El Defensor propone que no se detenga a extranjeros por infracciones administrativas
La memoria de 1990 del defensor del pueblo, Álvaro Gil-Robles, indica que el año pasado aumentaron las "quejas sobre extranjería, quizá por el amplio marco de discrecionalidad que tiene la Administración en esta materia y la inmediata ejecutividad que suele caracterizar las resoluciones adoptadas, sin olvidar la indefensión a veces sobrevenida por desconocer sus derechos". El Defensor recrimina que se detenga e interne a extranjeros por meras infracciones administrativas.
El informe señala diversos bloques de quejas de extranjeros. En el capítulo de visados, el documento señala diversos...
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La memoria de 1990 del defensor del pueblo, Álvaro Gil-Robles, indica que el año pasado aumentaron las "quejas sobre extranjería, quizá por el amplio marco de discrecionalidad que tiene la Administración en esta materia y la inmediata ejecutividad que suele caracterizar las resoluciones adoptadas, sin olvidar la indefensión a veces sobrevenida por desconocer sus derechos". El Defensor recrimina que se detenga e interne a extranjeros por meras infracciones administrativas.
El informe señala diversos bloques de quejas de extranjeros. En el capítulo de visados, el documento señala diversos supuestos de excesivo rigor en tal exigencia. La Delegación del Gobierno de Madrid, tras la intervención de Gil-Robles, desistió de expulsar por carecer de visado a una guineana que llevaba años residiendo en España, con hijos de nacionalidad española.El Defensor solicita en su informe que se concedan permisos de mayor duración para evitar trastornos. La tardanza, que llega a suponer meses, en lograr la documentación requerida por los extranjeros origina una "situación de inseguridad personal, al poder ser detenidas por las fuerzas de seguridad".
Entre las expulsiones supuestamente irregulares, el Defensor aún investiga la de cinco africanos que fueron conducidos en noviembre de 1990 por funcionarios de Las Palmas a un buque panameño. Uno de ellos murió al arrojarse al mar. El informe critica la excesiva propensión a detener e internar a los extranjeros por una mera infracción administrativa por su situación irregular por lo que "reciben en ocasiones un tratamiento reservado a delincuentes". Estas acciones, reclama Gil-Robles, "han de practicarse únicamente cuando el extranjero pueda sustraerse a la acción gubernativa".
[El consejero catalán de Justicia, Agustí Bassols, replicó ayer a Gil-Robles, quien en su informe anual criticó el estado de las prisiones catalanas. Bassols manifestó que Gil-Robles ha llegado a conclusiones "erróneas" porque las visitas a los centros catalanes no las hizo él personalmente, sino "delegados suyos"].