El "caso belga"

EL DEDO del rey de los belgas, al igual que el del niño del cuento de Andersen, ha apuntado a la desnuda justicia de su país para pedirle que se cubra con nuevas ropas y se reforme en profundidad. Diversos casos de asesinatos y pedofilia han conmocionado a la ciudadanía y están minando gravemente su confianza en el sistema judicial, policial y político de un país aquejado en los últimos tiempos de demasiados casos. Alberto II ha pedido públicamente que la justicia actúe con eficacia y que llegue al fondo. La inusitada intervención del monarca ha provocado un debate sobre si el rey está constit...

EL DEDO del rey de los belgas, al igual que el del niño del cuento de Andersen, ha apuntado a la desnuda justicia de su país para pedirle que se cubra con nuevas ropas y se reforme en profundidad. Diversos casos de asesinatos y pedofilia han conmocionado a la ciudadanía y están minando gravemente su confianza en el sistema judicial, policial y político de un país aquejado en los últimos tiempos de demasiados casos. Alberto II ha pedido públicamente que la justicia actúe con eficacia y que llegue al fondo. La inusitada intervención del monarca ha provocado un debate sobre si el rey está constitucionalmente capacitado para expresar una opinión aunque la avale el ministro de Justicia.Los dos casos que agitan al país sugieren tramas de extraños vínculos entre delincuentes -nacionales e internacionales-, policía, magistrados y políticos. La justicia tendrá que desvelarlos. Pero Bélgica es un país conocido por la adscripción política de numerosos magistrados y por escándalos financieros, como el caso Agusta- que llevó a la dimisión de Willy Claes como secretario general de la OTAN. El caso Dutroux, que trata del secuestro y asesinato -en 1995- de cuatro jóvenes de 8 a 17 años cuyos cadáveres han sido encontrados ahora, ha sacado a la luz la existencia de una red de pedofilia, posiblemente con rantificaciones internacionales, y otra de tráfico de coches robados, sobre la cual han sido interrogados 11 policías.

En el caso Cools, sólo ahora, cinco años después del asesinato del ex viceprimer ministro y dirigente socialista de Lieja, se producen detenciones e inculpaciones al respecto, entre ellas y principalmente la de Alain van der Biest, sucesor de Cools al frente de los socialistas de aquella ciudad que el asesinado, aparentemente, pretendía limpiar. Van der Biest no ocupa en la actualidad ningún cargo relevante.

Sorprende el escaso impacto de estos casos en la coalición cuatripartita -socialcristianos y socialistas, francófonos y flamencos-, que pretende no verse afectada. Los políticos en activo, especialmente en el Partido Socialista francófono, miran hacia otro lado, aunque se han cruzado algunas críticas con sus homólogos flamencos. La explicación de tanta cautela no puede estar sólo en la urgencia de sacar un presupuesto que permita entrar en la Unión Monetaria Europea. Difícilmente puede un país democrático creer en sí mismo si no cree en su justicia. Menos aún cuando se trata de un Estado profundamente dividido en dos comunidades -la valona y la flamenca-, que cada vez tienen menos que- ver entre sí, y que se mantienen abrochadas por la Corona. La apelación del rey es compartida sin duda por la mayoría de los belgas, pero la Constitución le impide hacer pronunciamientos políticos. Mejor, pues, que se reserve sus opiniones, porque a la crisis que vive el país sólo le falta sumar un debate sobre la Corona.