El fiscal pide seis años de suspensión en el juicio contra Estevill

El vocal del Consejo General del Poder Judicial Pascual Estevill se sentará hoy en el banquillo por primera vez, en el Tribunal Supremo, acusado de un delito continuado de prevaricación en el ejercicio de sus funciones como juez. El fiscal pide seis años de suspensión de cargo público y una indemnización de 11.500.000 pesetas para los afectados. Los abogados de éstos imputan a Estevill nueve delitos de prevaricación, dos de ellos con detención ilegal, y solicitan 36 años de suspensión y una indemnización de 165 millones de pesetas.El procedimiento se inició cuando el empresario Enrique Marugán...

El vocal del Consejo General del Poder Judicial Pascual Estevill se sentará hoy en el banquillo por primera vez, en el Tribunal Supremo, acusado de un delito continuado de prevaricación en el ejercicio de sus funciones como juez. El fiscal pide seis años de suspensión de cargo público y una indemnización de 11.500.000 pesetas para los afectados. Los abogados de éstos imputan a Estevill nueve delitos de prevaricación, dos de ellos con detención ilegal, y solicitan 36 años de suspensión y una indemnización de 165 millones de pesetas.El procedimiento se inició cuando el empresario Enrique Marugán presentó una querella contra el juez Estevill, al que acusó de haberle encarcelado por venganza. A la querella se sumaron otras tres por los mismos hechos, ocurridos en septiembre de 1994, cuando Estevill, titular del juzgado de instrucción número 26 de Barcelona, se hizo cargo temporalmente del número 10 por ausencia del titular.

En éste se tramitaba una querella de Banesto por una presunta estafa y estaban propuestos como testigos Enrique Marugán y Lorenzo Rosal Bertrand. Marugán conocía a Estevill porque había recomendado a Rosal Bertrand que prescindiera de sus servicios como abogado mercantil. Según el fiscal, Estevill citó a ambos como imputados, pese a que en la querella "ni siquiera eran mencionados".

Estevill ordenó la detención e ingreso en prisión de Marugán porque se "intuía con meridiana claridad" su relación con los hechos. Luego encarceló a otras cuatro personas contra las que, según el fiscal, tampoco existía indicio delictivo. Cuando regresó a su puesto, el titular del juzgado número 10 dejó sin efecto todas estas medidas.