PNV e IU quieren que intervenga el Estado

La pasada semana, todos los partidos políticos han polemizado sobre la necesidad de que los etarras beneficiados por el tercer grado penitenciario paguen o no las indemnizaciones recogidas en sus respectivas sentencias. Ha sido un episodio más de la agria polémica sobre la reinserción que ha dejado solo al Partido Popular (PP) frente al resto de los partido firmantes del pacto de Ajuria Enea.Xabier Arzalluz, presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), cree que ir detrás de los reinsertados para que paguen las indemnizaciones entorpece el proceso y cuestiona la diferenciación entre delitos...

La pasada semana, todos los partidos políticos han polemizado sobre la necesidad de que los etarras beneficiados por el tercer grado penitenciario paguen o no las indemnizaciones recogidas en sus respectivas sentencias. Ha sido un episodio más de la agria polémica sobre la reinserción que ha dejado solo al Partido Popular (PP) frente al resto de los partido firmantes del pacto de Ajuria Enea.Xabier Arzalluz, presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), cree que ir detrás de los reinsertados para que paguen las indemnizaciones entorpece el proceso y cuestiona la diferenciación entre delitos terroristas y no terroristas en lo que al pago de indemnizaciones se refiere. Un comentario calificado de "error jurídico" por el letrado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Pedro Cerracín.

Eusko Alkartasuna (EA), Izquierda Unida QU) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) apoyan tácita o explícitamente que sea el Estado el que se haga cargo, a través de un fondo de garantía, del pago a las víctimas por delitos violentos. Pero todos los grupos políticos han criticado la "utilización" que desde el Partido Popular (PP), que preside José María Aznar, se ha hecho de este tema.

Incluso el abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Pedro Cerracín, rechaza la utilización política de un tema que es exclusivamente "jurídico y técnico".

El Partido Nacionalista Vasco ya ha anunciado su apoyo a la propuesta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo para que el Congreso apruebe una proposición de ley que garantice las indemnizaciones a las personas afectadas por atentados.

La ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, matizó recientemente que la primera dificultad estriba en que difícilmente se pueda discriminar entre las víctimas del terrorismo y las de otros delitos violentos.