La Fiscalía de la Audiencia sólo ha sido inspeccionada dos veces en 20 años

El fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo, confirmó ayer que se está realizando una inspección en la Fiscalía de la Audiencia Nacional "sobre reparto de trabajo y relaciones entré los fiscales" en respuesta a la diputada del PNV Margarita Uría. Ortiz Úrculo calificó la inspección de "ordinaria", aunque reconoció que la última se hizo "hace dos años y medio".Sin embargo, en los 20 años que lleva funcionando la Audiencia Nacional -se cumplen el próximo 4 de enero- es la segunda vez que se inspecciona su fiscalía, según consta en las memorias de la Fiscalía General del Estado de los últimos...

El fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo, confirmó ayer que se está realizando una inspección en la Fiscalía de la Audiencia Nacional "sobre reparto de trabajo y relaciones entré los fiscales" en respuesta a la diputada del PNV Margarita Uría. Ortiz Úrculo calificó la inspección de "ordinaria", aunque reconoció que la última se hizo "hace dos años y medio".Sin embargo, en los 20 años que lleva funcionando la Audiencia Nacional -se cumplen el próximo 4 de enero- es la segunda vez que se inspecciona su fiscalía, según consta en las memorias de la Fiscalía General del Estado de los últimos años. La anterior se realizó en 1994 y, según dicha memoria, ésa fue la primera y única.

Las memorias no dan cuenta de los resultados de la inspección pero recogen una descripción de las diligencias abiertas y los expedientes sancionadores, poniendo cuidado en ocultar nombres, procedencia y cualquier dato que permita identificar a los denunciantes y a los fiscales denunciados.

Durante 1995 la inspección estudió 26 diligencias contra fiscales. Todas fueron archivadas a excepción de cuatro que proseguían al cierre de la estadística. Durante ese año no se apreció ninguna falta ni fue sancionado ni un solo fiscal en toda España. Sin embargo, en 1994, un fiscal fue denunciado por su jefe por tener sin despachar 197 procedimientos, alguno de los cuales se remontaba a los años 1987 y 1988. El anterior fiscal del Estado, Carlos Granados, le impuso una sanción de un mes de empleo y sueldo.

Ese año recayó otra sanción, no en un fiscal, sino en "una agente judicial destinada en una fiscalía", que dio un aviso de bomba por teléfono para gastar una broma a un compañero y provocó el desalojo de la sede judicial. La broma fue sancionada con una "reprensión privada"