Ortiz Úrculo aplaza la decisión sobre el traslado de Aranda y no descarta dar marcha atrás

El fiscal general del Estado, Juan Ortíz Úrculo, decidió ayer aplazar la decisión sobre el traslado del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, tras no haber logrado el respaldo del Consejo Fiscal a su propuesta de remoción. Úrculo reconoció ante los periodistas que "todas las posibilidades están abiertas", incluso la de que la remoción de Aranda no se produzca finalmente, aunque dejó claro que la decisión final sobre el futuro del fiscal jefe de la Audiencia Nacional le corresponde en exclusiva, ya que la resolución del Consejo Fiscal no es vinculante

En un comunicado emitid...

El fiscal general del Estado, Juan Ortíz Úrculo, decidió ayer aplazar la decisión sobre el traslado del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, tras no haber logrado el respaldo del Consejo Fiscal a su propuesta de remoción. Úrculo reconoció ante los periodistas que "todas las posibilidades están abiertas", incluso la de que la remoción de Aranda no se produzca finalmente, aunque dejó claro que la decisión final sobre el futuro del fiscal jefe de la Audiencia Nacional le corresponde en exclusiva, ya que la resolución del Consejo Fiscal no es vinculante

En un comunicado emitido a última hora de la tarde de ayer, Órtiz Úrculo señaló que "tras oír las opiniones de los consejeros se estima insuficiente esta sesión, y se considera necesario reflexionar sobre algunos puntos planteados". El fiscal general convocará una nueva reunión del Consejo Fiscal para debatir el asunto ya que desea que "el requisito de audiencia que la Ley señala sea cumplido realmente y no sólo de manera formal". La nueva sesión no se producirá antes del próximo mes de enero.En conversación con algunos periodistas, Ortiz Úrculo señaló que todavía están abiertas todas las posibilidades, incluso que el expediente de remoción concluya sin el traslado del fiscal jefe de la Audiencia Nacional.

El pasado martes 10 de diciembre el fiscal del Estado anunció que, como resultado de una inspección realizada en la Audiencia Nacional, había decidido la remoción del fiscal jefe de la citada jurisdicción, José Aranda, y la apertura de seis expedientes a cuatro fiscales, presuntamente implicados en diversas irregularidades. Dos de los expedientes eran de traslado forzoso y los cuatro restantes, disciplinarios. Con la medida se pretendía dar ejemplo y cortar las desobediencias e insubordinaciones de algunos de los fiscales de la Audiencia frente a su jefe.

Sanción

Sin embargo, el traslado de Aranda fue interpretado en todos los ámbitos de la fiscalía y de la judicatura como una sanción, y mucho más rápida que los expedientes incoados a sus subordinados. Según estos jueces y fiscales consultados, al menos en un primer momento el único castigado por el conflicto surgido en la Audiencia Nacional sería el fiscal jefe, lo que, a su entender, pondría en entredicho el principio de autoridad y de jerarquía que rige el ministerio fiscal.

El traslado de Aranda se adoptó por iniciativa personal de Ortiz Úrculo de acuerdo con el artículo 41 del Estatuto del Ministerio Fiscal, que establece que: "Los Fiscales Jefes de los respectivos órganos podrán ser removidos por el Gobierno a propuesta del Fiscal General del Estado, que deberá oír previamente al Consejo Fiscal y al interesado".

Durante la reunión del Consejo Fiscal, que preside Ortiz Úrculo, sus once miembros expresaron sus pareceres y dudas sobre el expediente de traslado de José Aranda. También el fiscal general comentó "todos los problemas" que ve en el expediente.

A la vista de todas las opiniones expuestas hoy, el fiscal general del Estado decidió posponer la resolución final sobre el caso ya que, según comentó, es la primera vez que se remueve a un fiscal jefe y, por tanto, "no existe jurisprudencia". "Dada la importancia de la cuestión, después de un largo estudio, el fiscal general del Estado ha decidido someterla a reflexión", declaró Úrculo, quien dijo que debe valorar y sopesar los argumentos que se le han puesto de relieve por los miembros del Consejo Fiscal.

Úrculo dijo también que en la reunión el Consejo Fiscal no había expresado su apoyo al traslado de Aranda, ya que, explicó, "las cosas no van por ahí, sino en pensar la forma de remoción, el cómo y cuándo se ha de hacer".

Razones jurídicas

Aunque en ningún momento quiso revelar los argumentos que le expusieron en la reunión, el fiscal general declaró que eran "razones atendibles, técnicas e incluso jurídicas" sobre las que "merece la pena reflexionar con detenimiento".

"La remoción es decisión mía pero la tomo cuando creo que tengo los datos suficientes para tomarla", dijo Ortiz Úrculo, que insistió en asumir toda la responsabilidad sobre el futuro de Aranda. "La decisión es mía, no se trata de discutir nada", insistió.

El fiscal del Estado recordó que al tiempo que a Aranda, se han abierto expedientes a otros cuatro fiscales de la Audiencia, por lo que también "es necesario valorar algunos datos en relación con ellos". Úrculo indicó que quiere que los miembros del Consejo Fiscal conozcan cierta documentación sobre el caso de la que no quiso ofrecer más datos.

Úrculo también aclaró que no podía reconsiderar su expediente de remoción de Aranda porque ya está iniciado, pero ello no prejuzga cómo acabará el expediente. Incluso, admitió, puede terminar sin traslado.