La extraña decisión
HASTA No hace mucho, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) era, junto a RTVE, el organismo público que mayor pasión política desataba. RTVE sigue desatándola, mientras que el CIS ha conseguido superar la situación de permanente polémica en que estaba inmerso mediante la promulgación de un estatuto legal elaborado a satisfacción de todos los grupos políticos. Pero este escenario pacífico -producto de una ley impulsada por el anterior Gobierno socialista en 1993 y aprobada por el Parlamento en 1995- puede ponerse en peligro con decisiones como la adoptada por la actual directora del CI...
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HASTA No hace mucho, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) era, junto a RTVE, el organismo público que mayor pasión política desataba. RTVE sigue desatándola, mientras que el CIS ha conseguido superar la situación de permanente polémica en que estaba inmerso mediante la promulgación de un estatuto legal elaborado a satisfacción de todos los grupos políticos. Pero este escenario pacífico -producto de una ley impulsada por el anterior Gobierno socialista en 1993 y aprobada por el Parlamento en 1995- puede ponerse en peligro con decisiones como la adoptada por la actual directora del CIS, Pilar del Castillo, de eliminar de los barómetros mensuales que viene realizando ese organismo desde 1979 las preguntas relativas a temas políticos y electorales. Su criterio es que los llamados barómetros políticos sean estacionales, sin sobrepasar los tres por año.La decisión no ha gustado nada a los grupos de la oposición. Éstos sospechan que tras la misma se esconde el temor del Gobierno a que se desvelen estados de opinión nada favorables a su actual gestión. De hecho, ha quedado frustrado el interés público por conocer los resultados del barómetro de septiembre sobre intención de voto y valoración del Gobierno tras las encuestas publicadas recientemente por algunos medios de comunicación -entre ellos este periódico-, en los que la gestión del Gobierno era desaprobada por la mayoría y en los que, sobre todo, el primer partido de la oposición superaba al del Gobierno en expectativa electoral.
La directora del CIS alega que su decisión responde a razones estrictamente profesionales. Pero de todas las que ha dado, la más decisiva es claramente política: evitar la crispación que, a su entender, produce la publicación mensual de datos de opinión sobre expectativas políticas y electorales. Aunque así fuera, ¿qué hace un organismo público como el CIS tomando decisiones en virtud de valoraciones ajenas a los criterios científicos que se presume deben regir su actuación? La decisión de la directora del CIS distorsiona la cadencia mensual de las series de datos que venían siendo utilizadas para los estudios electorales. Puede que no sea grave, pero si de todas formas van a mantenerse los sondeos, no se ve qué ventaja puede derivarse, desde un criterio profesional, de esa modificación en el cuestionario.
Pilar del Castillo ha alegado que ya advirtió al tomar posesión de su cargo que la auscultación de la intención de voto no era la única ni la principal misión del Centro, y que la periodicidad de las consultas sobre ese tema podría variar. Seguramente es así, pero ¿se imagina la actual directora del CIS el escándalo que habría organizado el partido del Gobierno que la ha nombrado si su antecesor, Joaquín Arango, hubiera tomado una decisión similar a la altura de, por ejemplo, la primavera de 1993, cuando los sondeos detectaron por primera vez que el PSOE podría perder?