La caza del autobús pirata
Los afectados por el accidente de Torreblanca, pendiente aún de juicio, denuncian la tolerancia con el tráfico clandestino de viajeros
Siguen jugando a policías y ladrones. Y en estos días, más. El aniversario del accidente de Torreblanca remueve hoy el triste recuerdo de las 46 vidas segadas por el vuelco de un autobús dedicado al tráfico clandestino de pasajeros.
Mossos d'Esquadra (1.758 autocares inspeccionados, 568 denunciados y 42 inmovilizados en un año), inspectores del Ministerio de Transportes y la Junta de Andalucía refuerzan ahora la persecución de autobuses sin licencia. Unos llaman a las televisiones locales para que se vea la captura infraganti de un autobús pirata en la autopista A-7, en la salida de...
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Siguen jugando a policías y ladrones. Y en estos días, más. El aniversario del accidente de Torreblanca remueve hoy el triste recuerdo de las 46 vidas segadas por el vuelco de un autobús dedicado al tráfico clandestino de pasajeros.
Mossos d'Esquadra (1.758 autocares inspeccionados, 568 denunciados y 42 inmovilizados en un año), inspectores del Ministerio de Transportes y la Junta de Andalucía refuerzan ahora la persecución de autobuses sin licencia. Unos llaman a las televisiones locales para que se vea la captura infraganti de un autobús pirata en la autopista A-7, en la salida de Barcelona. La Junta de Andalucía facilita su balance de capturas: en lo que va (le año, 10 autobuses y, además, se investiga a otros 52.
El Ministerio de Transportes monta una operación de inspección intensiva para perseguir a los autocares piratas. En el corredor Andalucía-Cataluña han cazado a 15. Algunos van precedidos por un coche con radiotélefono que les avisa sobre la presencia de la Guardia Civil para que cambien de ruta.
La guerra de policías y ladrones se intensifica en estas fechas de triste recuerdo para los damnificados del accidente de Torreblanca. Un accidente que puso en evidencia la magnitud del tráfico clandestino de pasajeros y la fragilidad de los autobuses que , al menor vuelco, convierten en amasijos sus espectaculares chasis.
El reparto de competencias entre el Estado y las autonomías en el control de las líneas piratas impide cuantificar su volumen. Arrancaron en los años setenta, cuando el empuje de la emigración interior instaló en Cataluña y el País Vasco a millares de emigrantes procedentes de Extremadura, Galicia y Andalucía. Al llegar las navidades o el verano, muchos de ellos sufrían un calvario para volver a su origen en transportes públicos.
Al amparo de estas deficiencias brotaron centenares de empresas clandestinas, dispuestas a efectuar traslados puerta a puerta, sin límite de equipajes y horarios, y sin medidas de seguridad. Los titulares de concesiones para líneas regulares se han hartado de denunciarlas. Con poco éxito. Los piratas ofrecen ahora un servicio confortable, barato y cómodo. Los clientes estaban encantados. En algunas estaciones oficiales continúan recibiendo cobijo como si fueran legales.
El pasado jueves, la policía municipal de Granada fue requerida por un inspector de Transportes, de incógnito en el autobús pirata GR-5134-P, para que lo inmovilizaran en pleno centro de la ciudad. Hace un par de meses los pasajeros de un autobús cortaron el tráfico en la carretera de Almaciles a Puebla de Don Fadrique en la comarca de Baza (Granada). Se amotinaron para forzar a la Guardia Civil a que les dejara continuar el viaje a bordo de su vehículo pirata. No querían trasladarse a otro dispuesto por Transportes.
La ausencia de transporte alternativo legal convierte en cómplices ocasionales a viajeros y transportistas clandestinos. "Éstos se crecen porque los viajeros los apoyan. Se escudan en que prestan un servicio público, pero no es cierto", afirma el jefe de Inspección del Ministerio de Transportes, Alfonso Sánchez. "Sólo circulan cuando hay viajeros y pueden hacer dinero. No les importa las multas ni la inmovilización de sus vehículos. Los compran en leasing [alquiler con derecho a compra], y si se les precintan, se olvidan de él".
Hasta el accidente de Torreblanca campaban a sus anchas. Las reiteradas denuncias de la Asociación de Afectados de Torreblanca han puesto en evidencia la tolerancia con el tráfico clandestino y sus deficientes sistemas de seguridad, informa
José María Terroba Ruiz, padre de una de las víctimas, ha decidido dedicarse a combatirlos y presionar a la Administración para que adelante la obligatoriedad de que todos los autocares vayan provistos de un chasis antivuelco reforzado. Dos de las principales empresas carroceras españolas, Irízar e Hispano Carrocera, han homologado sus modelos con el reglamento 66 de la ONU sobre superestructura, pero no será obligatoria para los vehículos de nueva matriculación hasta junio de 1994.
Transportes estudia autorizar a líneas regulares a ejecutar paradas no previstas hasta ahora entre Andalucía y Barcelona. También ha dado vía libre a rutas nuevas y se ha aumentado su frecuencia con un menor precio . "Había un mercado para el tráfico clandestino. El servicio regular era deficiente", admite el jefe de Inspección de Transportes.