Rechazo general a la levedad del castigo, excepto para la APM
La benignidad de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el juez Miguel Moreiras, al imponerle una multa de 300.000 pesetas en lugar de una suspensión de un año, como pedían el instructor y el fiscal, ha suscitado rechazo, preocupación y sorpresa en las asociaciones de jueces y fiscales. La excepción ha sido la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, que ha expresado su "moderada satisfacción" y su deseo de que se anule la sanción.En el seno del CGPJ, los vocales Rafael Sarazá, Ignacio Sierra y Soledad Mestre encabezan el...
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La benignidad de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el juez Miguel Moreiras, al imponerle una multa de 300.000 pesetas en lugar de una suspensión de un año, como pedían el instructor y el fiscal, ha suscitado rechazo, preocupación y sorpresa en las asociaciones de jueces y fiscales. La excepción ha sido la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, que ha expresado su "moderada satisfacción" y su deseo de que se anule la sanción.En el seno del CGPJ, los vocales Rafael Sarazá, Ignacio Sierra y Soledad Mestre encabezan el rechazo a la decisión y emitirán hoy una declaración de respaldo a los dos vocales que disintieron de la sanción y en la que solicitan que se anule el acuerdo por "invadir las competencias del pleno".
El presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Miguel Miravet, declaró que "la sanción de multa no es adecuada, teniendo en cuenta los precedentes existentes contra el juez Moreiras". Miravet manifestó el acuerdo de la UPF con la petición del instructor y el fiscal. En ausencia del secretariado de Jueces para la Democracia, reunido en San Sebastián, varios magistrados de esta asociación progresista consideraron "muy grave que Moreiras pueda seguir ejerciendo en la Audiencia Nacional" y criticaron "el sistema de control de la conducta de los jueces si da estos resultados".
La magistrada María Tardón, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, minoritaria y moderada, estimó "sorprendente, llamativo y desproporcionado que la petición de un año de suspensión formulada por el instructor se quede en 300.000 pesetas de multa".
En cambio, el portavoz de la APM, Ángel Calderón, tras recordar que Moreiras pertenece a su asociación, manifestó su "satisfacción ante la medida, ya que evita la pérdida de su destino". Puntualizó que tal satisfacción es "limitada y moderada, porque hubiéramos deseado que no se produjera ninguna sanción". Agregó que la resolución no es firme y que la APM espera que "se limiten los efectos de la sanción".