La libertad sin fianza del padre de Carlos Sainz provoca el rechazo de algunos jueces de Madrid
Si hubiera sido otro juez el que estuviese de guardia en la madrugada del pasado sábado, Antonio Sainz Rebollo, de 67 años y padre del campeón español de rallies, probablemente habría pisado la cárcel o pagado una fianza después de matar al angoleño Samuel Chiabuto. EL PAÍS habló ayer con 13 jueces de instrucción, de los 46 que hay en Madrid. El sentir de estos magistrados es que el instructor del caso, José María Fernández, debió exigirle al menos una fianza antes de dejarle volver a su chalé. Varias asociaciones de inmigrantes han expresado su malestar por esta circunstancia.
La mayor...
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Si hubiera sido otro juez el que estuviese de guardia en la madrugada del pasado sábado, Antonio Sainz Rebollo, de 67 años y padre del campeón español de rallies, probablemente habría pisado la cárcel o pagado una fianza después de matar al angoleño Samuel Chiabuto. EL PAÍS habló ayer con 13 jueces de instrucción, de los 46 que hay en Madrid. El sentir de estos magistrados es que el instructor del caso, José María Fernández, debió exigirle al menos una fianza antes de dejarle volver a su chalé. Varias asociaciones de inmigrantes han expresado su malestar por esta circunstancia.
La mayoría de los jueces consultados coincide con la postura que ha tomado sobre este caso la fiscalía de Madrid, que ha pedido el ingreso en Carabanchel de Sainz si no paga una fianza de 10 millones.Sainz disparó ese sábado en la cabeza a un tironero angoleño que acababa de robar el bolso a su esposa en la calle de O'Donnell. El fallecido fue identificado como Samuel Chiabuto, de 27 años, de nacionalidad angoleña.
Si es correcta la versión de que, tras el tirón del bolso, Antonio Sainz sacó una pistola, efectuó dos disparos al aire y un tercero que dio en la cabeza de la víctima cuando huía, por la espalda, "estamos ante un homicidio clarísimo", subraya un magistrado. "Yo le habría metido en la cárcel, al menos hasta que hubiese pagado la fianza".
"Medio desproporcionado"
Los jueces consultados prefieren mantener su anonimato, pero en general defienden que Sainz empleó un medio totalmente "desproporcionado" contra el tironero, cuyo cadáver lleva cinco días en los depósitos del Instituto Anatómico Forense de Madrid. La Embajada de Angola en España no se hará cargo del cuerpo del tironero hasta que se confirme su nacionalidad, ya que hasta el momento sólo se tiene constancia de que utilizaba varias identidades y nacionalidades, informa Europa Press.
De los 13 jueces consultados, dos de los magistrados no quisieron pronunciarse sobre la decisión de su colega y otros dos la apoyaron. "Sus motivos habrá tenido", explicó uno. Pero critican, en cambio, que dejase a Sainz en libertad y especulan con el hecho de que la víctima fuera de raza negra y tuviese antecedentes. "En absoluto creo que haya un móvil racista", sentencian otros.
El juez José María Fernández rehusó ayer hacer declaraciones al respecto y evitó pronunciarse sobre la petición de la fiscalía de Madrid. "Estoy trabajando y no deseo decir nada", explicó a EL PAÍS.
Toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario en sentencia firme. Por eso, hasta que se celebre el juicio, la ley faculta al juez para que decrete su libertad si entiende que el sujeto no va a eludir la acción de la justicia. "En este caso imagino que el juez le dejó en libertad por entender que se trataba de una persona de conocido arraigo en Madrid; pero, incluso así, debió imponerle una fianza", apostilla un magistrado.
Otro juez sí aprecia tintes clasistas en esta actuación. "Si quien efectúa el disparo es el africano, o un delincuente habitual que vive en Los Focos, seguro que habría entrado en la cárcel", entiende un juez. "La condición social del sujeto, sus medios económicos, su arraigo.... influyen a la hora de decidir si se le deja libre o no".
Un caso análogo al de Antonio Sainz, pero con distintas connotaciones, acaeció en una céntrica joyería de Madrid en octubre de 1991. La dueña de la joyería mató a uno de los atracadores, que portaban armas, cuando huía con el botín. En ese caso, la juez dejó a la joyera en libertad, pero previo pago de una fianza de 500.000 pesetas. El juicio aún no se ha celebrado. En diciembre de 1984, el dueño del restaurante Gure Etxea, que tenía licencia de armas, mató por la espalda a un atracador, y el juez ordenó su ingreso en prisión provisional. Finalmente fue absuelto en enero de 1988 por haber actuado en legítima defensa.