Peiró, encarcelado por presunta estafa en el BEF, podría afrontar una pena de 20 a 30 años

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que la presunta estafa cometida por Francisco Peiró y Enrique Pastor, antiguos presidente y secretario del consejo del Banco Europeo de Finanzas (BEF) respectivamente, podría acarrear a sus responsables una pena de reclusión mayor (de 20 años y un día a 30 años), según se dice en la denuncia presentada ante el juzgado central de instrucción número 3. El juez Miguel Moreiras, que tomó declaración a los directivos del BEF durante siete horas, fijó sendas fianzas de 500 millones para Peiró y de 50 millones para Pastor como condición para obtener la l...

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que la presunta estafa cometida por Francisco Peiró y Enrique Pastor, antiguos presidente y secretario del consejo del Banco Europeo de Finanzas (BEF) respectivamente, podría acarrear a sus responsables una pena de reclusión mayor (de 20 años y un día a 30 años), según se dice en la denuncia presentada ante el juzgado central de instrucción número 3. El juez Miguel Moreiras, que tomó declaración a los directivos del BEF durante siete horas, fijó sendas fianzas de 500 millones para Peiró y de 50 millones para Pastor como condición para obtener la libertad provisional. Ambos ingresaron en la madrugada del jueves en la prisión de Carabanchel.

La historia del Banco Europeo de Finanzas dio un nuevo vuelco el pasado miércoles, cuando el titular del juzgado central de instrucción número 3, Miguel Moreiras, decretó la prisión provisional comunicada de Francisco Peiró y Enrique Pastor. En una nota facilitada ayer por el citado juzgado, se señalaba que de las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento se desprende que los dos ejecutivos del BEF habrían cometido delitos de estafa y contra el régimen de control de cambios. Indica también que continúan las diligencias para esclarecer otras irregularidades.Fuentes jurídicas indicaron que en los próximos días tendrán que declarar varios consejeros y empleados de la entidad. Los próximos en declarar son el empleado de la oficina central de Madrid, Antonio Tabasco, que había declarado a los inspectores del Banco de España que Peiró retiró toda la, documentación confidencial del banco en la tarde del 1 de octubre; el anterior consejero y ejecutivo de Eurocapital, José del Alcázar, a quién Peiró y Pastor acusan de haber sacado dinero negro fuera de España; y el consejero Álvaro García Lomas, al que citan los inculpados en sus declaraciones.

La denuncia presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional afirma que "en virtud de las inspecciones llevadas a cabo por el Banco de España aparece que se ha producido un desfalco en los fondos del BEF, que pudiera ascender a más de seiscientos millones de pesetas". Esa cifra proviene de los informes presentados por la inspección del banco emisor, según los cuales habrían desaparecido 639 millones de pesetas de una cuenta de la sociedad Arbi (100% de Eurocapital) en el BEF.

Indica también la denuncia que "desde abril de 1991 el BEF ha estado emitiendo pagarés autorizados por la Diputación Foral de Vizcaya, de los cuales un número apreciable de ellos han podido ser localizados en base al criterio de que tienen la numeración FV, sin abonarlos en cuenta en favor de la entidad emisora". La documentación del Banco de España sobre la que se basa la demanda del teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, parece probar que el BEF negoció con pagarés forales sin resguardo oficial por valor cercano a 1.400 millones de pesetas. Ese dinero se destinaba presumiblemente a negocios privados de los implicados o de personas cercanas a ellos.

La Diputación pagará

Ante esta situación, el fiscal considera que la Diputación Foral de Vizcaya "tendrá que resarcir de su importe a los tenedores de buena fé", refiriéndose a aquellos inversores que acudieron al BEF para adquirir pagarés forales y recibieron un resguardo falso de esta entidad. Esta apreciación choca frontalmente con las declaraciones efectuadas por las autoridades de la citada Diputación, que se han negado hasta el momento a pagar cualquier pagaré emitido por el BEF, hasta que no se aclare la situación y se levante la suspensión de pagos.Tras justificar la competencia de la Audiencia Nacional por considerar que "el posible desfalco pueda afectar gravemente a la seguridad del tráfico mercantil y a la economía nacional", la fiscalía concluye que Ios hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de estafa agravado por la cuantía y por la pluralidad de perjudicados, lo que llevaría consigo la preceptiva aplicación de una pena de reclusión mayor". Si el fiscal mantiene este criterio en sus conclusiones, la petición será de 20 años y un día a 30 años de cárcel.

De cualquier forma, la investigación continúa y no se descartan nuevos procesamientos. Fuentes de la Audiencia indicaron ayer que para que el proceso siga adelante con garantías necesitan "la máxima colaboración de los peritos del Banco de España".