Un tribunal militar considera que las 'cajas b' en el Ejército no son delito
El Tribunal Militar Central ha absuelto a cinco mandos que gestionaron los llamados fondos particulares, una especie de cajas b contables, en el antiguo Parque de Artillería de Valencia. La sentencia considera probado que los acusados controlaron cuentas que escaparon a la fiscalización oficial, pero añade que no ha sido acreditado que esas maquinaciones pusieran en "grave peligro el servicio", tal como exige el Código Penal Militar.
Los coroneles Herminio Tortajada, Ramón Montalbán y Faustino Escobar; el teniente coronel Fernando Auñón, y el capitán José Oliver fueron juzgad...
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El Tribunal Militar Central ha absuelto a cinco mandos que gestionaron los llamados fondos particulares, una especie de cajas b contables, en el antiguo Parque de Artillería de Valencia. La sentencia considera probado que los acusados controlaron cuentas que escaparon a la fiscalización oficial, pero añade que no ha sido acreditado que esas maquinaciones pusieran en "grave peligro el servicio", tal como exige el Código Penal Militar.
Los coroneles Herminio Tortajada, Ramón Montalbán y Faustino Escobar; el teniente coronel Fernando Auñón, y el capitán José Oliver fueron juzgados la semana pasada en el Cuartel General de la Armada. El fiscal solicitó para ellos penas que oscilaban entre los ocho y los cuatro meses. Las defensas reclamaron la absolución por estimar que la existencia de contabilidades paralelas en el Ejército ha sido habitual durante años.
Los fondos paralelos se nutrían, entre otras modalidades, de la venta de material de desecho y de la contabilización de ranchos de la tropa como consumidos, cuando realmente los soldados estaban de permiso. El dinero obtenido se invertía en gastos urgentes no presupuestados y en actos protocolarios. El coronel Tortajada llegó a controlar cuentas bancarias con un saldo conjunto de más de 18 millones.
Sistema obsoleto
La absolución de Herminio Tortajada se fundamenta en que este coronel ya fue juzgado por hechos similares. Fue condenado a ocho meses de prisión y a pagar 1.470.000 pesetas de multa.La sentencia recuerda que el sistema contable del Ejército estaba obsoleto hasta 1987, año en el se modificó. Los fondos, sin embargo, han seguido funcionando,. como lo demuestra unas diligencias abiertas por tinas irregularidades contables en el Gobierno Militar de Valencia, que fueron archivadas.
Entre las irregularidades probadas durante el juicio está la utilización de soldados para realizar un trabajo que debía ser ejecutado por los operarios de una empresa contratada. La sentencia es recurrible ante el Supremo.