¿Jueces justicieros de la democracia o políticos suplentes?
Juristas y políticos coinciden sobre la perversión constitucional del fenómeno y discrepan sobre sus causas
La judicialización de la política culminó esta semana -en medio de un entrecruzamiento de procesos, querellas y denuncias- con la andanada del ex director general de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, contra el juez Baltasar Garzón, que le encarceló por su presunta implicación, en el caso GAL. En un clima de rechazo jurídico generalizado a las gravísimas acusaciones de este preso, políticos y juristas discrepan sobre las causas de la exacerbada judicialización de la vida pública, que pervierte el sistema constitucional y amenaza con convertir a los jueces en justicieros de la...
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La judicialización de la política culminó esta semana -en medio de un entrecruzamiento de procesos, querellas y denuncias- con la andanada del ex director general de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, contra el juez Baltasar Garzón, que le encarceló por su presunta implicación, en el caso GAL. En un clima de rechazo jurídico generalizado a las gravísimas acusaciones de este preso, políticos y juristas discrepan sobre las causas de la exacerbada judicialización de la vida pública, que pervierte el sistema constitucional y amenaza con convertir a los jueces en justicieros de la democracia o en suplentes de los políticos. La vida política no tiene actualmente su eje en el Parlamento, sino en los juzgados y tribunales, en donde los partidos o personajes políticos presentan :sus querellas o demandas o ante los que actúan como acusadores.
Además del caso Marey, que resucita el proceso por la guerra sucia contra ETA, el mismo juez Garzón que lo tramita -tras su viaje de ¡da y vuelta a la política- investiga las filtraciones del sumario desde su juzgado. Otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, tramita una querella del Gobierno por calumnias e injurias contra José Amedo, condenado a 108 años de cárcel por su implicación en los GAL y ahora en libertad por indicación de Garzón.
Entre otras acciones penales, la Sala Segunda del Tribunal Supremo recibió una querella del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, quien acusa a Garzón de coaccionar a algunas personas a las que tomó declaración. Un juzgado civil de -Madrid ha recibido la demanda del ex ministro del Interior José
Barrionuevo contra Amedo en defensa de su honor por unas de claraciones periodísticas. Y en el CGPJ permanecen vivas todavía sendas denuncias de Barrionuevo por las filtraciones del rea bierto caso GAL y contra seis magistrados que firmaron un manifiesto sobre los GAL pro movido por la Asociación Pro Derechos Humanos.
Desde otro frente, el magistrado Marino Barbero, que investiga el caso Filesa desde hace más de tres años, quiere que el Congreso de los Diputados le autorice a actuar contra el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, por presunto delito electoral.
Más de 60 casos con aforados
Hay otros muchos casos. El Tribunal Supremo tiene ahora mismo más de 60 causas penales pendientes contra aforados -hace pocos meses superaban las 200- y el ingreso en prisión en diciembre último de los ex directivos de Banesto Mario Conde y Arturo Romaní, por orden del juez Manuel García-Castellón, fueron insólitas noticias para el mundo de las finanzas y también para el de la política.
¿Estamos viviendo una judicialización de la política o incurriendo en el gobierno de los jueces? Clemente Auger, presidente de la Audiencia Nacional, considera que "ambas expresiones son erróneas, si se dicen, de buena fé, y engañosas si se introducen en la controversia política". Auger asegura que "esgrimir el gobierno de los jueces, en la medida que es mentira e imposible, no tiene otro objetivo que huir del control del poder judicial".
El magistrado explica que "gobernar es plantearse objetivos y tener un plan sobre la realidad social" y recuerda que "la actuación judicial es aislada, a instancia de parte y por hechos externos". Auger recuerda que los jueces españoles no podrían acometer una operación similar a la Manos Limpias de la magistratura italiana, que allí agrupa,a jueces y fiscales. Considera que "la judicialización de la política es una mala expresión, utilizada para confundir, ya que es falso que los jueces busquen la política, aunque es verdad que existe una presencia judicial muy fuerte".
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pascual Sala, opina que "las decisiones políticas han de combatirse políticamente y no se debe luchar contra ellas movilizando a los tribunales de justicia", ya que "no es bueno", explica, "que los jueces regeneren la política ni actúen de salvapatrias, incluso si el Parlamento no ejerciera adecuadamente sus furiciones, ya que si los jueces hicieran eso, actuarían como un contrapoder mesiánico
La pretendida judicialización de la vida política (un magistrado del Supremo cree más correcto hablar de "criminalización de los políticos") es considerada en muchos sectores como la ocupación, por los jueces del espacio dejado vacío por otros poderes.
