Varios menores de la red estuvieron bajo el control judicial de Rico Lara en el correccional de La Jara

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer suspender cautelarmente en sus funciones al juez de menores de Sevilla Manuel Rico Lara por su presunta implicación en la red de prostitución de menores del pub Arny. Fuentes judiciales confirmaron ayer que en la causa aparecen como testigos, de cargo y víctimas de la corrupción que se ejercía en el club sevillano varios menores que han pasado por el centro de tutela de La Jara, en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira. El control judicial de los menores internados en el correccional recae precisamente sobre el juez Rico Lara.
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer suspender cautelarmente en sus funciones al juez de menores de Sevilla Manuel Rico Lara por su presunta implicación en la red de prostitución de menores del pub Arny. Fuentes judiciales confirmaron ayer que en la causa aparecen como testigos, de cargo y víctimas de la corrupción que se ejercía en el club sevillano varios menores que han pasado por el centro de tutela de La Jara, en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira. El control judicial de los menores internados en el correccional recae precisamente sobre el juez Rico Lara.

El Poder Judicial suspende al juez de menores de Sevilla imputado en el caso del 'pub' ArnyLa suspensión del magistrado fue acordada de acuerdo con el criterio de ministerio fiscal -incluida la consulta a los fiscales de Sevilla- y de conformidad con la ley orgánica judicial, al haberse dictado contra él un auto de libertad bajo fianza de un millón y la obligación de comparecer ante el juzgado una vez al mes.La decisión fue tomada con gran celeridad por la comisión permanente del CGPJ después de que la juez del caso, María Auxiliadora Echevarri, remitiese de oficio su resolución al organismo de gobierno de los jueces. Previamente, en la noche del jueves, la instructora del caso había informado por fax al presidente del Tribunal Superior de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo, de la situación de Rico Lara.

En su acuerdo, la comisión permanente señala que la suspensión del juez de menores durará hasta que recaiga en la causa. una sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento. Si fuese condenado, tendría que ser suspendido durante el período que establezca el fallo o separado de la carrera judicial. Por el momento, y hasta que el lunes se decida su sustituto, se ha hecho cargo del juzgado de menores la titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla.

La juez instructora, ayer de guardia, tiene previsto llamar a declarar en breve a dos populares personajes del mundo del espectáculo y a una tercera persona. La magistrada prefirió no tomar declaración ayer a un testigo de cargo, que la noche anterior concedió una entrevista radiofónica, al considerar que no estaba en condiciones físicas y psíquicas para declarar por su adicción a las drogas.Internos de La JaraEste joven estuvo intemado en La Jara bajo el control judicial del juez Rico Lara. Sobre el menor pesaba un homicidio cometido cuando tenía 12 años. Las competencias del centro fueron transferidas a la Junta andaluza con la entrada en vigor de la Ley de Planta y Demarcación Judicial y la reforma de la Ley de Menores.

No obstante, el control judicial sobre menores internados por delincuencia recaían sobre Rico Lara y la fiscalía de menores de Sevilla. Las medidas cautelares de internamiento sobre menores a la espera de juicio también eran de su competencia.

Para el próximo lunes, instructora y fiscales tienen previsto reunirse para decidir sobre el mantenimiento o no del secreto que pesa sobre las diligencias 540/95A que ya ocupan varios centenares de folios celosamente guardados por la juez. La dificultad para preservar las identidades de los menores y las posibles filtraciones son el mayor escollo con el que se encuentran los investigadores para entregar a las partes el sumario, una vez sea levantado el secreto.

El menor entrevistado en la noche del miércoles en la Cadena SER bajo el nombre falso de Eduardo se comprometió ayer a iniciar un programa de desintoxicación propuesto por la fiscalía de manores, que también lo tiene incluido en el programa de protección de testigos.

Varios magistrados de los juzgados de Sevilla consultados ayer por este diario barajaron la posibilidad de que haya podido existir un ánimo de venganza en alguno de los menores implicados en el caso, con causas delictivas en poder del Juzgado de Menores, a la hora de acusar al juez Rico Lara.

No obstante, fuentes conocedoras del caso insistieron en que tanto la implicación del juez como la de la otra veintena de imputados está "rnuy atada" y "no existen fallos procesales ni de investigación". Incluso subrayaron que existen otros datos, y no sólo las confesiones de los menores, que se considerado antes de lanzar las imputaciones y decretar las medidas cautelares.

Entre los imputados, este periódico pudo saber ayer que también se encuentra un miembro de la Guardia Civil que compartía con un agente del Cuerpo Nacional de Policía las tareas de vigilancia y acceso al local de la Plaza de Armas. Asimismo, fuentes de la Universidad Complutense indicaron ayer que el imputado en la causa Santiago Oliveros Lapuerta desempeñó labores de profesor no numerario en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales desde 1976 hasta mayo de 1983, fecha en la que dejó el centro.

Por otro lado, un camarero del pub declaró anoche a la SER que "los chicos hacían seis o siete servicios por noche, y cobraban entre 5.000 y 8.000 pesetas". El empleado, que trabajaba desde hace año y medio en el Arny, añadió: "Había cola; estaban esperando los chavales con las sábanas en la mano a que saliera un cliente para entrar otro". El camarero confirmó que los menores servían de premio en una especie de bingo para los clientes.