa y va a acabar de juzgar el caso Filesa. Y a la vez, una gran indignación por la hipocresía de la que está dando muestras el Partido Popular. El PP es el partido de los casos Naseiro, Burgos, Zamora, del caso Cañellas, Hormaechea, de tantos otros escándalos en materia de financiación. El señor Lacalle, responsable del Partido Popular en Cataluña, se permitió el lujo de decir en público hace poco tiempo, hace unos tres meses, que era normal eso de que un responsable político del PP como él fuera pasando "el platillo", y nadie del PP se ha escandalizado de esa manifestación del señor Lacalle. Vamos a discutir en otoño sobre financiación de partidos, a iniciativa de muchos grupos parlamentarios... No hay muchas discrepancias ya entre unos y otros sobre lo que debe decir la próxima legislación de partidos, cosa que es un hecho muy positivo. Lo que sí hay que exigir -y lo que exijo a mi partido se lo exijo a los demás- es que cumplamos a rajatabla la ley, la actual y la futura. Yo le garantizo que en el Partido Socialista Obrero Español yo me he encontrado -y quien me suceda se va a encontrar- con una financiación absolutamente escrupulosa y acorde con lo que dice la ley.

P. ¿Qué piensa el Partido Socialista en cuanto a la actuación del Gobierno en torno a los medios de comunicación?

R. El Gobierno se emplea a fondo en controlar y manipular los medios de comunicación que están directamente bajo su dependencia, los medios de comunicación públicos, y en el manoseo de los telediarios de la una, de la dos y me temo que de la tres.

P. ¿Cuál es la tres?

R. Usted mismo lo sabe. La que tiene el 3 en el nombre. ¿Pero qué hace el Gobierno con los medios de comunicación que no son públicos? Pues hace dos cosas: a unos los compra a través de sus amigos o los trata de controlar y condicionar. A los que no puede ni comprar ni controlar los persigue o los amenaza. Y lo hace conculcando, a nuestro modo de ver, los principios y las normas constitucionales -ya hemos llevado ante el Tribunal Constitucional alguna de sus decisiones-, y lo hace conculcando y violando la legislación europea, que también hay que cumplir en España, como es el caso de la ley de televisión digital aprobada por el Parlamento español. Lo que no reconocían antes del verano ahora ya empiezan a reconocerlo, y es que, y vuelvo de nuevo a ese ejemplo, había incumplido de manera flagrante las normas comunitarias. Lo que yo les pido es que la corrijan cuanto antes, mediante un decreto-ley, para tratar de evitar que la Comisión Europea, a mediados de este mes, se vea obligada a llevar a España ante la Corte Europea.

P. Ustedes apostaron claramente por una política de privatizaciones. ¿Qué opina de cómo ha continuado el PP ese camino?

R. Al final del siglo XX seria estúpido que un partido político estuviese en contra por principio de privatizar. Ése es un debate, una reflexión, de hace cincuenta años; ahora casi nadie tiene reparos o escrúpulos en conjugar el verbo privatizar. Lo que sucede es que no todas las privatizaciones son igual de positivas, ni todas se hacen con los mismos procedimientos, ni todas tienen lugar en un entorno homogéneo. En materia de telecomunicaciones, privatizar la empresa gestora del monopolio de teléfonos, Telefónica -cosa que ha sucedido con este Gobierno-, no significa que desde el Gobierno, desde el Parlamento, se deba dejar de regular el derecho de todos los ciudadanos para recibir servicios, para recibirlos en buenas condiciones y a que no existan abusos por parte de la empresa que gestiona los teléfonos. Pero este Gobierno confunde la privatización con la jungla, con el caos, con la ausencia de toda regulación en una serie de servicios. Y no sólo privatiza y desregula, sino que no confía, no apoya, no cree en los organismos que ya existen en la Administración para vigilar el correcto funcionamiento de los servicios, especialmente una vez que desaparece la presencia del Estado en las empresas que los prestan. El Gobierno confunde la privatización con la apropiación de las empresas. Y lo que está ocurriendo es que el Gobierno privatiza las empresas públicas para que se las apropien sus amigos. Y las empresas no se privatizan para que se las queden los amigos del señor presidente del Gobierno; las empresas se privatizan cuando hay que privatizarlas porque eso beneficia a la economía, permite el impulso de los sectores económicos en los que funcionan esas empresas y permite que haya entrada de capital privado que aporta tecnologías.

P. ¿Cómo van las relaciones con Izquierda Unida?

R. Hemos tenido ya una reunión desde mi elección como secretario general para marcar las líneas del diálogo. Sabemos que nos vamos a encontrar con discrepancias muy importantes y profundas en materia europea, en materia de política de seguridad o en política económica. Tenemos otras discrepancias políticas que a mí me gustaría que pudiesen ser superadas mediante una reconsideración de la línea que ha venido siguiendo IU en los últimos tiempos. Julio Anguita ha sido mucho más una muleta para el PP que un compañero de oposición para el PSOE frente al Gobierno de Aznar.

P. Haga su calendario político.

R. Hay una fecha cierta, que son las elecciones gallegas, el 19 de octubre. Estoy convencido de que la derecha no va a seguir gobernando en Galicia después de las elecciones. Como me decía hace pocos días Abel Caballero, el ciclo de la derecha en Galicia iba más adelantado que el de la derecha en España. Allí ganaron antes las elecciones y las van a perder antes, con un año o dos de diferencia. Después vendrán las elecciones vascas, en primavera, y vamos a ver qué pasa. Lo que me gustaría es que, con ocasión de la coalición que surja después de las elecciones en el País Vasco, no se quiebre la unidad de las fuerzas políticas democráticas en la lucha contra el terrorismo. En todo caso, ni las elecciones gallegas ni las vascas hasta ahora han tenido grandes repercusiones en la política nacional. En cambio, las elecciones catalanas, que se sitúan en el horizonte del otoño del 98 o a principios del 99 -en todo caso antes de las municipales y autonómicas de 1999-, sí son elecciones que han tenido y van a tener repercusiones en la política nacional. Imagínese por un momento una cosa posible y no sólo deseable, sino probable, y es que el PSC gane por primer vez desde el ano 80 las autonómicas y gobierne en Cataluña. Eso sin duda supone cambios importantes de la política nacional también, dado el papel que viene representando CiU, que marca ahora la actual mayoría parlamentaria.

P. ¿La convocatoria de elecciones catalanas influiría en el apoyo de Pujol a Aznar?

R. Ésa es una buena pregunta para el señor Pujol. Digamos que lo que sí puede suponer -hablo en hipótesis-, igual que sucedió en el año 95, es que la inminencia de unas elecciones autonómicas en Cataluña le haga a Pujol y a Convergència alejarse de los apoyos que vienen prestando al Gobierno central. Es pura hipótesis.

P. ¿La euforia que puede desatar la entrada de España en el Sistema Monetario Europeo alteraría el calendario?

R. No. Yo creo que el Gobierno, en algún momento, ha manejado esa hipótesis. Ahora me parece que Aznar cuenta con una legislatura más larga, entre otras cosas porque los estudios de opinión le dicen que, si se disolviesen ahora las Cámaras, perdería las elecciones. En su estrategia de hace un año a lo mejor aspiraban a tener hoy sondeos del CIS encima de la mesa que les diesen una mayoría absoluta. Pero lo que les da, cocinas aparte, es que nosotros vamos delante.