Las reglas de juego

La sociedad española no ha estado nunca tan intranquila y tan crispada como nos lo pretendían hacer creer desde determinada prensa y desde determinadas tertulias radiofónicas o televisivas. Ahí están como prueba del nueve los resultados de todas las consultas electorales (generales, autonómicas, municipales o europeas) de "los años de la crispación". Pero sí es verdad que el nivel de contaminación política había superado ampliamente los límites de lo que, de existir, estoy seguro que una Organización Mundial de la Salud Política consideraría tolerable para una convivencia civilizada.Ciertament...

La sociedad española no ha estado nunca tan intranquila y tan crispada como nos lo pretendían hacer creer desde determinada prensa y desde determinadas tertulias radiofónicas o televisivas. Ahí están como prueba del nueve los resultados de todas las consultas electorales (generales, autonómicas, municipales o europeas) de "los años de la crispación". Pero sí es verdad que el nivel de contaminación política había superado ampliamente los límites de lo que, de existir, estoy seguro que una Organización Mundial de la Salud Política consideraría tolerable para una convivencia civilizada.Ciertamente, no se puede olvidar que el enfrentamiento político es la confrontación más dura que se produce en la convivencia humana. Y no puede no serlo. Por su propia naturaleza se trata de un territorio en el que las reglas del juego no pueden estar claramente definidas y en el que lo que está en juego no puede estar materialmente circunscrito. Y no puede estarlo, porque el objeto del mismo es la dirección política de la sociedad como un todo y porque el juez de la contienda es un cuerpo electoral integrado por treinta y dos millones de ciudadanos. Ni por la materia objeto de litigio ni por el órgano que lo decide es posible una delimitación que no sea exclusivamente formal.

Esto es lo que diferencia al enfrentamiento político del que se puede producir en cualquier otra esfera de la vida en sociedad, por muy importante que sea: control de un banco, ordenación del sector eléctrico o de la telefonía móvil, o derechos de retransmisión del fútbol. Estos últimos son siempre enfrentamiemtos objetivamente delimitados y canalizados a través de contratos civiles, mercantiles, concesiones administrativas... eventualmente controlables por los tribunales de justicia.

En el mundo de la política no es así. Y no puede serlo. Más allá de la celebración de las elecciones periódicas y de la regulación exclusivamente formal del procedimiento electoral, no hay forma de canalizar jurídicamente desde una perspectiva material el enfrentamiento político

Justamente por eso, porque las reglas materiales no pueden ser establecidas desde fuera, es importabte que se fijen desde dentro. No hay manera de definir a priori dónde está la línea divisoria que separa la derrota política del adversario de lo que constituye su aniquilación moral. Nadie se la podrá imponer a los actores del enfrentamiento político. Y sin embargo, esa línea no se debe traspasar.Desgraciadamente esa línea divisoria se ha traspasado en España en el pasado inmediato y no tan inmediato. Y se ha extendido a instituciones a las que no debería extenderse. El linchamiento moral de seis magistrados y en particular del presidente del Tribunal Constitucional por el caso Rumasa se produjo en 1983. Los lectores, posiblemente, no recuerdan que, porque la sentencia se publicó en el EL PAÍS antes de que se enviara oficialmente al BOE, se iniciaron actuaciones penales contra todos los magistrados del Tribunal Constitucional. ¡Si se hubiera seguido ese criterio tan estricto después! Y tampoco recordarán que el mismo presidente que decidió con su voto de calidad la constitucionalidad del decreto ley de expropiación de Rumasa fue el que decidió con su voto de calidad la anticonstitucionalidad de determinados preceptos de la depenalización del aborto. Nadie le dijo nada en este segundo caso.

Creo que no está de más recordar estas cosas en esta semana.