El Gobierno estima en 750.000 milllones el coste del nuevo sistema de financiación autonómica

El Gobierno estima en 750.000 millones de pesetas el coste del nuevo sistema de financiación autonómica. El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, zanjó ayer las dudas al dar por buena la cifra adelantada por el ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, frente al hermetismo del Ministerio para las Administraciones Públicas y del propio presidente del Gobierno, José María Aznar. El Ejecutivo debatió también un informe del Ministerio de Justicia en el que se propone una excedencia forzosa de tres años a los jueces que pasen por la política.

A la salida del Consejo de Ministro...

El Gobierno estima en 750.000 millones de pesetas el coste del nuevo sistema de financiación autonómica. El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, zanjó ayer las dudas al dar por buena la cifra adelantada por el ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, frente al hermetismo del Ministerio para las Administraciones Públicas y del propio presidente del Gobierno, José María Aznar. El Ejecutivo debatió también un informe del Ministerio de Justicia en el que se propone una excedencia forzosa de tres años a los jueces que pasen por la política.

A la salida del Consejo de Ministros de ayer, el portavoz del Gobierno no entró en detalles, pero dio por buena la versión del ministro de Economía y Hacienda sobre los 750.000 millones de pesetas como coste de la financiación autonómica ante a la resistencia a entrar en este debate del titular de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, q ue alega la imposibilidad de precisar la cifra por desconocerse la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) y de la propia recaudación del IRPF para 1996.El tema está abierto ahora en otro frente. Rodrigo Rato afirma que el coste de 750.000 millones del nuevo sistema es similar al de la cesión del 15% del IRPF que el Gobierno socialista pactó en 1993. El portavoz socialista en el Senado, Juan José Laborda, discrepa de esta cifra. Así, aseguró ayer que, según datos oficiales del propio Ministerio de Economía y Hacienda, el coste de la cesión del 15% del IRPF es de 82.664 millones, esto es casi el 10% de la cantidad que ofrece Rato. La confusión procede, según Laborda, de que Rato no descuenta las subvenciones de Educación ni la modificación de la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).

El Gobierno ha aparcado el complicado debate sobre la financiación autonómica por un mes, hasta la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la segunda quincena de julio. El 30 de septiembre es el límite para la aprobación del sistema. El Gobierno tampoco ha aceptado que el Senado debata y elabore un dictamen sobre la financión para elevárselo al CPFF como propuso Laborda.El Gobierno ha elegido como prioridad la adopción de medidas liberalizadoras y comenzar los contactos para elaborar los Presupuestos. "El Gobierno tiene que actuar con rapidez. Nos quedan 18 meses para cumplir con los compromisos de Maastricht", justificó ayer el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez.

La financiación autonómica se limitará por el momento a estar presente en los encuentros bilaterales del presidente del Gobierno, que el lunes se reúne con el dirigente de Castilla-La Mancha, José Bono, y en la ronda posterior que iniciarán los ministros Rato y Rajoy con los consejeros y presidentes autonómicos. El portavoz del Ejecutivo confirmó ayer que el miércoles está convocada en La Moncloa la Comisión Delegada para Asuntos Autonómicos, presidida por el vicepresidente Francisco Álvarez Cascos.

La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, presentó ayer ante el Consejo de Ministros un informe sobre el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya pretensión es reducir la situación de servicios especiales para los jueces que opten por ejercer cargos públicos. La modificación más importante es la excedencia forzosa de tres años para aquéllos que se hayan dedicado a la política.

El anteproyecto prevé también como causa legal de abstención y recusacion el haber ocupado el juez o magistrado cargo público con ocasión de lo cual haya podido formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad sobre el objeto del pleito o causa sobre las partes, sus representantes y asesores".