El fiscal mantiene que el juez Cáliz Covaleda ha incurrido en falta muy grave

El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, ha comunicado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su convicción de que el magistrado de la Audiencia dé Granada, José Cáliz Covaleda, ha incurrido en una falta disciplinaria muy grave al prestar asesoramiento jurídico al abogado Ramón Porras.

Porras estaba relacionado, profesionalmente, con una red de narcotraficantes. Sin embargo, al no haberse probado que Cáliz cobrara cantidad alguna por tal servicio, el fiscal, aplicando el principio de presunción de inocencia, no apreció en su conducta materia pena...

El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, ha comunicado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su convicción de que el magistrado de la Audiencia dé Granada, José Cáliz Covaleda, ha incurrido en una falta disciplinaria muy grave al prestar asesoramiento jurídico al abogado Ramón Porras.

Porras estaba relacionado, profesionalmente, con una red de narcotraficantes. Sin embargo, al no haberse probado que Cáliz cobrara cantidad alguna por tal servicio, el fiscal, aplicando el principio de presunción de inocencia, no apreció en su conducta materia penal.En el supuesto de que el CGPJ apreciase la existencia de falta muy grave en la conducta del magistrado, este podría ser sancionado, incluso, con la separación de la carrera judicial.

Las diligencias penales abiertas contra Cáliz Covaleda a petición del fiscal dan por probado que el magistrado asesoró a Ramón Porras en distintas ocasiones y que por tanto incurrió en una de las incompatibilidades establecidas por la ley. En cambio no se deduce del sumario general que se instruye en el juzgado de Loja por la denominada Operación Tajo que el magistrado tuviera alguna relación con los acusados de narcotráfico y depósito de armas.

El fiscal considera que la conducta del magistrado no es perseguible penalmente y tendrá que ser el CGPJ él que decida ahora abrir o no el consecuente expediente disciplinario.

El fiscal también ha enviado una copia parcial de las diligencias contra Cáliz Covaleda al juez decano de Granada para que abra un proceso contra Ramón Porras por un presunto delito de estafa.

El abogado, encarcelado por su presunta vinculación con la Operación Tajo, exigió supuestamente dinero a sus clientes para pagar determinados favores al juez Cáliz Covaleda y a otros funcionarios de la Audiencia no identificados. De momento se desconoce cuál fue el destino de ese dinero, si quedó en propiedad de Porras o si lo cobró algún funcionario público.

Mantener la suspensión

Luis Portero añadió que ha solicitado al CGPJ que no levante la suspensión decretada el pasado mes de julio contra José Cáliz hasta tanto no concluya el trámite del expediente disciplinario. El fiscal señaló que el proceso abierto en el juzgado de Loja "tiene muchas conexiones y va a ser largo" y añadió que la instrucción está aún a mitad de su camino".Portero defendió la actuación de la fiscalía durante todo el proceso en contra de las críticas vertidas en la prensa por el propio Cáliz, para quien su suspensión como magistrado no es constitucional. "Es lógico que cualquier persona se defienda como pueda, pero no considero incorrecta la actuación del fiscal ni la del instructor", dijo.

Portero agregó que en las diligencias ha habido referencias "a jueces", aunque sólo se ha podido determinar recientemente la vinculación de Cáliz.

El magistrado, en cualquier caso, no se incorporará a ninguna Sala de la Audiencia de Granada, ya que le ha sido concedido el traslado a la de Jaén que solicitó antes de que se viera envuelto en el caso.