Tres fiscales del Supremo investigan a los expedientados de la Audiencia Nacional

Los expedientes disciplinarios abiertos a cuatro fiscales de la Audiencia Nacional han comenzado ya ser instruidos por tres fiscales de Sala del Tribual Supremo, aunque previsiblemente transcurrirán dos o tres meses antes de que se conozca si se acuerda el traslado forzoso de dos de los expedientados, Ignacio Gordillo y María Dolores Márquez de Prado. El próximo martes se reúne el Consejo Fiscal. En esta reunión se estudiará previsiblemente la remoción del fiscal jefe, José Aranda, para enviarla al Consejo de Ministros del día 20.

La inminente remoción del fiscal jefe de la Audienci...

Los expedientes disciplinarios abiertos a cuatro fiscales de la Audiencia Nacional han comenzado ya ser instruidos por tres fiscales de Sala del Tribual Supremo, aunque previsiblemente transcurrirán dos o tres meses antes de que se conozca si se acuerda el traslado forzoso de dos de los expedientados, Ignacio Gordillo y María Dolores Márquez de Prado. El próximo martes se reúne el Consejo Fiscal. En esta reunión se estudiará previsiblemente la remoción del fiscal jefe, José Aranda, para enviarla al Consejo de Ministros del día 20.

La inminente remoción del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, por orden directa del fiscal general del Estado, José Ortiz Úrculo, ha causado fuerte malestar entre los fiscales de Sala del Tribunal Supremo por la forma en que se ha acordado y por el hecho de ser Aranda el único que obligatoriamente saldrá con certeza de la Fiscalía."Si lo que se quería era preservar el principio de autoridad, no es de recibo que al primero que se le corte la cabeza sea al jefe que se atrevió a denunciar la rebelión", admitieron fuentes de la Fiscalía General del Estado.

La remoción de Aranda será previsiblemente estudiada en el Consejo Fiscal convocado para el próximo martes, en el que no se prevén especiales dificultades para la propuesta de Ortiz Úrculo. De los nueve miembros elegidos entre las asociaciones profesionales, ocho pertenecen a la Asociación de Fiscales que presidía el actual fiscal general antes de su nombramiento, y el otro a la Unión Progresista de Fiscales.

"Dignidad personal"

Según fuentes de la Fiscalía, más que el hecho en sí de la remoción de Aranda, lo que ha causado malestar ha sido la forma en que se ha acordado el traslado del fiscal jefe de la Audiencia Nacional: como un ataque a la "dignidad personal" de un fiscal de Sala del Tribunal Supremo -categoría similar al generalato en la carrera fiscal-, que ha sido públicamente desautorizado y trasladado, mientras que sus subordinados, permanecen en sus destinos, con unos expedientes de resultado más bien incierto.Según fuentes de la fiscalía, la remoción de Aranda ha transmitido al grupo de expedientados y a sus simpatizantes una "moral de victoria" con la que lucharán para tratar de evitar los traslados.

Además, con la salida de José Aranda quedará previsiblemente como jefe en funciones de la fiscalía el teniente fiscal, Eduardo Fungairiño, expedientado junto a la fiscal María Dolores Márquez de Prado y única autoridad reconocida por este grupo de fiscales.

Como motivo añadido de satisfacción para el grupo de los expedientados, el Consejo de Ministros de ayer dio vía libre a la excedencia voluntaria solicitada por, el fiscal del caso Banesto, Florentino Ortí, con quien los primeros no mantienen la más mínima relación desde la presentación de la querella contra Mario Conde. Ortí se dedicará al ejercicio privado de la abogacía en un despacho profesional.

El expediente abierto a María Dolores Márquez de Prado e Ignacio Gordillo, en el que la Inspección Fiscal propone el "traslado forzoso de ambos por disidencias graves con su fiscal jefe por causas imputables a los expedientados", según el artículo 40.1 del Estatuto del Ministerio Fiscal, será instruido por el fiscal de la Sala de lo Social del Supremo, José Alvarado. En principio había sido designado para instruir este expediente el fiscal jefe Anticorrupción, José Jiménez Villarejo, pero se excusó alegando que su fiscalía lleva la acusación del caso Banesto.

Un segundo expediente, incoado a María Dolores Márquez de Prado y a Eduardo Fungairiño por la supuesta ocultación de un informe dactiloscópico negativo en el sumario por el atentado a José María Aznar, será instruido por José Maria Iscar, fiscal de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.

El tercero de los expedientes, contra los fiscales Ignacio Gordillo y Pedro Rubira por haber permitido presuntamente que alumnos suyos calificasen causas de la Audiencia en trámite, ha sido encomendado al fiscal de la Sala de lo Penal José María Luzón. Los informes de la Inspección, en los que también consta que una alumna de estos Fiscales fue sorprendida in fraganti en la biblioteca de la Audiencia Nacional calificando una causa, han sido entregados a los fiscales instructores.