Otro empresario señala al PNV como beneficiario del fraude de las tragaperras
Alberto Orraca abandonó ayer la Audiencia de Bilbao protegido por la policía, a petición propia. Poco antes este empresario había acusado ante el juez a personas del PNV y a responsables del Gobierno autónomo y de la Diputación de Vizcaya de intervenir en beneficio propio en la concesión fraudulenta de permisos de explotación de tragaperras.
Orraca es el segundo empresario que implica al partido mayoritario de la comunidad vasca como supuesto beneficiario de la venta ilegal de licencias. Según afirma, participó durante 1988 en conversaciones para conseguir centenares de permisos a cambi...
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Alberto Orraca abandonó ayer la Audiencia de Bilbao protegido por la policía, a petición propia. Poco antes este empresario había acusado ante el juez a personas del PNV y a responsables del Gobierno autónomo y de la Diputación de Vizcaya de intervenir en beneficio propio en la concesión fraudulenta de permisos de explotación de tragaperras.
Orraca es el segundo empresario que implica al partido mayoritario de la comunidad vasca como supuesto beneficiario de la venta ilegal de licencias. Según afirma, participó durante 1988 en conversaciones para conseguir centenares de permisos a cambio de una comisión de 250 millones de pesetas. 100 millones serían para los intermediarios y 150 para un testaferro del PNV, a través de la cuenta corriente de un agente inmobiliario.La operación se realizó o al menos algunos pagos, según Orraca, pero él quedó al margen. Como participantes cita a José Joaquín Portuondo, director de Juego del Gobierno vasco, acusado ya ante el juzgado por estafa y cohecho; el director de Hacienda de Vizcaya, Iñaki Goiri; al abogado Antonio Fontán, cuñado del anterior, y Marlano González Aróstegui. Los tres últimos eran quienes reclamaban una comisión personal, según el testigo.
Se trata de las mismas personas señaladas ya ante el juez por Olga López, ant 1 gua socia de otra empresa operadora. Orraca, a su vez, ha sido denunciado por estafa junto a González Arósteguí por otros dos maquineros, José María García y Eduardo Castillo. Ambos se consideran estafados porque después de cerrar un trato para conseguir 150 licencias a cambio de 50 millones de pesetas y de desembolsar cinco m illones, nunca vieron los permisos.
El testigo, según informaron los abogados de la acción popular, apeló a su derecho constitucional a no declarar cuando fue preguntado por una paliza que varios maquineros propinaron a González Arósteguí para tratar de recuperar su dinero.
El testigo aseguró que ha recibido amenazas de muerte y que tiene indicios de la contratación de dos sicarlos de nacionalidad francesa para matarle. Un vehículo policial le acompañó por orden del juez instructor, Ricardo de Prada.
El PNV y su presidente, Xabier Arzalluz, han reiterado en las últimas semanas sus declaraciones de inocencia en el fraude de las tragaperras. Para Arzalluz, se trata de un montaje electoralista.