La falta de acuerdo impide alcanzar el quórum para celebrar la Junta de obligacionistas de Grand Tibidabo

La Junta de obligacionistas de Grand Tibidabo no pudo celebrarse ayer al no estar presente los dos tercios necesarios para alcanzar el quórum marcado por la ley. El porcentaje de asistentes fue del 58%, 8 puntos por debajo del mínimo legal.La falta de quórum se debió, según han asegurado varias fuentes a este diario, a la falta de acuerdo entre un importante grupo de tenedores de obligaciones y los administradores de Grand Tibidabo. Entre los más importantes titulares de obligaciones de Grand Tibidabo se encuentra el empresario Enrique Sarasola, quien posee 715 millones de pesetas a través de ...

La Junta de obligacionistas de Grand Tibidabo no pudo celebrarse ayer al no estar presente los dos tercios necesarios para alcanzar el quórum marcado por la ley. El porcentaje de asistentes fue del 58%, 8 puntos por debajo del mínimo legal.La falta de quórum se debió, según han asegurado varias fuentes a este diario, a la falta de acuerdo entre un importante grupo de tenedores de obligaciones y los administradores de Grand Tibidabo. Entre los más importantes titulares de obligaciones de Grand Tibidabo se encuentra el empresario Enrique Sarasola, quien posee 715 millones de pesetas a través de las sociedades Ibermer y Cuetinsa. La adquisición de estos títulos está relacionada con la compra venta del 2 1 % de la sociedad Cinepaq, dedicada a la distribución de películas.

Grand Tibidabo emitió 6.700 millones de obligaciones convertibles en acciones en diciembre de 1991. El pago de los intereses semestrales de estas obligaciones es ahora imposible ya que Grand Tibidabo, apenas posee liquidez.

Para evitar que alguno de estos obligacionistas pueda instar la quiebra de la sociedad al no cobrar los intereses correspondientes, el 9 de diciembre próximo, -el mismo día en que, se celebrará en segunda convocatoria la junta de obligacionistas- el consejo de Grand Tibidabo ha elaborado una propuesta de rebaja de los tipos de interés cobrados por los créditos, el aplazamiento de todos los pagos hasta diciembre de 1995 y ofrecer los terrenos que la sociedad posee en Guadalmina como garantía de los mencionados títulos.

Por otra parte, el magistrado Joaquín Aguirre, encargado de la investigación del caso De la Rosa, prorrogará el secreto de las actuaciones que expira mañana, según informaron fuentes cercanas al caso. Los mismos informantes precisaron que posiblemente no se agote el plazo de un mes, tiempo estipulado legalmente.