El Gobierno aprobó ayer la ley eléctrica, que quiere fomentar la competencia y mantener una tarifa reducida
El. proyecto de ley de ordenación del sistema eléctrico, el primer texto legal que regula este sector en su totalidad, obtuvo ayer el visto bueno del Consejo de Ministros. Esta ley, que ha atravesado una larga caminata desde su primera aprobación en abril del pasado año hasta el respaldo que recibió ayer por el Ejecutivo, trata de fomentar la competencia entre empresas y de mantener una tarifa reducida para todo el país. "El proyecto responde al objetivo de garantizar energía eléctrica al menor coste posible", según un comunicado del ministerio de la Presidencia. También da participación a las...
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El. proyecto de ley de ordenación del sistema eléctrico, el primer texto legal que regula este sector en su totalidad, obtuvo ayer el visto bueno del Consejo de Ministros. Esta ley, que ha atravesado una larga caminata desde su primera aprobación en abril del pasado año hasta el respaldo que recibió ayer por el Ejecutivo, trata de fomentar la competencia entre empresas y de mantener una tarifa reducida para todo el país. "El proyecto responde al objetivo de garantizar energía eléctrica al menor coste posible", según un comunicado del ministerio de la Presidencia. También da participación a las comunidades autónomas.El texto, que ahora pasa al Parlamento para su aprobación, reconoce, no obstante, la posibilidad de que haya productores que viertan su producción a un sistema independiente, y puedan vender directamente a los consumidores sin estar sujetos a la tarifa del sistema integral. La tarifa de ese sistema independiente será pactada entre las partes.
La ley paraliza definitivamente las centrales nucleares que estaban en moratoria (Lemóniz, Trillo 2 y Valdecaballeros).
El Gobierno reconoce una deuda de algo más de 700.000 millones de pesetas, por lo que será costeada vía tarifa. La ley garantiza que se recuperará 69.000 millones este año con un crecimiento del 2% anual. El tope máximo de recuperación es de 25 años.
La ley obliga a que las compañías separen sus negocios de generación y de distribución antes del año 2000. Se trata de que sólo vayan a tarifas los costes que incurran en la producción específicamente.