Perfecto Andrés, un magistrado ya clásico en la teoría y práctica del ejercicio democrático de la jurisdicción, mantiene que la judicialización de la política suele ser "la respuesta a una previa degradación criminal de la política", en la que "la anormalidad política se sustituye por la normalidad judicial". La razón profunda de esa "suplencia judicial" es, para Andrés, que la opinión llega a la convicción de que "los gestores del Estado de derecho han hecho de una cierta ilegalidad instrumento estructural de la llamada gobernabilidad del sistema, en aras de su eficacia, policial, por supuesto".
El fiscal del Tribunal Supremo José María Paz reconoce que el fenómeno de la judicialización "está ahí, pero no es buscado por los tribunales". Recuerda que el Ministerio Fiscal, con el fiscal general del Estado -Carlos Granados- a la cabeza, "se atiene a los principios constitucionales de imparcialidad y legalidad... y al de serenidad".
El abogado José María Mohedano -que ya en 1980, nueve años antes de ser diputado socialista, advirtió contra el gobierno de los jueces- acusa de la judicialización tanto a los jueces como a los responsables políticos. Y a propósito de las acusaciones contra Garzón vertidas por Sancristóbal, Mohedano estima que "el derecho de defensa es el más ilimitado y el más sagrado de todos los derechos y ampara todas las argumentaciones de quien está acusado". Añade que, "además, cuando las acusaciones se trasladan al foro de la opinión pública, la defensa también se debe hacer en el campo de la imagen pública".
En cambio, el catedrático de Derecho Penal Francisco Muñoz-Conde no comparte que el derecho de defensa sea ilimitado, "sobre todo cuando, como en este caso, no se ejerce la defensa, sino la acusación y puede incurrirse en denuncia falsa". Para Muñoz-Conde, la judicialización de la política "indica la crisis del sistema parlamentario y de los controles políticos en la democracia". En el caso concreto de Garzón, considera que en el poder "hay mucha hipocresía, porque se pretende desactivar al mismo juez al que llamaron para número dos de la lista electoral". En todo caso, Muñoz-Conde no se muestra optimista sobre la labor de los jueces. Recuerda que "en la República de Weimar los jueces absolvían a Hitler y condenaban a los sindicalistas, hasta el punto de que el pueblo perdía la confianza en ellos".
Entre Sión y Damasco.
Mohedano ahonda en que "el gobierno de los jueces se produce", dice, "cuando demasiados políticos, de todos los partidos sin excepción, pervierten o rehúyen desde hace muchos años el debate polítice, y se van al juzgado, como el que coge el camino de Sión, y cuando demasiados jueces toman partido en las confrontaciones políticas, como el que coge el camino de Damasco". En otro símil, ahora futbolístico, Mohedano considera que "habría que sacar tarjeta roja a los políticos que presentan más de (los querellas en una legislatura y a los que cambian la toga por el escaño".
Por su parte, el magistrado Joaquín Navarro Estevan, ex senador constituyente y ex diputado socialista, se expresa así. "No creo que nadie exterior a la política haya pretendido judicializar la sino que la política se ha judicializado a sí misma. No conozco a ningún juez que haya participado directa o indirectamente en la perversa realidad de que la información económica se haya convertido en una crónica de escándalos y la información política en una crónica de tribunales".
El juez Navarro considera que "llega un momento en que los Políticos deberían reflexionar sobre la afirmación de don Isidoro Parodi de que algunos debieran querellarse contra la realidad, porque es la realidad la que les acusa".
"Que no se escandalice nadie ante la ferocidad de la defensa de nadie"
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pascual Sala (Valencia, 1935), se pronuncia contra actuaciones judiciales "regeneradoras o salvapatrias". En declaraciones a EL PAÍS, posteriores a la difusión por TVE de la entrevista a Julián Sancristóbal, Sala advirtió: "Que no se escandalice nadie ante la ferocidad de la defensa de nadie".Sala considera que los jueces deben acostumbrarse a ser criticados, "aunque lo hagan bien" y estima que "lo mismo que el juez cumple la ley cuando ordena una medida tan severa como el ingreso en prisión, el inculpado hace bien en defenderse".
Sala considera que el inculpado tiene derecho a la protección "incluso frente a la apariencia de indefensión".
