El último naufragio

LOS CADÁVERES de emigrantes magrebíes y centroafricanos ahogados en las aguas del estrecho de Gibraltar se amontonan al pie del muro europeo. Y cada vez de forma más espectacular. No sólo son emigrantes aislados que intentan alcanzar las playas de arribada desde los puntos en que son abandonados, sino abarrotadas pateras las que se van al fondo del mar. El último naufragio ha supuesto la muerte o desaparición de 38 de estos desesperados que buscan en Europa una alternativa a las miserables condiciones de vida que soportan en sus países.El problema está adquiriendo unos perfiles humanos y polít...

LOS CADÁVERES de emigrantes magrebíes y centroafricanos ahogados en las aguas del estrecho de Gibraltar se amontonan al pie del muro europeo. Y cada vez de forma más espectacular. No sólo son emigrantes aislados que intentan alcanzar las playas de arribada desde los puntos en que son abandonados, sino abarrotadas pateras las que se van al fondo del mar. El último naufragio ha supuesto la muerte o desaparición de 38 de estos desesperados que buscan en Europa una alternativa a las miserables condiciones de vida que soportan en sus países.El problema está adquiriendo unos perfiles humanos y políticos preocupantes. ¿Cómo acabar con estatragedia que se desarrolla en el flanco sur comunitario y que enluta las políticas, cada vez más restrictivas, con que Europa pretende defenderse de los flujos migratorios procedentes del centro y norte de África? La obstinación casi suicida de emigrantes que arrostran la travesía del Estrecho muestra que las motivaciones que les empujan son mucho más fuertes que los peligros que corren. Tampoco ningún cordón policial les hará desistir de su empeño. Desde que hace poco más de un año se impuso la exigencia de visado a los emigrantes magrebíes, su flujo no ha disminuido. Ha aumentado el número de detenidos y de muertos en el intento de burlar los controles, pero el grueso de este flujo se mantiene. Es lógico. La raíz del problema está en sus países de origen, y ninguna política restrictiva será capaz, por sí sola, de parar esta avalancha humana que se agolpa a las puertas de Europa. Tampoco en estas circunstancias se podrá impedir que algunos negreros hagan su agosto con la necesidad ajena.

Los países europeos han comenzado a vislumbrar la gravedad de la situación. Francia y España -los más, afectados como principales destinatarios de la avalancha, y como antiguas potencias coloniales en estas zonas- intentan poner en pie políticas complementarias basadas en la colaboración y el desarrollo con los países magrebíes, a fin de resolver la situación en su origen. El seminario ministerial hispano-francés que acaba de celebrarse en Salamanca responde a este objetivo. Pero la cuestión es si a los dirigentes de estos países -dictaduras o autocracias en su mayor parte- les compensa la ayuda y la colaboración ofrecidas frente a las ventajas de desembarazarse de un excedente de población laboral social y políticamente peligroso que, además, ayuda a reducir los déficit de la balanza comercial con las remesas de divisas enviadas a sus familiares.

Acabar con la emigración salvaje que está convirtiendo las aguas del estrecho de Gibraltar en un fosa común es en estos momentos un objetivo político y humanitario de todos los países de la CE. Y aunque ello resulte arduo, tal empresa pasa por vincular a los países magrebíes -y principalmente a Marruecos, lugar de paso, a su vez, de la avalancha que asciende desde los países centroafricanos- a una política común de colaboración y desarrollo. Las propuestas barajadas en el mencionado seminario ministerial hispano-francés son realistas. Alguna de ellas, como la de instaurar una zona de libre cambio de la CE con Marruecos, no haría sino profundizar las especiales relaciones comerciales que de antiguo mantiene este país con Europa en sectores como la pesca y los productos hortícolas. Otras, como el compromiso de los países comunitarios de mejorar las condiciones de vida de los emigrantes magrebíes asentados en la CE -algunas decenas de miles en España y varios centenares de miles en Francia- o el establecimiento de flujos temporales de emigración cada vez que se necesite mano de obra en algún sector productivo determinado, constituyen medidas positivas en el intento de dominar un flujo migratorio lleno de riesgos.

La aplicación flexible de las leyes de emigración, el respeto de los derechos de los emigrantes -incluidos los ilegales- y el control judicial de los procedimientos de expulsión son compatibles con un seguimiento permanente por parte de los gobernantes del fenómeno de la emigración. Cualquier error, o el desbordamiento incontrolado, no haría sino fomentar las corrientes xenófobas que están al acecho. Una vez más, los emigrantes serían las víctimas.