El juez impide que un testigo identifique a los clientes de los menores prostituidos

La presidencia de la Sala Tercera de la Audiencia Provincial zanjó ayer la última oportunidad de que trascendiera la identidad de los clientes de una supuesta red de corrupción de menores en el juicio que se sigue contra siete personas.La acusación solicitó los nombres de los clientes al inspector jefe del Grupo de Menores (Grume) de la Policía Judicial, Emilio Baos, pero el juez declaró improcedente la cuestión y señaló tajante que hay otra causa que investiga a 15 beneficiarios de los servicios de prostitución masculina. Esta investigación fue abierta por el Juzgado de Instrucción número 29 ...

La presidencia de la Sala Tercera de la Audiencia Provincial zanjó ayer la última oportunidad de que trascendiera la identidad de los clientes de una supuesta red de corrupción de menores en el juicio que se sigue contra siete personas.La acusación solicitó los nombres de los clientes al inspector jefe del Grupo de Menores (Grume) de la Policía Judicial, Emilio Baos, pero el juez declaró improcedente la cuestión y señaló tajante que hay otra causa que investiga a 15 beneficiarios de los servicios de prostitución masculina. Esta investigación fue abierta por el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid.

Juan Manuel González, defensor del matrimonio formado por Patrocinio Díaz y Santiago Rayán -para quienes el ministerio fiscal solicita un total de ocho años de prisión-, dijo fuera de la sala que se admite así la existencia de un "juicio paralelo".

Mientras tanto, los cuatro testigos menores de edad que ayer tenían que prestar declaración no acudieron al tribunal.

Sí prestó declaración José Dionisio Simón, padre de Elvira, una de las dos menores que según el fiscal fueron prostituidas por Díaz y Rayán. La joven se escapó de su casa en Palencia en agosto de 1990, y el padre localizó su pista en Madrid, aunque no pudo verla.

El padre de Elvira reconoció ayer, a preguntas de la defensa, que su hija podía haber "fantaseado" al prestar declaración a la policía. A raíz de este testimonio, el abogado defensor del matrimonio Rayán-Díaz solicitará para ambos su inocencia por "una ausencia absoluta de pruebas". Ambos permanecen en prisión desde octubre de 1990.

En esta fecha concluyó la operación policial que condujo hasta el brasileño Carlos Alberto Romaô, uno de los acusados de corrupción y prostitución (delitos por los que el ministerio fiscal reclama para él 33 años de prisión). La intervención de su teléfono llevó a los agentes policiales a la detención de 30 personas y al registro de casi una decena de viviendas.

El inspector jefe del Grume detalló ayer los contenidos de las conversaciones telefónicas intervenidas en la casa de Romaô: se demandaban servicios de prostitución masculina y se pactaban precios y citas, aparte de referir a los clientes otros locales distintos a la agencia de Romaô.

Los menores que han pasado por la sala han reconocido que Carlos Alberto Romaô les captaba, presentaba clientes y después se quedaba con un porcentaje del dinero obtenido del ejercicio de la prostitución.