Pertierra acusa a Garzón de actuar al margen de la ley en la disputa por los 'papeles del Cesid'

MIGUEL GONZÁLEZ El juez Baltasar Garzón ha actuado al margen de la ley en el conflicto por los papeles del Cesid sobre la guerra sucia contra ETA, ignorando, o negándose a acatar la Ley de Secretos Oficiales, la de Conflictos de Jurisdicción y la de Enjuiciamiento Criminal. Así lo afirma el ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, en el escrito que ayer presentó en el registro del Tribunal Supremo, con el que plantea oficialmente el conflicto de jurisdicción con el juez. El Tribunal de Conflictos, bajo la presidencia del titular del Supremo, Pascual Sala, se reunirá el próximo día 14 pa...

MIGUEL GONZÁLEZ El juez Baltasar Garzón ha actuado al margen de la ley en el conflicto por los papeles del Cesid sobre la guerra sucia contra ETA, ignorando, o negándose a acatar la Ley de Secretos Oficiales, la de Conflictos de Jurisdicción y la de Enjuiciamiento Criminal. Así lo afirma el ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, en el escrito que ayer presentó en el registro del Tribunal Supremo, con el que plantea oficialmente el conflicto de jurisdicción con el juez. El Tribunal de Conflictos, bajo la presidencia del titular del Supremo, Pascual Sala, se reunirá el próximo día 14 para decidir si admite a trámite el caso.

El escrito presentado ayer por Suárez Pertierra tiene la misma extensión, 14 folios, que el auto dictado el jueves por Baltasar Garzón y no es menos duro con la conducta del juez de lo que lo fue el magistrado con la del ministro. Si Garzón acusaba a Pertierra de pretender "la consuma cion de un auténtico fraude de ley", Pertierra acusa a Garzón de actuar al margen de la legalidad.Las actuaciones realizadas por el instructor desde que, el pasado 15 de octubre, se le planteó un conflicto de jurisdicción en torno a los papeles del Cesid merecen a los servicios jurídicos de Defensa el calificativo de ilegales. Todo el documento está encaminado a demostrar que Garzón actúa con un manifiesto desconocimiento de la ley y que, cuando la acepta formalmente, se rtiega a acatarla en la práctica.

El Estado de Derecho, llega a afirmar el ministro, no se basa únicamente en el control judicial de la actividad de la Administración, sino también en la escrupulosa e inexcusable adecuación a la legalidad de las decisiones de los jueces; lo que, a su juicio, no sucede en el caso de Garzón.

Suspensión del procedimiento

El escrito concluye pidiendo al tribunal que tenga por formalizado el conflicto; que requiera al juez para que, a, la mayor brevedad, le remita todas sus actuaciones respecto a los papeles del Cesid; que le requiera, igualmente, para que suspenda el procedimiento en todo lo referido a la consecución de los citados papeles secretos; que tenga por remitidas las actuaciones que obran en poder del Ministerio de Defensa; y que, una vez cumplidos los trámites, dicte sentencia en el sentido pretendido por Suárez Pertierra. Es decir, que ordene a Garzón inhibirse de conocer los documentos del Cesid citados por el ex agente Juan Alberto Perote, porque los mismos están amparados por la ley de Secretos Oficiales.

La Sala de Conflictos Jurisdiccionales, que preside el titular del Tribunal Supremo, Pascual Sala, con voto de calidad, e integran, además, otros dos magistrados del Supremo y tres miembros del Consejo de Estado, se reunirá el próximo día 14 para decidir si admite a trámite el asunto. En caso de admitirlo, se dirigirá a Garzón para reclamarle las actuaciones y las trasladará al fiscal y a la Administración por un plazo común de diez días, dictando sentencia en los diez siguientes.

Estos plazos podrían ampliarse sí el tribunal apreciase irregularidades que le impidiesen pronunciarse o considerara necesario reclamar los antecedentes del caso. En cualquier supuesto, la sentencia debería dictarse en un máximo de dos meses desde su admisión a trámite y contra la misma sólo cabrá recurso de amparo ante el Constitucional.Aunque cabe a posibilidad de que el tribunal, en su sentencia, declare que el contencioso fue planteado incorrectamente, el escrito de Suárez Pertierra intenta demostrar lo contrario.

En concreto, el ministro alega que Garzón dirigió tres requerimientos al director general del Cesid, Félix Miranda, exigiéndole la entrega de documentos cuyo carácter clasificado conocía, con la advertencia de que no sería acusado de revelación de secretos si los entregaba; mientras que, en caso contrario, podía incurrir en un delito.

Frente a la afirmación del último auto de Garzón de que no pretendió arrebatar al Gobierno su competencia exclusiva para desclasificar documentos, Defensa replica que el juez nunca pidió la desclasificación de los papeles sino la entrega pura y simple de los mismos y que, en el requerimiento dirigido al ministro, le dio un plazo perentorio de cuatro días, dos de ellos festivos, para entregarlos; insuficiente a todas luces para proceder a su preceptiva desclasificación.Violentada división de poderes

El carácter conminatorio e imperativo de los requerimientos de Garzón, intimando expresamente a un miembro del Gobierno sobre la comisión de un delito, supone una forma de violentar la división de poderes, según Suárez Pertierra.

Pero Garzón, agrega, no sólo invade competencias ajenas cuando reclama papeles secretos, sino también cuando, con manifiesto desconocimiento de la ley de Conflictos de Jurisdicción, se arroga la capacidad de no admitir a trámite el contencioso, lo que sólo puede hacer el Tribunal de Conflictos.

A juicio de Defensa, el juez ha llegado al extremo de formular a las partes personadas en el sumario del Monbar una pregunta ilegal; la de si debía o no admitir a trámite el conflicto. Además, ha vulnerado la Ley de Enjuiciamiento Criminal al sugerirles que se pronuncien sobre la comisión de un delito de denegación de auxilio a la justicia por parte del ministro de Defensa, que goza de fuero ante el Tribunal Supremo.

El escrito de Defensa considera inadmisibles jurídicamente algunas decisiones de Garzón, como la no admisión del conflicto, y le acusa de incurrir en un sofisma cuando dice reconocer la competencia del Gobierno para desclasificar documentos y, a la vez, le conmina a entregarlos.

Por otra parte, el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera ha pedido a la juez de instrucción número 43 de Madrid, María Jesús Coronado, que le ha imputado en un delito de malversación de caudales públicos por mal uso de los fondos reservados, que remita las diligencias al juez del Tribunal Supremo Eduardo Móner, para que las acumule al caso GAL.