Recetas de siempre

EN UNAS recientes jornadas organizadas en Madrid por los sectores más conservadores de jueces, fiscales, policías y funcionarios de prisiones, han logrado un cierto eco las propuestas del fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo para un mejor tratamiento legal del terrorismo. El preparado medicinal aderezado por este fiscal, que actuó en el caso Amedo hasta que fue apartado del mismo por no adaptarse estrictamente a las disposiciones de su superior, tiene el mérito de ser de los más completos presentados en sociedad durante los últimos tiempos como remedio del complejo fenómeno ...

EN UNAS recientes jornadas organizadas en Madrid por los sectores más conservadores de jueces, fiscales, policías y funcionarios de prisiones, han logrado un cierto eco las propuestas del fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo para un mejor tratamiento legal del terrorismo. El preparado medicinal aderezado por este fiscal, que actuó en el caso Amedo hasta que fue apartado del mismo por no adaptarse estrictamente a las disposiciones de su superior, tiene el mérito de ser de los más completos presentados en sociedad durante los últimos tiempos como remedio del complejo fenómeno del terrorismo. Pero ninguno de sus componentes tiene nada de original: hace años que han sido descubiertos por los sectores más autor¡-tarios del aparato coercitivo del Estado, y sus asociaciones, sindicatos y representaciones vienen defendiéndolos desde antiguo.Ni en la cuestión de las garantías de policías y guardias civiles comparecientes en procesos penales como testigos, ni en la de la ampliación de los supuestos en que los juicios deberían ser celebrados a puerta cerrada por razones de seguridad del Estado, ni en la del más duro trato legal a los terroristas mediante la suspensión de los beneficios penitenciarios (progresión de grado y redención de penas por estudios y trabajo), el fiscal Gordillo ha dicho nada que no haya sido anunciado con antelación en estos sectores. La letra y la música de este estribillo se reflejan con mayor nitidez si cabe en las conclusiones sobre seguridad ciudadana y problemática policial -retiradas de la circulación con diligencia por el Ministerio del Interior- que fueron aprobadas por un centenar de mandos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil reunidos en diciembre pasado en Torrelodones (Madrid). Ni siquiera su estrambótica propuesta de judicializar las medidas de reinserción de los terroristas, de las que el indulto individual es la más señalada, es totalmente inédita; aquí y allá pueden rastrearse algunos de sus trazos en declaraciones y manifiestos procedentes de estos sectores, aunque bien es verdad que nunca había sido formulada con el desparpajo y la claridad con que lo ha hecho el fiscal Gordillo.

El anonimato de los agentes citados a presencia judicial, bien como testigos, bien como implicados en denuncias, es una vieja reivindicación que se pretende justificar en el contexto de la lucha antiterrorista. La medida, siempre que fuera articulada con vistas a la seguridad personal y no ocultase un propósito de impunidad, no parece descabellada y puede tener fácil inserción en el actual procedimiento penal. La comparecencia del agente sólo ante quien debe reconocerle o su testificación enjuicio de tal modo que no pueda ser visto por el público y el inculpado son medidas que, siempre que no cuestionen el deber de auxilio a la justicia, pueden ser adoptadas en un marco de colaboración institucional. La solución pacífica que se ha dado en el País Vasco a las polémicas ruedas de reconocimiento judicial muestra que en este terreno son posibles fórmulas prácticas de entendimiento.

Lo que constituye un despropósito mayúsculo es la pretensión de poner en manos de los jueces la política de reinserción social de los terroristas, cuyas motivaciones de largo alcance trascienden con mucho el ámbito penal. Dicha política puede o no ser acertada, pero sólo tiene sentido si sirve a los objetivos de seguridad y de pacificación social que el Gobierno de la nación está legitimado para determinar. De la misma manera, suspender los beneficios penitenciarios a los reclusos terroristas metiendo a todos ellos en el mismo saco, desconociendo su conducta y circunstancias personales y midiendo por el mismo rasero a asesinos convictos y a colaboradores, sería una medida que haría las delicias de sus dirigentes: la generalidad de la disposición y su aplicabilidad colectiva ayudarían eficazmente a la cohesión del grupo, imposibilitando cualquier defección, y facilitarían su férreo control por parte de la dirección. Es decir, se conseguiría todo lo contrario de lo que debe perseguir una política antiterrorista eficaz.