En unas recientes declaraciones sobre la función judicial, el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, dijo que "los jueces deben pasar por una prueba democrática", con lo que completó lo afirmado días antes a la SER: "Por haber, ganado una oposición son dueños de vidas y haciendas y hacen interpretaciones diferentes de la legalidad". Sala admite que "el juez carece de legitimación, en cuanto se sale de la ley y la Constitución". Frente a "los criterios múltiples y dispares de los jueces, el Tribunal Supremo es el que puede embridarlos a todos, y de ahí", señaló, "la importancia de no devaluar a este tribunal, sino potenciarlo".
El presidente del CGPJ y del Supremo. entiende acorde con "un correcto funcionamiento del Estado de derecho la impugnación ante los tribunales de las actuaciones contrarias a derecho, pero cosa bien distinta es", matiza, "utilizar los recursos jurisdiccionales como pretexto para acosar al Ejecutivo y beneficiarse de la correspondiente proyección informativa, a menudo organizada con todo detalle". Sala estima que tales episodios, "más frecuentes de lo deseable, revelan poco respeto por el poder judicial y un evidente propósito de instrumentalizarlo".
Sala es contrario a la teoría de los vacíos institucionales a llenar por los jueces y cree no necesaria "ninguna suplencia, porque cada uno de los poderes está cumpliendo con su cometido". Considera que la independencia del poder judicial exige que "desde los otros poderes y desde la sociedad no se presione a los jueces y que éstos no sólo rechacen las intromisiones ajenas en el ámbito de la jurisdicción, sino también venzan los llamamientos o los impulsos a salirse del estricto ejercicio de esa potestad".
"La capacidad brutal de defensa de los políticos puede resultar ilegítima"
Clemente Auger (Madrid, 1933), presidente de la Audiencia Nacional -en donde se tramita la mayoría de los casos judiciales politizados-, reflexiona sobre el hecho de que "las élites financieras y políticas descubran ahora las garantías". Sobre los políticos, declara que su "capacidad de defensa es brutal y puede resultar ilegítima". Explica que "cuentan con acceso a los medios de comunicación y vinculación con otros poderes".Auger razona así: "Hay 45.000 personas en la cárcel [de ellas, unas 11.000 a la espera de juicio] y de eso nadie habla, mientras que sí parece relevante que algunos miembros de las élites financieras y políticas estén sometidos al proceso penal, hecho inédito en la historia de España, Francia e Italia".
La novedad del fenómeno hace que los jueces que han de investigar a estos ciudadanos, insólitamente perseguidos por el sistema penal, carezcan todavía de "cánones asentados de práctica judicial, aparte de la ley y la adaptación a la realidad social que el Código Civil impone".
En el caso de las élites financieras, "es difícil ajustar las conductas a los delitos tipificados, ya que se interponen multitud de sociedades y actividades mercantiles lícitas y los imputados son personas con conocimientos y asistencia técnica sensacional". Y en el caso de los políticos, se trata de "personas con un poder de reclamación espectacular, sin topes".
El presidente de la Audiencia Nacional analiza la entrada en el derecho penal de estos personajes a causa de la corriente que tras la guerra mundial , "juridificó extremadamente las nuevas Constituciones, que, como la española, tratan de defender la vida privada a la vez que someter a la ley lo público". Auger añade: "Eso no llevó automáticamente a que los comportamientos del poder fueran legales, y de ahí que el Tribunal Constitucional, máximo exponente de esa juridicidad, entre en el debate político. El poder se instala en la ilegalidad, como siempre, y cuando ya no puede mantener la. contradicción, intervienen los jueces, que lo hacen bien o mal, porque las posibilidades de error, son mayores que en el proceso contra un navajero, aunque al final el sistema judicial expulsa los errores".
Auger reconoce los daños personales que producen estos procesos penales y la conveniencia de reconsiderar los poderes de los jueces de instrucción, pero "que sepan las élites", dice, "que todo ciudadano sufre cuando declara ante el juez, no sólo ellos, que, desde luego, no están peor defendidos que los otros 45.000 reclusos".
En cuanto al secreto sumarial, recuerda que la Constitución lo configura restrictivamente, al establecer como regla general que "las actuaciones judiciales serán públicas". En todo caso, el presidente de la Audiencia Nacional cree "no desdeñables las quejas de los hombres públicos, si se aprovechan para mejorar las garantías de todos".