El fiscal anticorrupción recurre al Supremo contra la absolución de Cañellas

La Fiscalía Anticorrupción interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia absolutoria dictada por la sala balear que juzgó el caso Sóller. Según confirmó ayer el fiscal Juan Carrau, el recurso se presentará por los dos delitos -prevaricación continuada y cohecho- de los que fueron absueltos los cuatro acusados; el ex presidente del Gobierno balear Gabriel Cañellas, entre ellos.

El PP de Baleares negó ayer que la absolución del ex líder conservador vaya a propiciar "un regreso de éste a la actividad política, ni la paralización del proceso de renovación i...

La Fiscalía Anticorrupción interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia absolutoria dictada por la sala balear que juzgó el caso Sóller. Según confirmó ayer el fiscal Juan Carrau, el recurso se presentará por los dos delitos -prevaricación continuada y cohecho- de los que fueron absueltos los cuatro acusados; el ex presidente del Gobierno balear Gabriel Cañellas, entre ellos.

El PP de Baleares negó ayer que la absolución del ex líder conservador vaya a propiciar "un regreso de éste a la actividad política, ni la paralización del proceso de renovación interna del partido o un homenaje de desagravio", según declaró a la cadena SER el secretario general del PP, Carlos Ripoll.El Tribunal Superior de Justicia de Baleares absolvió del delito de prevaricación a Cañellas, al ex consejero de la Función Pública José Antonio Berastáin y al empresario Antoni Cuart. A los dos primeros, en cambio, les consideró culpables de un cohecho, pero les aplicó el beneficio de la prescripción. También fue absuelto de un delito de prevaricación el ex consejero de Obras Públicas Jeroni Saiz.

El ministerio fiscal trasladará a la fiscalía del Supremo un escrito, coordinado por el equipo especial anticorrupción, para informarle de la validez de los argumentos jurídicos en que se basa para defender la interposición del recurso.

"Intentaremos demostrar que el pago [50 millones de pesetas que el promotor de la obra, Antoni Cuart, hizo efectivos a Caflellas] alteró la decisión final sobre el ganador del concurso para construir el túnel de Sóller, es decir, que existió un delito de prevaricación", dijo Carrau. Y añadió: "Los magistrados, a nuestro entender, hicieron una mala interpretación de las pruebas documentales incorporadas a la causa, con lo cual se produjo una infracción a la ley". El fiscal señaló asimismo: "Al menos uno de los documentos [que no quiso detallar] exhibidos durante el juicio demuestra que también existió el delito de cohecho".

A la acción del ministerio público se unirá la de la acusación particular en el caso Sóller, ejercida por Izquierda Unida, que también presentará un recurso ante el Tribunal Supremo por la absolución de los acusados. El abogado de IU Jaime Bueno insistió en que "ambos delitos están conectados ya que no puede existir un cohecho si previamente no hay prevaricación".

El fiscal y la acusación particular deben formalizar sus respectivos recursos antes del próximo viernes. La sentencia absolutoria ha desatado una gran polémica en los círculos políticos de las islas y las interpretaciones del fallo son múltiples.

El líder de Izquierda Unida Eberhard Grosske calificó de "delincuente?' a Cañellas y exigió su dimisión como presidente del grupo parlamentario popular.

Los actuales integrantes del Ejecutivo balear -la mayoría de ellos designados directa o indirectamente por Cañellas-guardan un discreto silencio, mientras que los allegados del ex presidente exigen su "rehabilitación pública" y su regreso a las actividades oficiales del partido.