Salud laboral, justificar una ley

Después de varios años de aplazamiento por parte del Gobierno, se pone sobre la mesa de negociación de la propuesta sindical prioritaria (PSP) un proyecto que pretende modernizar nuestra normativa en salud laboral.Nadie duda de la necesidad de una ley de salud laboral. Basta una simple ojeada a las fechas de entrada en vigor de la legislación vigente: el Reglamento de la Medicina de Empresa data de 1959; las concentraciones máximas admisibles de contaminantes en el ambiente de trabajo no se han revisado desde 1961; la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo es de 1971. Por otra ...

Después de varios años de aplazamiento por parte del Gobierno, se pone sobre la mesa de negociación de la propuesta sindical prioritaria (PSP) un proyecto que pretende modernizar nuestra normativa en salud laboral.Nadie duda de la necesidad de una ley de salud laboral. Basta una simple ojeada a las fechas de entrada en vigor de la legislación vigente: el Reglamento de la Medicina de Empresa data de 1959; las concentraciones máximas admisibles de contaminantes en el ambiente de trabajo no se han revisado desde 1961; la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo es de 1971. Por otra parte, nuestra integración en la CE exige una adecuación normativa a la legislación europea.

Coincidencia

Coincidencia absoluta, por tanto, de la patronal, Gobierno y sindicatos en la necesidad de ponerse al día. Esta circunstancia ha podido dar la imagen de que se trata de una negociación fácil, en la que se puede conseguir un amplio acuerdo con rapidez. La realidad, sin embargo, ha hecho aparecer a lo largo de la negociación contradicciones importantes que dificultan ese eventual acuerdo, puesto que el consenso de los sindicatos está en función no sólo de la necesidad de la ley, sino, sobre todo, de su justificación.

El proyecto de ley debe convencer a los sindicatos de que es un marco adecuado para solucionar los graves problemas que dañan la salud de millones de trabajadores en sus puestos de trabajo. Debe ser capaz de afrontar, al menos, los principales problemas estructurales de que adolece la salud laboral en nuestro país.

Un rápido diagnóstico de la situación puede centrarse en tres grandes capítulos:

1. La salud de los trabajadores empeora: incluso con los raquíticos datos oficiales se observa este empeoramiento progresivo. En los últimos dos años, los accidentes de trabajo han aumentado en un 15% (aproximadamente 16.000 accidentes más en 1989 que en 1987: uno de cada cuatro trabajadores).

Enfermedades

Las enfermedades profesionales tradicionales, aunque insuficientemente diagnosticadas, se siguen produciendo: en 1985 se certificaron 285 defunciones por silicosis; las muertes anuales por cáncer profesional se estiman en 3.000. La automatización de los procesos productivos y las nuevas tecnologías están produciendo patologías de desgaste que afectan muy seriamente al bienestar físico y mental y a la calidad de vida de los trabajadores. La encuesta nacional de condiciones de trabajo de 1987 ofrece algunos datos significativos: un 50,4% de los trabajadores no aplican sus capacidades y conocimientos en su trabajo; un 25,1% carecen de autonomía para cualquier decisión sobre su tarea; un 17,8% trabajan a un ritmo excesivo; un 25,6% se quejan de molestias posturales.

2. La salud y seguridad en el trabajo se subordinan a la productividad y el crecimiento económico. La introducción de nuevas tecnologías se hace con criterios puramente productivistas, sin considerar su impacto sobre la salud o el medio ambiente. La precarización del empleo ha significado un aumento en paralelo del riesgo de accidentes.

Hay sistemáticos incumplimientos de la legislación por parte de la patronal, la cual suele negar sistemáticamente información a los trabajadores sobre los riesgos del puesto de trabajo. Las denuncias sobre salud laboral siguen siendo un tema menor para la Inspección de Trabajo, que practica asiduamente el hábito de avisar a la dirección de la empresa del día y hora en que va a ser inspeccionada.

Las mutuas patronales y los servicios médicos de empresa no asumen suficientemente las funciones de prevención que les corresponderían.

3. La tutela de la salud laboral por parte de los poderes públicos es ineficaz. Existe una auténtica dispersión institucional de competencias, repartidas en no menos de seis ministerios, y que afecta especialmente a Trabajo y a Sanidad.

Esta última, la administración sanitaria, sigue haciendo dejación de sus competencias en un claro incumplimiento de la Ley General de Sanidad.

El fracaso de la orientación exclusivamente sancionadora, en detrimento de una auténtica política de prevención basada en el conocimiento de los problemas, está siendo pagado muy caro por los trabajadores.

La falta de una visión integral de la salud laboral está dejando fuera del campo de la seguridad e higiene toda la compleja problemática psicolaboral, que se está convirtiendo paso a paso en dominante en los nuevos procesos productivos.

Formación técnica

No existen buenos programas universitarios de formación técnica de profesionales de prevención laboral.

Frente a esta realidad es donde una ley de salud laboral debe mostrarse útil. Desde nuestro punto de vista, la línea de actuación capaz de cambiar sensiblemente la situación actual descrita pasa por el reconocimiento de que la salud laboral es una responsabilidad del empresario y un derecho del trabajador que debe ser eficazmente tutelado por la Administración.

El apoyo de los sindicatos dependerá, por lo tanto, de que se garantice la aplicación de este principio con políticas que sean globales y, por supuesto, coherentes.