Los insumisos no irán a la cárcel, pero podrán ser inahabilitados 14 años

El Gobierno cuenta ya con un proyecto de Código Penal que intenta tapar los resquicios legales que hasta ahora han podido usar los corruptos. Pero no sólo la corrupción es el objetivo de las novedades del proyecto que tiene preparado el Ejecutivo. Otros puntos igualmente signficativos nacen referencia a la elevación de la edad penal hasta los 18 años y la eliminación de la pena de cárcel para los insumisos, que, sin embargo, podrán sufrir penas de inhabilitación de entre 10 y 14 años.

Entre las novedades más significativas del texto presentado ayer por el nuevo titular de Justicia e In...

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte

El Gobierno cuenta ya con un proyecto de Código Penal que intenta tapar los resquicios legales que hasta ahora han podido usar los corruptos. Pero no sólo la corrupción es el objetivo de las novedades del proyecto que tiene preparado el Ejecutivo. Otros puntos igualmente signficativos nacen referencia a la elevación de la edad penal hasta los 18 años y la eliminación de la pena de cárcel para los insumisos, que, sin embargo, podrán sufrir penas de inhabilitación de entre 10 y 14 años.

Entre las novedades más significativas del texto presentado ayer por el nuevo titular de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch figura la creación de un nuevo delito castigado con cárcel para los funcionarios que utilicen bienes públicos para provecho personal y la posibilidad de premiar el arrepentimiento en los delitos de corrupción.El proyecto de Código Penal trata de asegurar el cumplimiento efectivo de las condenas para los terroristas y narcotraficantes y propone una nueva tipificación de los delitos contra la libertad sexual. El cambio, calificado de "revolucionario" por el ministro Belloch, supone la eliminación del término violación, que se sustituye por los delitos de agresión sexual y abuso sexual, que castiga todas las conductas vejatorias para las mujeres.

El proyecto castiga con penas de hasta seis años de cárcel y de inhabilitación a las autoridades o funcionarios que sometieren a la persona que tengan a su cargo "a condiciones o procedimientos que le intimiden o violenten su voluntad o, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral".

Página 15

Archivado En