Los jueces vascos rechazan las acusaciones de "falta de firmeza" en las agresiones a 'ertzainas'
Las autoridades judiciales vascas calificaron ayer de "desafortunadas, injustas e inexactas" las declaraciones del viceconsejero de Interior del Gobierno vasco, José Miguel Martiarena, sobre una supuesta "falta de firmeza" judicial frente a las agresiones callejeras a miembros de la Ertzaintza [policía vasca]. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Bautista Pardo, calificó de "equívoco" el mensaje lanzado por Martiarena. Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, declinó pronunciarse sobre el conflicto.
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Las autoridades judiciales vascas calificaron ayer de "desafortunadas, injustas e inexactas" las declaraciones del viceconsejero de Interior del Gobierno vasco, José Miguel Martiarena, sobre una supuesta "falta de firmeza" judicial frente a las agresiones callejeras a miembros de la Ertzaintza [policía vasca]. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Bautista Pardo, calificó de "equívoco" el mensaje lanzado por Martiarena. Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, declinó pronunciarse sobre el conflicto.
Preguntado por este periódico sobre las acusaciones contra los jueces que ejercen su función en el País Vasco, el ministro de Justicia declaró ayer: "En ningún caso criticaré ni elogiaré las resoluciones judiciales". Al recordársele su conocimiento personal del asunto, dada su condición profesional de juez que ha trabajado durante años en el País Vasco, Belloch insistió en su decisión "repetidamente manifestada, de no opinar sobre decisiones judiciales mientras sea ministro de Justicia".Desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Antonio Zarzalejos, vocal de guardia, señaló que "el problema es de criterio judicial y de que los hechos sean calificados como delito o como mera falta". Zarzalejos, fiscal de profesión, aseguró que "no existe noticia de lenidad por parte de los jueces, aunque el vídeo divulgado sacude la conciencia de quien lo ve".Pardo, máxima autoridad judicial del País Vasco, declaró ayer que Martiarena lanzó un mensaje equívoco, al unir la petición de sentencias ejemplarizantes contra los agresores de la Ertzairitza con la difusión de imágenes que recogen una brutal paliza a un agente de la policia autónoma, informa desde Bilbao Eva Larrauri. Pardo recordó que no se habían registra do con anterioridad agresiones tan graves como las recogidas en el vídeo difundido por Martiarena y subrayó que "en modo alguno se puede deducir que hechos de esta trascendencia hayan sido resueltos con una simple multa".
Las pruebas, decisivas
El presidente del tribunal vasco aseguró que la mayoría de las denuncias por agresiones a la Ertzainzta se enjuician como delito, pero que en el momento del juicio pueden pasar a la calificación de falta en función de las pruebas practicadas. A la vista de las imágenes de la agresión contra un ertzaintza por parte de 26 personas, el magistrado considera que la acción puede ser calificada como "un delito de atentado contra la autoridad".El presidente de la Audiencia de Bilbao, Joaquín Giménez, ha tachado de "desafortunadas, injustas e inexactas" las declaraciones de Martiarena por cuanto que "esta es la primera ocasión en la que se muestra con una prueba tan rotunda la agresión a un agente de la Ertzaintza".
Giménez recuerda que siendo presidente de la Audiencia donostiarra fue ponente de una sentencia que condenó a una persona a un mes y un día de prisión por llamar "hijo puta" a un ertzaina y el procesado ingresó en la cárcel. El presidente de la Audiencia de Bilbao no. ocultó su malestar por las manifestaciones del viceconsejero vasco. "Me recuerdan", dijo, "otros discursos conocidos, polémicas anteriores con otros estamentos como el Ministerio de Interior". Como Pardo, Giménez estima que la misión del juez es dictar sentencias justas, no ejemplares.
El presidente de la Audiencia de San Sebastián, Juan Bautista Cremades, mostró su extrañeza por las manifestaciones de Martiarena. "Se ha juzgado y sentenciado un caso sin que todavía haya intervenido la autoridad judicial", dijo. Y agregó: "No parece lógico que con la brutalidad que se muestra en unas imágenes se intente implicar a los jueces y exigir por ello que sean duros. Los jueces lo que tenemos que hacer es cumplir la ley y si no se está de acuerdo con ella los que tienen poder de cambiarla son los políticos". Similar declaración-hizo el presidente en funciones del la Audiencia de Vitoria, Francisco Picazo.
Joaquín Navarro Estevan, magistrado de la Audiencia de Madrid que trabajó en el País Vasco, manifestó: "Creo que se trata de una imputación sin fundamento. Puede que se haya producido alguna infravaloración de actuaciones radicales contra la Ertzaintza, pero estoy seguro de que no se trata de una actitud judicial sistemática. Es injusto generalizar, como lo era cuando se acusaba a los jueces vascos de no tener suficiente celo en la investigación de torturas. Quizás es un intento de presión del Gobierno vasco para que los jueces sean más duros".En los incidentes de las últimas fiestas de Bilbo, San Sebastián y Azkoitia (Guipúzcoa), la Policía Vasca ha detenido a 49 personas y tres más se han presentado voluntarias en la comisaría de la Ertzaintza de Rentería (Guipúzcoa) y en el juzgado de San Sebastián para declarar su participación en los sucesos de La Salve el 14 de agosto. En los tres casos los jóvenes se presentaron ante las autoridades acompañados de abogado y todos ellos están en libertad provisional, excepto Camarero López.
En la diferencia de calificación de los hechos tiene gran iniervención el Ministerio Fiscal, según fuentes jurídicas.
Hasta 12 años de cárcel
El Código Penal tipifica el delito consistente en el empleo de fuerza contra los agentes de la autoridad "cuando se hallaren ejerciendo las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas" con penas de hasta 12 años de cárcel cuando "el culpable pusiere manos en la autoridad".En cambio, si los hechos son calificados como falta, la pena es de multa de 5.000 a 25.000 pesetas. El artículo 570 del Código Penal prevé tal castigo para "los que ofendieren de modo leve a los agentes de la autoridad, cuando ejerzan sus funciones y los que, en el mismo caso, les desobedecieren".
El Código Penal italiano castiga con pena de tres meses a tres años de cárcel la llamada 1esión personal agravada" (es decir, los casos en que se producen heridas o se requiere asistencia hospitalaria) a un funcionario público, que, en caso de ser policía, supone automáticamente también la aplicación del artículo 71, que permite elevar la pena hasta un tercio, con lo que la cárcel puede llegar a cuatro años.
En este caso no hay compensación económica. Si la agresión se limita a golpes o puñetazos, pero sin heridas, la pena que impone el código italiano, en su artículo 581, es la de reclusión de 15 días a 6 meses más una multa máxima de 600.000 liras (unas 53.000 pesetas), además de añadirse el agravante del tercio de la pena si se trata de un policía, con lo que puede llegar a ocho meses de cárcel y 800.000 liras de multa, informa desde Roma Karmentxu Marín.
La legislación de Reino Unido prevé una pena máxima de 6 meses de prisión por agresión a un policía. Si el policía sufre daño físico, la pena será de cinco años.
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